Ágora: Crimen organizado en México. Un problema que no tiene para cuándo terminar

Crimen organizado en México. Un problema que no tiene para cuándo terminar.

Por Mtro. Emanuel del Toro

La reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha desatado una ola de especulaciones. Como ocurrió con figuras como “El Chapo Guzmán” o “El Mayo” Zambada, el operativo que derivó en su fallecimiento —originalmente planeado para capturarlo— generó reacciones encontradas: reconocimiento al gobierno por la acción, pero también críticas sobre los claroscuros que acompañan un fenómeno tan complejo como el crimen organizado y sus consecuencias en corrupción y violencia. La narrativa oficial se enfrenta, una vez más, a la percepción ciudadana que duda de la eficacia de estas acciones en un contexto donde la violencia parece no tener fin.

Más allá de opiniones, es evidente que el crimen organizado exige un análisis profundo, lejos de posturas simplistas y/o ideológicamente sesgadas. Se trata de un problema en el que, sin importar lo que se haga, nunca habrá consenso pleno. Lo cierto es que cada operativo deja un saldo de sacrificio entre quienes integran los cuerpos de seguridad del Estado, pues enfrentan riesgos extremos en cumplimiento de sus responsabilidades. Esa tensión constante marca la diferencia entre la narrativa oficial y la realidad vivida por quienes están en la primera línea. Sin duda, cualquier agradecimiento resultará corto o insuficiente frente al costo humano que implica enfrentar a organizaciones criminales con poder de fuego superior al de muchas fuerzas regulares.

El caso de “El Mencho” lo ejemplifica a la perfección. La última vez que se intentó detenerlo, hace una década, un helicóptero fue derribado con armas de alto poder, cobrando la vida de una treintena de elementos. En escenarios así, la tensión es insoportable y la supervivencia se convierte en una encrucijada vital. No cualquiera está dispuesto a mantener la eficiencia operativa a costa de su propia vida. La memoria de esos episodios recuerda que cada operativo implica un riesgo extremo y que el costo humano nunca es menor. La violencia que enfrentan los cuerpos de seguridad no es sólo física, también psicológica, pues saben que cada misión puede convertirse en un sacrificio definitivo.

Sin embargo, más allá del triunfalismo y/o del exceso de optimismo con que el gobierno federal ha querido envolver la narrativa, es necesario ejercer una crítica informada. La creciente participación de las fuerzas armadas en la estrategia contra el crimen organizado obliga a valorar su esfuerzo en su justa medida, fuera de complacencias militantes. Estar en la primera línea de defensa de la seguridad del propio Estado implica un sacrificio enorme, pero como suele decirse: alguien tiene que hacerlo. Esa frase, tan repetida en la calle, refleja la resignación social frente a un problema que parece no tener fin, y que además ha normalizado la militarización de la vida pública como si fuera la única salida posible.

Empero, ello no quita de preguntarse: ¿qué más da que caiga un capo u otro? No se trata de minimizar la importancia de estas acciones, pues la violencia del narcotráfico ha comprometido la viabilidad del Estado durante medio siglo. Pero mientras no exista una política pública integral que atienda las condiciones estructurales que hacen del crimen una opción viable, los operativos seguirán siendo insuficientes. El crimen organizado funciona como una corporación: sustituye rápidamente a sus líderes caídos y se adapta a las circunstancias. La lógica empresarial del narcotráfico, con cadenas de producción, distribución y financiamiento, lo convierte en un adversario que no se desmantela con la simple eliminación de sus cabezas visibles.

En suma, el crimen organizado en México no es un fenómeno que pueda resolverse únicamente con la captura o eliminación de líderes visibles. Cada operativo exitoso, por más espectacular que sea, representa apenas un episodio dentro de una dinámica mucho más amplia, donde las estructuras económicas, sociales y políticas siguen alimentando la reproducción del problema. La violencia se mantiene como un círculo vicioso que se retroalimenta de la desigualdad y la corrupción, y mientras esas condiciones persistan, el Estado seguirá enfrentando un enemigo que se regenera constantemente. La falta de oportunidades, la precariedad laboral y la ausencia de un sistema de justicia confiable son factores que perpetúan esta espiral.

La muerte de “El Mencho” puede verse como un triunfo táctico, pero difícilmente será un parteaguas estratégico que el actual gobierno federal pretende, si no se acompaña a un mismo tiempo, de políticas que atiendan la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción institucional. Mientras esas condiciones persistan, el crimen organizado seguirá encontrando terreno fértil para regenerarse, como lo ha hecho durante décadas. La historia reciente demuestra que la caída de un líder nunca significa el fin de la organización, sino apenas un relevo en la estructura criminal que se adapta con rapidez a las nuevas circunstancias. La resiliencia del narcotráfico es prueba de que la estrategia centrada en capos es insuficiente y, en ocasiones, contraproducente; a considerarse que tenemos en el pasado reciente, una larga tradición que deja cuenta de ello.

Por ello, más que celebrar victorias aisladas, lo urgente es reconocer que la seguridad nacional requiere un enfoque de largo plazo, capaz de articular prevención social, fortalecimiento institucional y rendición de cuentas. Se necesita un compromiso real para transformar las condiciones que hacen del crimen una opción atractiva para miles de jóvenes sin oportunidades, y al mismo tiempo, un esfuerzo sostenido para depurar las instituciones que han sido permeadas por la corrupción. Sin esa doble estrategia, –social e institucional–, cualquier operativo será apenas un paliativo frente a un problema que exige soluciones estructurales y sostenidas en el tiempo. La seguridad no puede seguir siendo un tema de coyuntura, sino una política de Estado que trascienda sexenios.

En definitiva, el reto no es únicamente abatir capos, ni ejecutar operativos espectaculares, sino construir un país en el que la legalidad sea más rentable que la ilegalidad, y en el que la confianza ciudadana en las instituciones supere al miedo y/o los intereses impuestos por los grupos criminales. Esa es la verdadera tarea pendiente, y mientras no se asuma con seriedad y visión de largo plazo, el crimen organizado seguirá siendo un problema sin fecha de caducidad. Se trata de un desafío que compromete no sólo la seguridad pública, sino la viabilidad misma del Estado mexicano, y que exige una respuesta integral que trascienda coyunturas políticas para convertirse en una auténtica política de Estado. Sólo entonces podremos hablar de un futuro en el que la violencia deje de ser parte cotidiana de la vida pública y el  país recupere su capacidad de garantizar paz y justicia, regresando a preservar la esencia misma de su existencia como Estado.