Ágora: ¿Es este el fin del pacto?

Por Emanuel del Toro.

¿Es este el fin del pacto?

El jueves pasado se hizo de conocimiento público que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga al ex Presidente Enrique Peña Nieto. Como era de esperarse las reacciones públicas no se han hecho esperar, porque de acuerdo con lo que se conoce, la investigación implicaría delitos tales como lavado de dinero, fraude fiscal, e incluso asociación delictuosa; pero ello no disipa la duda respecto las implicaciones políticas de la cuestión, ya que hace tiempo se ha dado por descontado la existencia de un acuerdo implícito entre la actual administración federal y el gobierno que le precedió.

Si bien al momento, al menos en lo formal, las autoridades sólo estarían pidiendo la aclaración sobre diversos movimientos sospechosos. Lo que hace posible que tanto la Fiscalía como la propia UIF se den por satisfechas con las explicaciones que ofrezcan todos aquellos que resultasen involucrados. No pocos se preguntan si lo que hoy ocurre verdaderamente se habrá de llevar hasta las últimas consecuencias, implicando el virtual rompimiento en el pacto del que alguna vez se habló entre ambas administraciones, o si como ya ha ocurrido en otros momentos, todo queda virtualmente congelado y se deja sin surtir la más mínima consecuencia, quedando como una mero distractor de coyuntura.

Si bien la cuestión tendría que tratarse de un tema estrictamente fiscal y/o jurídico, cuyas formas y/o modos se habrán de resolver de acuerdo a lo que la propia Fiscalía establezca, para dirimir si hay o no delito a perseguir. Y aún cuando el propio López Obrador ya ha hecho lo propio declarando públicamente que la cuestión no le compete y que habrán de ser los propios circuitos jurídicos del Estado mexicano los que resuelvan qué habrá de ocurrir. Es poco realista pensar que la cuestión no tenga en lo absoluto un trasfondo político, como se desprende de la estrategia de difundirlo desde el propio espacio matutino que la presidencia ocupa de lunes a viernes, para definir la agenda de lo público, lo que invariablemente ha convertido el tema en todo un hito mediático, que independientemente de su desenlace, promete estar en boca de todos por un buen rato.

Sin embargo, más allá del resultado final que la cuestión llegue a tener, es innegable que al convertirse el tema que se discute con nivel de exposición mediático, distintas son las lecturas que sin ser necesariamente excluyentes, se pueden hacer al respecto. Siendo la más cándida si cabe decirlo de ese modo, la que afirmaría que –al margen de las consecuencias jurídicas que verdaderamente llegue a tener sobre todos los implicados–, la actual coyuntura se trataría en toda regla de un rompimiento con aquella regla no escrita del sistema político mexicano, según la cual el gobierno en funciones respetaba la figura de los ex Presidentes, quienes en cierta medida gozaban de una especie de fuero “simbólico”, por medio del cual se garantizaba que no se tocarían sus intereses más inmediatos, lo que a su vez garantizaba la regularidad de la vida institucional del país.

Inercia que durante sexenios se ha mantenido, tanto por razones de gobernabilidad, como por motivos personales de los titulares del Ejecutivo, que a su vez se protegerían de forma anticipada, frente a la posibilidad de verse ellos mismos perjudicados una vez que han terminado su ejercicio de funciones. Así las cosas, la primera y/o más obvia implicación es que al menos en lo aparente, tal práctica habría llegado a su fin en la presente administración, concediéndole la razón a quienes a la fecha siguen pensando que la actual administración federal es una cuyos códigos y/o procedimientos serían genuinamente disruptivos frente a la política a la usanza del viejo régimen, con el que desde siempre ha intentado diferenciarse –una lectura con la que si bien no concuerdo en lo absoluto, no es menos cierto que existen quienes la tienen en cuenta.

Pero también una lectura que adolece en el no poder ofrecer una explicación satisfactoria al dilema de por qué esperar hasta el cuarto año en funciones para decidirse a proceder en contra de la pasada administración, cuando lo lógico es que se hubiera procedido desde antes, como un modo de asegurar los necesarios dividendos políticos para conseguir el triunfo de Morena en los comicios de 2021, de una manera más holgada. Pero incluso frente a los cuestionamientos que esta versión suscita entre propios extraños, se antepone la idea ya antes mencionada, respecto a la posibilidad de que existiera un pacto de impunidad entre la actual y la pasada administración. Algo que no tendría más base que la simple especulación.

Y es que no son pocos los que bien afirman que de haber tal pacto entre Peña Nieto y López Obrador, difícilmente se habría terminado procediendo como se lo hizo con el caso de Emilio Lozoya, al que incluso se le ha prodigado toda suerte de atenciones a cambio de que como testigo protegido del gobierno, termine inculpando y/o desvelando todo los pormenores de lo ocurrido durante su gestión a cargo de PEMEX. Sin contar que el triunfo del propio Obrador era en su momento tan incontrovertido, que nunca hubo en realidad una moneda de cambio con la cual negociar que el propio Peña Nieto terminara por intentar lo que desde siempre fue moneda común, que el Presidente saliente hiciera el intento por intervenir y/o manipular los resultados de la elección federal, como de hecho se presume que ocurrió en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón.

Una segunda lectura mucho más plausible que la hasta aquí esbozada superficialmente. Es que con la elección del Estado de México en puerta, la carta de Peña Nieto constituiría un recurso de emergencia para revitalizar el desgaste de imagen del actual Presidente y garantizar sí o sí el triunfo de Morena en dicha entidad. Y es que si se lo piensa seriamente, los cerca de 26 millones de pesos, por los que hoy se pretende investigar a Peña Nieto, es cosa de nada, frente a las implicaciones que el propio caso de Lozoya conjuga, –caso que comoquiera, está virtualmente paralizado–, ni que decir de lo que ha ocurrido en los casos en los que se ha terminado procesando a distintos ex Gobernadores, con los desenlaces más diversos, por no hablar de que comparativamente, las cifras que se manejan en dichos casos, hacen ver la actual investigación, como cosa de risa, burla o mero vacile; lo que hace presagiar que tras mucho ruido mediático, terminarán por aplicarle su consabido: ahí usted disculpe, ya se puede ir a casa. Desde luego como siempre digo, cada cual saque sus propias conclusiones.