Ágora: La caída de Nicolás Maduro. Una intervención de sentido común

La caída de Nicolás Maduro. Una intervención de sentido común.

Por: Emanuel del Toro.

Lo esencial para pensar afuera de la caja, –es decir, al margen de apasionamientos ideológicos malsanos–, es comenzar a entender que sin importar el tema del que se trate, cualquier posicionamiento que implique por definición, la segmentación diferenciada y antagonista de una sociedad, constituye una manipulación.  En ese sentido, el estudio de lo público, exige un entendimiento serio y/o juicioso de la realidad social a la que nos aproximarnos. La cuestión de fondo es crucial: comprender cabalmente el mundo en el que vivimos, implica necesariamente, dejar posicionamientos maniqueos y/o xenófobos o sectarios, por mucho más si los mismos obedecen a razones políticas.

Pretender estudiar el mundo en el que vivimos, filtrando su comprensión o interpretación, a través de un enfoque antagonista, mutuamente excluyente, que exige tomar partido por un lado del espectro ideológico o del otro, no abona a una comprensión libre de prejuicios. Mientras no hagamos lo propio por cuestionar, incluso aquellas posiciones de pensamiento con las que mayor afinidad guardamos, difícilmente generaremos una comprensión objetiva de la realidad, y lo que peor, tampoco abonaremos nada a que los problemas que nos importan mejoren o se resuelvan.

Lo digo así, porque en lo personal, me parece que la discusión pública sobre lo que ocurre en Venezuela, –no sólo para lo que toca a la captura de Maduro, sino también para la orientación ideológica del régimen que representara y sus propios intereses geopolíticos–, ha sido con suma frecuencia, secuestrada por una lectura parcializada y sesgada de la realidad, ni que decir de la noción más elemental de humanismo y/o sentido común. Invocar principios tales como “soberanía nacional”, “no intervención”, y/o el bendito “orden jurídico internacional”, como si tales principios fueran instrumentos para proteger gobiernos, no personas, implica desconocer que como noción jurídica, la soberanía estatal, y por ende, la absoluta totalidad de las instituciones que de ella derivan, se formularon históricamente, para proteger a los ciudadanos frente a los abusos y/o excesos de sus gobiernos.  

De ahí que utilizar la soberanía estatal, como un escudo capaz de justificar la miseria, la persecución y tortura de opositores, o el éxodo masivo de ciudadanos, producto del estrepitoso fracaso de un modelo político, que hace una década que no da más de sí, resulta por demás excesivo. En ese sentido, cabe indicar que la noción de “soberanía nacional”, no se circunscribe única y exclusivamente a la esfera de lo internacional. Se trata en todo caso, de un instrumento legal condicionado y/o amparado al cumplimiento de los deberes mínimos de un Estado para con su propia ciudadanía.

Ahora bien, si se trata de pensar en el bienestar de una sociedad como fundamento de la soberanía nacional, cabría preguntarse con total seriedad, qué legitimidad puede tener un régimen que hace de sus ciudadanos rehenes, comprometiendo severamente sus perspectivas de desarrollo y/o la propia regularidad de las instituciones del Estado que representa, en aras de un purismo ideológico que ve en la pluralidad de pensamiento y la alternancia del poder, una amenaza a su existencia. Ninguna, así de sencillo. Seamos claros: cuando lo que está en juego es la dignidad de las personas, no existe fundamentación ideológica y/o moral que valga, para poder considerar que un régimen que castiga a su sociedad, con la dureza que el régimen de Maduro hizo prevalecer en Venezuela, pueda ser considerado un interlocutor político valido. Porque el gobierno que no cumple con la más elemental de sus obligaciones, la de proteger al ciudadano sobre cuya vida rige, pierde la legitimidad que da sentido a su existencia y soberanía.

Lejos de lo que el propio régimen de Maduro ha pretendido hacer parecer, por razón de sus intereses político ideológicos y geopolíticos, –porque ojo, que el que Venezuela sea un país subdesarrollado, con todas las contrariedades estructurales que ello representa, no significa que el régimen político que le ha gobernado los últimos 26 años, no tenga sus propios intereses estratégicos sobre la región, como dejó patente la promoción que durante décadas hiciera, del llamado “Socialismo del Siglo XXI”, con el Foro de Sao Paulo como eje articulador–, es preciso decir que principios tales como el “derecho a la vida”, el “derecho a la dignidad humana”, y también necesariamente a la “autodeterminación de los pueblos”, que tanto se invoca cuando de defender la soberanía nacional se trata, no son valores occidentales y/o pequeño-burgueses, sujetos a interpretaciones y/o afinidades y condicionalidades rebuscadas. Se trata ante todo, de normas vitales del orden jurídico internacional contemporáneo. Son pues, las condiciones mínimas necesarias, para que un régimen y/o Estado o gobierno, pueda ser tenido por un interlocutor político valido.

Un gobierno que viola sistemáticamente los principios más elementales de la legalidad internacional, tanto por lo que hace, como por lo que deliberadamente no hace para con su pueblo, –es decir, tanto por acción, como por omisión–, no puede exigir que el mundo cierre los ojos en nombre de abstracciones jurídicas políticamente utilitarias, que garanticen su supervivencia. En un orden legal genuinamente democrático, la dolorosa experiencia atravesada por Venezuela, deja en claro una lección fundamental de Ciencia Política, que más valdría no volver a olvidar jamás: los actores antisistema, no pueden, ni deben jugar del juego democrático, porque si lo hacen, terminan siempre por comprometer la propia viabilidad y/o regularidad de la democracia.

Para decirlo con claridad: lo que ocurre en Venezuela, no se circunscribe a una lógica estrictamente político-ideológica, con los intereses geopolíticos de las grandes potencias como ejes articuladores. Se trata ante todo, de una tragedia humanitaria sin precedentes; un país, otrora entre las cinco economías más importantes del continente, ha terminado tras de casi tres décadas, empeñando su futuro por generaciones. Apostando por un régimen, que si bien, a su llegada en 1999, prometió igualdad y justicia para los más desfavorecidos, terminaría con el correr de su primera década, suprimiendo de forma lenta pero paulatina, cualquier noción de libertad, y lo que es peor, perdiendo también la pretendida igualdad que originalmente justificó la instauración de dicho régimen.  

El resultado no podría ser más trágico y humanamente sombrío, como desolador: millones de personas se han visto obligadas a irse de su país. En tanto que quienes por elección o incapacidad de salir, se quedaron, han debido aprender a vivir con la escasez, la represión y el miedo como normas. Un país que a mediados de los años 50’s y 60’s, se podía jactar de estar entre las democracias liberales más importantes de todo el mundo, demostrando que la democracia es posible, incluso fuera del cuadrante noroccidental del mundo, ha terminado convertido en prácticamente tres décadas, en un país institucional y económicamente despedazado, donde no hay elecciones libres, regulares, justas y competitivas; ni prensa independiente; ni que decir de un Poder Judicial autónomo. Para decirlo en corto, todo lo que alguna vez dio respetabilidad y sustento legal-material a Venezuela, haciéndola una de las sociedades latinoamericanas más sólidas y prósperas del continente, terminó siendo pulverizado por el régimen de Maduro.

La Venezuela que dejó tras de sí la quimera ideológica emprendida por el régimen de Chávez-Maduro, es un país que ha quedado severamente devastado, mucho antes de cualquier intervención de potencias extranjeras, por la incapacidad de sus propios hacedores. Se trata en esencia, de un país que carece de canales efectivos, para que su propia ciudadanía pueda elegir algo más, que no sea lo de siempre, aun con todo y que el descontento generalizado de la mayoría de sus ciudadanos para con el gobierno de Maduro, ha ido escalando en la última década.

Una realidad sumamente preocupante, que necesariamente tendría que poner a pensar a más de uno en México. Porque lo ocurrido en Venezuela con el régimen chavista-madurista, guarda paralelismos importantes con lo que hasta ahora se ha visto con Morena y su excesiva concentración de poder, así como la desaparición de todos los organismos estatales y/o autónomos que hicieron posible su llegada al poder. Venezuela es la dolorosa constatación de lo que puede ocurrirle a una sociedad democrática, cuando se decide darle todo el poder a un solo partido y/o grupo político; una vez hecho con el control del Estado, el régimen termina por hacer pedazos el propio entramado institucional que le permitió llegar al poder, y lo hace, para no soltarlo en décadas. Una experiencia por demás traumática, que lamentablemente este país, ya conoce de primera mano, porque eso mismo fue de lo que se trató el régimen priista que rigió entre 1928 y 2000.

De ahí que defender que un pueblo persistentemente perseguido por sus propias autoridades, resuelva por sí mismo su situación, a sabiendas de que no existen condiciones institucionales que lo hagan posible, es de facto, defender la prevalencia del sufrimiento humano. Luego entonces, la ayuda externa, –incluso la de tipo militar, cuando sea para proteger vidas y/o la integridad de ciudadanos, no la preservación de regímenes políticos–, no puede considerarse una violación al Derecho Internacional. Se trata en todo caso, de la afirmación de su núcleo moral y teórico, con la dignidad humana como fundamento. La propia existencia de la comunidad internacional, se justifica para evitar que se cometan atrocidades en contra de una sociedad por parte de sus autoridades, no para justificarlas por motivos de soberanía nacional o afinidad ideológica.

Es muy fácil condenar a la distancia las intervenciones de potencias extranjeras y más si se lo hace en nombre de una soberanía abstracta, sin embargo, quienes viven la cara más cruda de la realidad, padeciendo en lo diario, un régimen que lleva décadas persiguiendo a su propia ciudadanía, por razones político-ideológicas, tiene hoy motivos para alegrarse o guardar algo de esperanza. Por la oportunidad que la coyuntura de la intervención norteamericana ofrece. La captura de Maduro, es cuando menos, el indicio de un cambio de época, el respeto a la soberanía nacional como excusa u omisión silenciosa frente al sufrimiento de millones de ciudadanos, no es ya una excusa valida y/o aceptable para defender una dictadura, independientemente del signo ideológico que ostente.

Convertir un entramado institucional legal, creado para proteger los derechos más elementales de una sociedad, en una argumentación explicativa que protege a quienes abusan de su ciudadanía. No resiste el más mínimo sentido común. No hay en la defensa de los opresores, nada progresista y/o humanitario. Defender regímenes autoritarios con principios jurídicos que invocan la independencia nacional como fundamento, al tiempo que se oprime a la sociedad sobre la que se gobierna, no hace sino mostrar el oportunismo y/o la fatal arrogancia de quienes nunca han tenido que elegir entre soberanía y sobrevivir. El Derecho Internacional, no debe servir nunca, para eximir de responsabilidad a un régimen autoritario. Existe ante todo, para recordarnos que ningún gobierno, sea de la orientación ideológica que sea, puede pasar por encima de su propio pueblo.  

Lo que no quita de decir con claridad, algo que es por todos sabido: la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela, no ha sido estrictamente humanitaria, antes bien, responde a los intereses estratégicos de una potencia que está en pleno reacomodo de su posición en la hegemonía mundial. Y es que si bien, intereses estratégicos o económicos existen muchos, tanto del propio Estados Unidos, como de otras potencias extranjeras que disputan su posición como eje rector del sistema internacional, –piénsese por ejemplo en  Rusia o China–, tal realidad no debe hacernos permanecer indiferentes ante la tragedia de lo que ha ocurrido en Venezuela desde que el chavismo gobierna.

Sin embargo, habría que ser sumamente cautos con lo que termine ocurriendo de aquí en adelante. Porque la captura de Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos, en las condiciones y/o en el modo que se dio, como en las formas que se están conservando o respetando tras su captura, –dejando el poder en manos de la propia élite chavista-madurista–, dice más de los intereses estratégicos inmediatos de los Estados Unidos, que de lo que habrá de ocurrir con el futuro de la propia Venezuela y sus perspectivas de recuperación de su democracia. Esperemos pues, que la captura de Maduro y su procesamiento por la justicia americana, no derive en la pervivencia de un chavismo sin Maduro, que sea tolerado y/o apoyado por los propios Estados Unidos, a condición de usufructuar los cuantiosos beneficios de sus recursos petroleros.