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Ágora: Transformaciones figuradas y asistencialismo en SanLuis Potosí: La verdadera herencia maldita del gallardismo

hace 4 minutos
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Transformaciones figuradas y asistencialismo en San Luis Potosí: La verdadera herencia maldita del gallardismo.

 

Por: Mtro. Emanuel del Toro.

 

"El bienestar de un pueblo no se mide por la cantidad de subsidios que lo encadenan a la benevolencia del soberano, sino por la solidez de las instituciones que garantizan su libertad para no necesitar de él." — Alexis de Tocqueville

 

En San Luis Potosí, la frontera entre el asistencialismo institucional y la captura clientelar del Estado se ha desdibujado bajo el fenómeno del "gallardismo". Lo que hoy se presenta como una política de justicia social opera, en realidad, como un mecanismo de subordinación política: querer resolver con transferencias de efectivo la ausencia de un Estado que renuncia a ejercer con eficiencia su autoridad convierte al ciudadano libre en un cliente electoral cautivo. Cuando un régimen transforma la necesidad de los más pobres en un negocio político para eternizarse en el poder, mientras culpa al pasado de su propia incompetencia, la justicia y la gestión pública quedan reducidas a simples accesorios discursivos.

 

Desde la teoría del Estado, lo que distingue a una sociedad funcional no es la magnitud del gasto asistencial, sino la solidez de sus instituciones para garantizar el piso parejo. De la pobreza no se sale poniendo unos pesos en la bolsa del más necesitado, sino creando condiciones para que cualquiera prospere por su propia mano sin depender de compensaciones forzosas. Sin embargo, cuanto más se arroga un gobierno la facultad de intervenir mediante dádivas discrecionales, mayores son sus puntos ciegos y su opacidad. En ese sentido, en México, y de forma aguda en el territorio potosino, la legalidad republicana ha sido suplantada por una formalidad simulada: un aparato estatal lento e ineficiente que drena recursos vía impuestos para maquillar su fracaso operativo, socializando las pérdidas mientras concentra el control político.

 

Este modelo regional no opera en el vacío; es de hecho, el reflejo más depurado de la arquitectura política impulsada por la llamada Cuarta Transformación. Bajo el lema insignia de "Primero los pobres", el régimen federal institucionalizó una premisa perversa: no puede permitir que los sectores más desfavorecidos superen verdaderamente su vulnerabilidad, pues la emancipación económica devolvería al ciudadano su autonomía crítica y su capacidad de castigo electoral. Mantener a la población en el umbral de la subsistencia condicionada se ha vuelto un imperativo de supervivencia política, drenando las capacidades técnicas del Estado para premiar la lealtad partidista.

 

Desde la economía política, esta estrategia responde a una trampa presupuestal definida por el costo de oportunidad. Dado que los recursos públicos son finitos, cada peso etiquetado rígidamente para dispersarse en efectivo es un peso arrancado al mantenimiento de los bienes comunes. Mientras el gobierno federal entierra miles de millones de pesos en obras faraónicas de dudosa viabilidad —como la Refinería de Dos Bocas o el Tren Maya— y en transferencias corrientes, las carreteras se desmoronan, el sistema eléctrico sufre alertas críticas y el sector salud colapsa. Se sacrifica la inversión estructural del mañana para financiar la rentabilidad electoral del presente, obligando a los ciudadanos a pagar la factura mediante servicios públicos degradados.

 

En San Luis Potosí, el gallardismo —alineado de forma pragmática con el proyecto central a través del Partido Verde— ha llevado esta simulación institucional a un nivel alarmante. En la entidad, la entrega de despensas, becas en efectivo y útiles escolares ha sido despojada de cualquier regla de operación transparente para convertirse en una marca registrada de control político e hiperpersonalización del poder. Con la complicidad silenciosa de la federación, que tolera el nepotismo y el debilitamiento de los contrapesos locales a cambio de mantener el flujo de votos potosinos, de ahí que los padrones de beneficiarios operan hoy como listas de asistencia electoral condicionadas a la subordinación política.

 

Mientras la propaganda oficial satura los espacios públicos celebrando dádivas y eventos masivos gratuitos, San Luis Potosí padece un retroceso institucional severo. Áreas vitales para el desarrollo están paralizadas: la crisis hídrica en la zona metropolitana se atiende con paliativos mediáticos, las policías locales operan rebasadas por la delincuencia y la conectividad vial de la zona industrial carece de inversión real. Aquí se manifiesta una dolorosa paradoja económica: el dinero que el gobierno deposita con una mano en la bolsa del ciudadano, las carencias del propio Estado se lo arrebatan con la otra.

 

Para el caso, al congelarse la inversión en infraestructura básica, las familias potosinas —con mayor calado las que menos tienen y son paradójicamente el mercado electoral de la propio “gallardismo”— sufren un elevado "gasto de bolsillo": el efectivo de la beca o el apoyo se diluye de inmediato en la farmacia privada por falta de medicinas en las clínicas, o se destina a pagar pipas particulares ante el colapso de la red hidráulica y las fallas recurrentes del sistema El Realito. El subsidio no genera movilidad social; funciona apenas como un fondo de emergencia para amortiguar el fracaso de una autoridad más preocupada por blindar sucesiones familiares y su marca partidista que por garantizar agua potable o salud.

 

Frente a este panorama de sumisión clientelar, la historia y el presente demuestran la persistencia de la resistencia del pueblo potosino. San Luis Potosí posee una larga tradición de lucha cívica que históricamente ha rechazado la imposición de cacicazgos locales y corporativismos centralistas. Sectores de la academia, organizaciones civiles, periodistas que resisten la censura y ciudadanos de todas las regiones mantienen viva la exigencia de transparencia y legalidad republicana. Esta reserva moral se niega a aceptar que la dádiva condicionada sea el límite de sus aspiraciones democráticas. La verdadera dignidad ciudadana no se compra con transferencias discrecionales, y la libertad política jamás podrá canjearse por un asistencialismo que maquilla su incompetencia extrayendo el trabajo de todos para perpetuarse en el poder.

 

Frente a este panorama de sumisión clientelar, diversos sectores de la sociedad potosina mantienen viva la resistencia. Desde la academia, las organizaciones civiles independientes y el periodismo que no cede ante la asfixia publicitaria, persiste la exigencia de transparencia y legalidad republicana. Sin embargo, resulta profundamente doloroso constatar cuán lejos se encuentra hoy San Luis Potosí de honrar el sitial que ocupó en la historia democrática de México durante las gestas del navismo. En aquellas décadas, la entidad se erigió como un faro cívico nacional, demostrando que una ciudadanía organizada y consciente podía enfrentar la arrogancia del poder autoritario y los cacicazgos locales sin doblegarse ante el chantaje presupuestal. Frente al legado ético de aquel movimiento —que entendía el servicio público como un ejercicio de congruencia y respeto irrestricto al ciudadano—, el estilo personal y antidemocrático que hoy impera en el estado representa una regresión histórica que sustituye la conciencia cívica por la obediencia comprada.

 

Por ello, el verdadero desafío para los potosinos trasciende la coyuntura electoral; exige recuperar la memoria histórica y la altivez ciudadana que alguna vez hicieron vibrar al país entero desde estas tierras. Normalizar la dádiva como sustituto de los derechos y tolerar el uso patrimonial del poder equivale a traicionar esa herencia de dignidad. San Luis Potosí no está condenado a ser el laboratorio del clientelismo moderno; volver a estar a la altura de su propia historia demanda asumir, hoy más que nunca, que las auténticas transformaciones no las decretan los caudillos desde el púlpito oficial, sino los ciudadanos libres que se niegan a vender su futuro.

 

Glosas del Poder

 

• Desde la Ciudad de México: Mientras en Palacio Nacional las conferencias matutinas insisten en blindar la narrativa del bienestar y la presidenta Claudia Sheinbaum pospone cualquier reforma electoral hasta después de las intermedias, en los pasillos de San Lázaro y en las dirigencias partidistas la maquinaria ya opera a marchas forzadas rumbo a los comicios de 2027. Entre investigaciones que sacuden a exautoridades del INE y el reacomodo silencioso de alianzas para disputar 17 gubernaturas, queda claro que el discurso de la austeridad republicana vuelve a subordinarse a la aritmética electoral y a la conservación de las cuotas de poder.

 

• Desde San Luis Potosí (Estado): Con el banderazo oficial dado este 15 de noviembre por el CEEPAC al Proceso Electoral 2026-2027 —donde estarán en juego la gubernatura, el Congreso y 59 alcaldías, incluido el debutante municipio de Villa de Pozos—, la maquinaria oficialista ya no tiene pretexto para disfrazar su despliegue territorial. Aunque desde la Secretaría General de Gobierno prometen piso parejo y vigilancia en el uso de recursos públicos, las cuatro reformas electorales aprobadas al vapor este año y la saturación de propaganda asistencialista anticipan una contienda donde el aparato estatal buscará pesar más que las urnas.

 

• Desde San Luis Potosí (Capital): En la zona metropolitana potosina el agua sigue siendo el botín político predilecto mientras los grifos permanecen secos. Apenas hace unos días, el Ejecutivo estatal volvió a cargar contra el organismo operador Interapas, culpando a las autoridades municipales por los drenajes colapsados y el desabasto en las colonias para exigir su desaparición. Un pleito recurrente que sirve como cortina de humo perfecta: se politiza la emergencia hidráulica y se golpea al ayuntamiento capitalino rumbo al 2027, mientras las familias siguen pagando de su bolsa las pipas que la infraestructura oficial no logra suplir.

 

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