El espejismo del control: anatomía de un suicidio regulatorio. – Parte I

El espejismo del control: anatomía de un suicidio regulatorio. – Parte I.

Por: Mtro. Emanuel del Toro.

"El mayor peligro del Estado moderno es su tendencia a devorar a la sociedad civil, confundiendo la uniformidad con el orden y la vigilancia con la seguridad." — Alexis de Tocqueville

La tentación del control absoluto suele ser el síntoma más nítido de la debilidad institucional. Cuando un Estado abdica de sus funciones primarias de inteligencia y persecución estratégica del delito, tiende a refugiarse en la parafernalia legal. El decreto punitivo y la exigencia burocrática sustituyen a la eficacia. Bajo esta premisa se inscribe la obstinación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones al decretar la suspensión masiva de líneas celulares no vinculadas a la Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificaciones oficiales. Una medida que, lejos de articular una respuesta sofisticada contra la criminalidad y/o la inseguridad, se perfila de concretarse, como un monumento a la desconexión burocrática y un severo balazo en el pie para la propia gobernabilidad del país.

Revisemos los datos con frialdad analítica, totalmente al margen de la retórica oficialista. A escasos semanas de cumplirse el plazo definitivo, el saldo es desolador: menos del treinta por ciento de las líneas móviles activas en el territorio nacional han completado el trámite. Esto traduce una realidad matemática incontestable: más del setenta por ciento de la población –equivalente a más de cien millones de conexiones–, permanece en la intemperie regulatoria. Pretender que en el tramo final las operadoras absorban un flujo superior a los 1.7 millones de registros diarios, no es sólo una quimera logística; es una abierta profesión de ignorancia sobre las dinámicas sociodemográficas del México real. El rezago desde luego, no es uniforme ni azaroso; ensaña su rostro en el ecosistema del prepago, donde millones de usuarios en comunidades rurales, adultos mayores y trabajadores de la economía informal carecen de las herramientas de conectividad básicas para cumplir con el capricho centralista.

La justificación oficial apela, de manera predecible, al sagrado altar de la seguridad nacional. Se nos dice que el padrón es la llave maestra para extinguir la extorsión y el fraude telefónico. El argumento es técnicamente insostenible y empíricamente falaz. La historia reciente es una enciclopedia de fracasos idénticos: el REAUT en 2011 devino en un peligroso mercado negro donde las bases de datos terminaron a la venta del mejor postor; el PANAUT en 2022 mereció el freno constitucional de la Suprema Corte por violar flagrantemente el derecho a la privacidad. En cualquier caso, habrá que decir abiertamente lo más que evidente: los criminales profesionales no delinquen con SIMs registradas a su nombre. El crimen organizado utiliza telefonía satelital, redes encriptadas, contrabando de tarjetas internacionales, o el robo sistemático de dispositivos. El delincuente no será disuadido; simplemente refinará sus métodos de evasión, porque las condiciones así se lo exigen, pero igual no dejará de hacer lo que toda la vida ha hecho, sólo porque las cosas se vuelven momentáneamente más liosas o enredadas.

Las consecuencias inmediatas sobre el ciudadano de a pie se cuentan en clave de parálisis. En el México contemporáneo, el teléfono móvil ha dejado de ser un artículo de comunicación de lujo, para convertirse en el nodo central de la subsistencia económica. Privar a un ciudadano de su línea, es expulsarlo de tajo del sistema financiero moderno. Los mecanismos de autenticación bancaria mediante mensajes de texto (SMS OTP) se colapsarán, inhabilitando las aplicaciones de banca móvil y cancelando de golpe los retiros sin tarjeta, vitales para las familias receptoras de remesas o dinero informal. La economía de plataformas digitales –por ejemplo, Uber, DiDi, Rappi, Mercado Libre–, sufrirá un freno de mano severo, incomunicando a repartidores y choferes con sus fuentes de ingresos y estrangulando las cadenas de distribución del comercio electrónico.

Sin embargo, el verdadero despropósito de esta política pública radica en sus efectos a mediano y largo plazo. Lejos de domesticar a la informalidad, esta medida puede terminar operando como su principal catalizador. Al clausurar las vías digitales de los pequeños comercios, estos desecharán las terminales de cobro portátiles y se refugiarán en el efectivo como divisa exclusiva. La cuestión es que el efectivo como tal, no deja huella, no paga impuestos, y lo que es aún peor, diluye cualquier intento de fiscalización. Paralelamente, la coerción tecnológica propiciará el nacimiento de un lucrativo mercado negro de identidades y tarjetas SIM clonadas o registradas a nombre de terceros. Se profundizará la brecha digital y se generará un resentimiento sistémico hacia las instituciones del Estado, vacunando a la sociedad civil contra futuros esfuerzos legítimos de modernización administrativa o adopción de identidades digitales unificadas.

Pero el análisis de este tablero político estaría incompleto si no evaluamos el costo estrictamente institucional. El gobierno que empuja este tren hacia el desfiladero parece ignorar que el destino final del impacto es su propia estructura. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) experimentará una contracción en la recaudación de impuestos indirectos, debido al repliegue comercial hacia la economía subterránea. Más grave aún: el propio andamiaje de los programas sociales se encuentra en riesgo. Las becas, subsidios y pensiones dependen hoy de la notificación y validación vía telefonía móvil. Al apagar las líneas, el Estado bloqueará el canal de comunicación con sus propios beneficiarios, cortando el cordón umbilical logístico que sostiene su principal capital político. A esto se sumará una tormenta jurídica de juicios de amparo y eventuales paneles de arbitraje internacional por la violación a los capítulos de comercio digital del T-MEC.

¿Cómo explicar entonces este empecinamiento que raya en la insensatez? La respuesta habita en la psicología del poder y en la fragmentación de la alta burocracia. Por un lado, opera la trampa del costo hundido y la soberbia política: recular o conceder una prórroga explícita, es leído por el gobernante como un síntoma de debilidad ante la oposición y las organizaciones civiles. Se prefiere el desastre operativo antes que la derrota narrativa. Por otro lado, presenciamos la ceguera provocada por las exigencias institucionales. A las agencias de seguridad y a los reguladores de telecomunicaciones les urge palomear su indicador interno de control; la viabilidad económica del país o la recaudación fiscal son problemas ajenos que pertenecen al escritorio de otra secretaría. Es el triunfo de la métrica burocrática sobre el sentido común nacional.

La terquedad gubernamental responde también a una estrategia sutil de presión psicológica: estirar la liga al máximo para inocular el miedo en la población y forzar el registro masivo de última hora. No obstante, el cálculo es erróneo porque subestima el tamaño del rezago tecnológico y material. Suspender el setenta por ciento de las telecomunicaciones, no es aplicar una sanción administrativa; es apagar el motor transaccional del país. El riesgo de despertar una antipatía política transversal es inmenso. El descontento no provendrá de los sospechosos comunes de la comentocracia, sino de las clases populares que verán su cotidianidad agredida de tajo. Ningún grupo político en el poder sobrevive al mal humor social que provoca la incomunicación masiva autoprovocada.

La objetividad obliga a anticipar que, para salvar la cara ante el abismo, el Estado se verá forzado a inventar un puente de plata en el último minuto: un periodo de gracia técnico o un bloqueo selectivo. Cualquier cosa antes que jalar el gatillo de un arma que apunta directamente a su propio pie. Que si, que puedo llegar a equivocarme y al final otra cosa termine sucediendo, de acuerdo. Pero no ponerle a la crítica, ni nombre ni apellido respecto a todas las condicionalidades que potencialmente se pueden derivar de un escenario semejante, sólo por el disgusto que la medida habrá de generar, es todavía peor. Al final como siempre he dicho y seguiré diciendo, cada cual que saque sus mejores conclusiones.

Yo por mi parte diré que si nada distinto ocurre, y en efecto el apagón comunicacional se llegara a concretar, este 30 de junio me he de quedar sin línea, no porque tenga algo que ocultar, sino sencillamente porque no me fío, ni de las intenciones de control del gobierno federal, ni mucho menos de su competencia para garantizar la seguridad de los datos que se exigen. Nuestra historia nacional reciente, es larga en ejemplos donde las mejores intenciones oficiales quedaron sin efecto, o muy por debajo de lo que originalmente pretendieron, porque somos una sociedad en la que históricamente ha prevalecido la informalidad, y lo ha hecho con tal ahínco, que más tardamos en dar un paso en un sentido, que luego damos dos en el sentido contrario. Es tiempo pues de observación y cautela.

Glosas del Poder.

Desde la CDMX: Teléfono descompuesto en el Gabinete. Fuego amigo: El inminente apagón celular ya desató una guerra sorda en el gobierno federal. Mientras los duros de la Comisión Reguladora insisten en no dar prórroga para "no mostrar debilidad", en Hacienda y Bienestar hay pánico puro. Ya advirtieron lo más que evidente, congelar millones de líneas tumbará la recaudación fiscal y bloqueará la entrega de programas sociales. La orden secreta es buscar un "ajuste técnico" de último minuto para justificar un aplazamiento sin que parezca un recule. La soberbia ya busca salida de emergencia.

Desde el Estado: El "chaleco antibalas" potosino. Cálculo de daños: En el Palacio de Gobierno de SLP no piensan pagar los platos rotos de un capricho centralista. El Ejecutivo sabe perfectamente que apagar el prepago en la Huasteca y el Altiplano –donde las remesas sostienen la economía– podría dinamitar el humor social. La instrucción interna es blindar las redes de comunicación locales y preparar programas de contingencia. Si la federación decide jalar el gatillo el 30 de junio, en el estado ya se pusieron el chaleco antibalas electoral.

Desde la Capital: Pánico en la Unidad Administrativa. Respiración contenida: En el Ayuntamiento de la capital ven con preocupación y cautela el freno de mano que se le vendría a la economía local. Si las aplicaciones de transporte, repartidores y terminales móviles de los pequeños comercios del Centro Histórico se apagan, el golpe financiero podría llegar a ser inmediato. La postura oficial del Alcalde ha sido la cautela absoluta: ni aplaudir el error federal, ni buscar pleito innecesario. En el municipio rezan para que el "puente de plata" llegue antes del desastre.