Ágora: Las verdades a medias, son mentiras completas – PARTE II

Las verdades a medias, son mentiras completas – PARTE II

Por: Mtro. Emanuel del Toro.

La semana pasada, en una primera entrega titulada “Las verdades a medias, son mentiras completas. – PARTE I”, dediqué la presente editorial a explorar, uno de los puntos neurálgicos de la narrativa política que hoy predomina, la que explica lo modernización política y económica del país durante los años 80’s y 90’s, como una estrategia deliberada del gran capital internacional, por perjudicar los intereses nacionales del Estado mexicano, comprometiendo con ello las perspectivas de desarrollo de quienes menos tienen. En ese sentido, si bien es cierto que tal narrativa goza hoy de excepcional popularidad, –ni que decir, entre aquellos que apoyan acríticamente al actual régimen de Morena y su llamada 4T–, el problema más importante del que dicha narrativa adolece, es que termina infravalorando y/o descociendo la responsabilidad que en la cuestión tuvieron los propios gobiernos nacionales, que sin mayor examen optaron por una estrategia de desarrollo con la inserción global como fundamento.  

Por los más diversos motivos, –sobre los que no puedo, por falta de espacio, abundar en esta ocasión–, habrá que recordar que nuestras élites políticas nacionales han sido históricamente, elites especulativas y/o rentistas, cuyo poder se ha hecho la más de las veces al amparo del propio poder público. Lo que ha traído como consecuencia, que ante la cercanía con el poder político, con frecuencia sea difícil establecer una separación clara entre ambas clases sociales, ya que en sociedades como las de América Latina, el Estado ha sido históricamente, la fuente principal de riqueza patrimonial.

Por lo que con frecuencia, los intereses y/o las esferas de influencia de ambos grupos se entremezclan o traslapan de tal modo, que unos y otros constituyen prácticamente la misma clase social. En una sinergia de complicidades y/o relaciones de cercanía e interés,  que no pocos han llegado a calificar como una suerte de “capitalismo de cuates”, en el que las élites económicas que históricamente fueron las que en el primer mundo, empujaron la sustitución de gobiernos despóticos y su posterior sucesión por democracias corte liberal, en el caso del continente terminaron pre configurando una élite económica sumamente endeble, cuya independencia, respecto al poder político, ha terminado comprometiendo severamente su capacidad para constituirse en un interlocutor público mucho más independiente y/o responsable.  

En ese sentido, historias nacionales como las de América Latina, ilustran la realidad de sociedades sumidas en un perenne ciclo de subdesarrollo, en el que si no fuera suficiente con tener condiciones productivas sumamente desventajosas y/o asimétricas, –porque se trata de sociedades que producen materias primas sin mayor valor agregado, las cuales son muy susceptibles a los cambios internacionales en el precio y/o la demanda de las materias que producen–, prevalece un alto grado de discrecionalidad respecto a lo que la clase política gobernante, puede o no hacer para terminar secuestrando en su propio beneficio los intereses nacionales y/o la propia autoridad del Estado.

Todo ello en su conjunto, propició que en la mayoría de los casos, las privatizaciones de las empresas paraestatales, –lo mismo en México que en América Latina en general–, favorecieran a grupos cercanos al poder político. Grupos empresariales que de la noche a la mañana, incrementaron sus fortunas de forma exorbitante y/o descontrolada, sin que las propias autoridades hicieran lo más mínimo por atenuar la extrema concentración de la riqueza que ello desencadenó. Al final, todo esto y más, fue posible por el alto grado de discrecionalidad y/o corrupción con que las élites políticas tradicionales se han conducido toda la vida. Una corrupción endémica a merced de la cual, se han alimentado sistemáticamente redes de clientelismo político electoral, que no han servido para otra cosa que para retener al poder, al tiempo que se da la apariencia de una democracia.      

A contracorriente de lo que hubiera sido deseable, hubo procesos opacos, sin licitaciones competitivas ni transparencia. Lo que derivó en privatizaciones que lejos de lo que prometían en términos de gestión operativa, eficiencia y/o precio y atención al público, terminaron profundizando la ineficiencia y/o la mala administración que se usó en un inicio como justificación para su privatización. Una inercia que golpeo con mayor severidad a los sectores más vulnerables de la sociedad, que con frecuencia debió padecer que servicios tales como agua, luz y/o teléfono se volvieran prácticamente inaccesibles. Si a ello se suma que por razones de rentabilidad económica, las empresas privadas priorizaron zonas rentables, dejando fuera comunidades rurales o marginadas, el escenario en su conjunto derivó en una merma sensible de la calidad de vida de la sociedad en general.

¿Cuál es el sustento de aquellos que sostienen que las privatizaciones se hicieron deliberadamente mal para que no quedara otra opción que privatizar? Dicha interpretación recala en criticar la forma en que a su parecer, se diseñaron y ejecutaron los procesos de privatización. Si bien es cierto que no existe un consenso al respecto, la mayoría de quienes sostienen que las privatizaciones se hicieron deliberadamente mal, para beneficio de unos cuantos, apuntan a tres detalles. Primero, previo a las privatizaciones, muchos gobiernos redujeron la inversión en paraestatales. Lo que deterioró la calidad del servicio, y alimentó la idea de que el Estado “no funcionaba”; segundo, la mayoría de las licitaciones se hicieron con poca transparencia, favoreciendo a grupos cercanos al poder, los cuales se habrían hecho con el control de las paraestatales, a precios por debajo de lo legal, y/o recibiendo facilidades para pagarlas; y tercero, el diseño institucional de la mayoría de las empresas públicas privatizadas, era muy endeble o débil, Para el caso, al no crearse reguladores fuertes, ni marcos de competencia real que favorecieran una mejora real, se dice que el mercado terminó devorando sectores productivos estratégicos.

Ahora bien, ¿cuál fue en su momento el argumento principal que dieron los gobiernos para reducir su inversión antes de la privatización? Su argumento se apoyaba en la narrativa de la crisis fiscal y la necesidad de modernización. Es preciso recordar que para inicios de los años 80’s, la mayor parte de los Estados implicados en las privatizaciones, estaban altamente endeudados y con déficits crecientes, producto de una gestión pública, discrecional por demás corrupta. Pero también además, por el exceso de políticas públicas asistencialistas, que fueron muy deficientemente ejecutadas, siempre con fines político-clientelares, y las cuales terminaron literalmente vaciando las arcas de sus respectivos Estados; tan severo fue el panorama al respecto, que el periodo se conoce como la “década  perdida”, por el nulo crecimiento económico de la región.

La pregunta del millón en todo caso sería: ¿Había en esa coyuntura opciones viables frente a lo hecho? Quienes sostienen la narrativa de que las privatizaciones en América Latina se hicieron deliberadamente mal, suelen argumentar que sí había otras opciones viables que fueron ignoradas o descartadas a propósito. Las más importantes pasaban por reformar, modernizar y regular mejor las empresas públicas, de manera interna, en lugar de desfinanciarlas para justificar su venta. Según esta visión, se optó por el camino de la privatización sin considerar la arista del impacto social que generaría, porque era funcional a intereses políticos y económicos, no porque fuera la única salida.

Dinero había y mucho, ni se diga para el caso específico de países como México y Venezuela, que se vieron enormemente favorecidos por el boom petrolero de la década anterior. Sin embargo, fiel a la inercia que caracteriza a la región, una parte sustancial de los recursos que posiblemente pudieron haberse utilizado para la ejecución de políticas de gobierno y/o estrategias de privatización, genuinamente sostenibles, terminaron dilapidados, lo mismo por políticas asistencialistas irresponsables, que por élites nacionalistas cleptocráticas, que utilizaron los recursos públicos, como si de su caja chica personal se tratara, lo mismo para satisfacer sus intereses privados, que para capturar o perpetuarse entre los circuitos de poder del propio Estado.

Para el caso, conformarnos con señalar las insuficiencias argumentativas y/u operativas de una posición u de otra, es muy poco productivo, análisis del estilo, hay muchos. Antes bien, por el contrario, lo que he pretendido con este comentario de opinión, es poner en perspectiva, cómo es que suscribir y/o utilizar narrativas extraordinariamente limitadas y/o sesgadas como simplistas, para explicar problemas sociales y/o político-económicos tan intrincados, compromete severamente, nuestras posibilidades reales de resolver los grandes problemas nacionales que todo el mundo dice estar interesado en resolver. Lo que es incluso peor, ya que se lo diga o no, suscribir narrativas tan sencillas, para la comprensión de escenarios tan estructuralmente complejos, termina con suma frecuencia, resultando contraproducente para la salud del tejido social. Porque se quiera o no, ello allana el camino a la polarización y/o al maniqueísmo; lo cual no debe sorprender a nadie, porque pensar lo público a través de posiciones ideológicas, sólo contribuye a allanar el camino para una sociedad en permanente confrontación. De ahí que resulte muy complicado no terminar concluyendo que, como se ha enunciado desde el título de este comentario de opinión, las verdades a medias, son mentiras completas.