Ágora: Republicanos vs. Demócratas. El laberinto de la fragmentación norteamericana

Republicanos vs. Demócratas. El laberinto de la fragmentación norteamericana: mitos y realidades de una vecindad estratégica compleja.

Por: Mtro. Emanuel del Toro.

“En política internacional, los amigos son un mito; los intereses, la única realidad permanente.” — Lord Palmerston

La geografía no concede treguas, y la vecindad con el imperio es un ejercicio diario de resistencia, diplomacia y paradojas. Las elecciones intermedias en los Estados Unidos, que han devuelto el control de ambas cámaras del Congreso al Partido Demócrata, lejos de representar el bálsamo que la ingenua ortodoxia de la izquierda latinoamericana suele festejar, inauguran un capítulo de inédita complejidad burocrática y tensiones subterráneas. Existe en el imaginario colectivo de nuestra región la arraigada y perezosa convicción de que el avance demócrata en Washington equivale a una mirada benévola, casi providencial, hacia el sur del río Bravo. Es una miopía histórica. Quienes así leen la realidad olvidan que la política exterior estadounidense no se rige por la empatía, sino por la implacable continuidad de sus intereses nacionales. La diferencia entre el estruendo republicano y la pulcritud demócrata nunca ha radicado en los fines, sino en los métodos.

Hoy, frente a un gobierno dividido en la capital del norte, con Donald Trump acorralado en la Casa Blanca y una oposición demócrata empoderada en el Capitolio, México y América Latina se encuentran atrapados no en un espacio de distensión, sino en las fauces de una perfecta pinza geopolítica. El pragmatismo obliga a desmantelar los mitos: el repliegue del trumpismo legislativo no es el fin de la presión, sino la sofisticación de sus mecanismos. Para el ciudadano despistado, la derrota de la agenda radical en las urnas estadounidenses —además de ser el descenlace más natural ante un gobierno cuyos resultados han sido juzgados con dureza por la torpeza de sus formas— quizá sugiera un respiro; para el analista riguroso sin embargo, representa la transición de la amenaza arancelaria abierta a la fiscalización quirúrgica de los contratos, los tribunales y las aduanas.

Para dimensionar la magnitud de este vuelco, es preciso recordar que, previo a la jornada electoral, el Partido Republicano ejercía una cómoda hegemonía en el Capitolio, manteniendo el control de ambas cámaras y blindando la agenda de la Casa Blanca. Sin embargo, el veredicto de las urnas ha fracturado ese monopolio del poder: el Partido Demócrata no sólo ha recuperado la mayoría en la Cámara de Representantes, sino que ha conquistado también el control del Senado. Esta metamorfosis numérica transforma radicalmente el tablero de Washington, despojando al Ejecutivo de su escudo legislativo y erigiendo una muralla fiscalizadora de cara a los complejos compromisos bilaterales que se avecinan.

El escenario que se dibuja en el horizonte inmediato es el de un Ejecutivo estadounidense herido que, privado de su capacidad para operar reformas domésticas sustanciales, probablemente termine volcando su frustración o su necesidad de redención electoral hacia el escenario internacional, donde los decretos presidenciales y la retórica fronteriza estridente siguen siendo armas de distracción masiva de indiscutible eficacia interna. Al mismo tiempo, el nuevo Congreso demócrata no asumirá un papel de aliado solidario, sino de implacable auditor. Su agenda, firmemente anclada en los compromisos para con los sindicatos norteamericanos y las banderas del activismo ambiental, se traducirá en una exigencia inflexible en torno a las reglas del juego comercial. Para decirlo en corto: las diferencias entre demócratas y republicanos son más de forma que de fondo; el imperio es el imperio, esté quien esté en la Casa Blanca.

En el caso de México, las implicaciones son inmediatas y profundas. El nacionalismo energético, que busca el blindaje de las empresas estatales y relega a un segundo plano las transiciones hacia energías limpias, terminará chocando frontalmente con la legalidad tecnocrática de un Capitolio demócrata que, si sus intereses así lo dictan, no dudará en activar los paneles de resolución de controversias del T-MEC en defensa de sus propias industrias. La paradoja se consuma: la soberanía energética, entendida bajo el viejo código del siglo veinte, se convierte en el flanco más vulnerable frente a una oposición estadounidense cuya mayor cualidad estratégica es la presión regulatoria. En tales condiciones, es natural suponer que el deterioro institucional, la erosión de los contrapesos democráticos y las reformas que alteran la certidumbre jurídica en territorio mexicano ya no serán vistos en Washington como meros asuntos de política interna, sino como riesgos sistémicos para las inversiones de sus connacionales. No hay benevolencia en el escrutinio demócrata; hay defensa patrimonial y geopolítica.

El resto del continente latinoamericano asiste a este reacomodo con idéntica zozobra. Aquellos regímenes de la derecha regional que apostaron todo su capital político a la sintonía ideológica y personal con la Casa Blanca descubren de pronto que sus cheques en blanco han sido cancelados en las ventanillas del Congreso. La asistencia económica, los créditos para el desarrollo y la cooperación en seguridad quedarán severamente restringidos, cuando no directamente congelados en el laberinto de las comisiones legislativas, condicionados a estándares de derechos humanos y división de poderes que incomodan por igual tanto a las autocracias de izquierda como a los populismos de derecha.

Asimismo, tampoco la agenda migratoria experimentará un giro humanista. La necesidad de contener los flujos provenientes de Sudamérica y el Caribe sigue siendo un consenso bipartidista indisoluble, una prioridad de seguridad nacional que define elecciones. La presión para que las naciones de tránsito actúen como diques de contención y muros fiscales se mantendrá inalterable, despojada quizás de la crueldad retórica del trumpismo, pero ejecutada con la misma fría eficiencia burocrática que caracterizó a las administraciones demócratas del pasado.

Mientras tanto, la sombra de la disputa global con China cubre cada rincón del hemisferio. Aquí no hay divisiones en Washington: la contención del gigante asiático es una política de Estado absoluta, que opera sin distingo de quien esté o no a cago. ¿Cuál es en todo caso la diferencia de haberla? Para efectos prácticos, es sólo una diferencia en las formas y/o los modos, nunca en los fines como tal. Mientras el Ejecutivo republicano amenaza con el garrote de los aranceles punitivos a los países del Cono Sur que coqueteen con las inversiones de Pekín, el Legislativo demócrata utilizará de forma más silenciosa, pero no menos efectiva, el bisturí de las normativas de seguridad y los bloqueos financieros para obligar a la región a alinearse. América Latina se encuentra así ante la exigencia de una lealtad geopolítica total a cambio de una parálisis presupuestal en Washington que impide cualquier asomo de un nuevo pacto de desarrollo para el continente.

Es en este entorno de rigidez estructural donde se revela la verdadera naturaleza de la relación bilateral para México. Lejos del optimismo que despierta entre la izquierda regional el más reciente resultado, ante la expectativa de un cambio de matiz en la política de Estados Unidos para con el país y la región, el auténtico motor de desarrollo y estabilidad a mediano y largo plazo no provendrá de la asistencia pública norteamericana, sino de la implacable lógica del mercado y la relocalización industrial (nearshoring). La necesidad de Estados Unidos de asegurar sus cadenas de suministro frente a la amenaza asiática ha convertido a la geografía mexicana en su activo más indispensable, impulsando un flujo masivo de capital privado en sectores de alta tecnología, como el automotriz, el aeroespacial y el incipiente ecosistema de los semiconductores. Este fenómeno, que opera como una integración económica inevitable, no es un gesto de buena voluntad política, sino un imperativo de supervivencia económica para ambas naciones.

Si Washington asfixia la manufactura mexicana con aranceles o bloqueos, el costo se traslada de inmediato al consumidor estadounidense en forma de inflación, lo que encarecería sustancialmente el precio de todo; un suicidio político que ningún partido puede permitirse. Sin embargo, este dividendo geográfico corre el riesgo de malograrse, o no surtir todo su peso estratégico potencial, si el Estado mexicano no es capaz de proveer la infraestructura, la energía limpia y la certidumbre jurídica que las industrias del siglo veintiuno requieren para asentarse.

Al final del día, la gran lección que dejan las urnas tras las elecciones en el vecino país del norte es que la diplomacia de la estridencia y la sordera imperial deben necesariamente caducar. La relación con los Estados Unidos en esta era de gobierno dividido exige abandonar las lecturas maniqueas simplistas que dividen el mundo entre aliados benévolos y enemigos frontales. Está claro que el destino de la región no se decidirá en la comodidad de las simpatías ideológicas, sino en la capacidad técnica para cabildear en dos frentes simultáneos, entendiendo que la debilidad interna de un presidente estadounidense suele traducirse en una mayor agresividad hacia el exterior, y que la fortaleza de un Congreso opositor se manifiesta en una fiscalización implacable. Frente a la doble pinza de Washington, la única defensa legítima es la lucidez institucional, la congruencia económica y la madurez de una política exterior que comprenda que, en el ajedrez del poder mundial, la geografía es destino, pero la estrategia es supervivencia.