Ágora: El espejismo del control: anatomía de un suicidio regulatorio. O el apagón de los olvidados – Parte II

El espejismo del control: anatomía de un suicidio regulatorio. O el apagón de los olvidados – Parte II

 

 Por: Mtro. Emanuel del Toro.

 

"El orden total es el sueño de la tecnocracia, pero la realidad humana siempre prefiere el caos de la libertad antes que la simetría de la prisión". — Zygmunt Bauman

En los últimos meses, el debate sobre el registro obligatorio de telefonía celular promovido por la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT), se ha centrado en la narrativa oficial de la seguridad nacional y la molestia ciudadana ante el trámite burocrático. Sin embargo, al levantar la alfombra de la coyuntura local y conectar los puntos con la geopolítica financiera contemporánea, descubrimos que el "apagón digital" no es un hecho aislado, o exclusivo del país como tal, sino el síntoma de una reconversión estructural mucho más ambiciosa. Mientras el discurso del gobierno mexicano se reviste de un encendido nacionalismo y soberanía, en los hechos de la era digital está pavimentando el camino para materializar las agendas más agresivas del globalismo tecnocrático.

Detrás de la reciente y discreta visita de los altos mandos de BlackRock a territorio nacional mexicano, no sólo se discutieron inversiones en energía o infraestructura tradicional. En el capitalismo de datos del siglo XXI, el verdadero “petróleo” o riqueza, son los datos biométricos, la identidad digital unificada y la trazabilidad financiera absoluta. Para los grandes fondos de inversión que controlan las corporaciones tecnológicas y de telecomunicaciones del planeta, un mercado donde poco más el 70% de los usuarios de telefonía celular se mantienen en el anonimato del prepago es un territorio ineficiente, un desierto de datos que urge civilizar bajo los estándares de la Agenda 2030 de la ONU.

Específicamente, la meta 16.9 de dicha agenda establece el compromiso global de proporcionar una "identidad jurídica digital para todos". Ante la incapacidad técnica y/u operativa del Estado mexicano para emitir documentos biométricos avanzados a toda la población de manera física, el teléfono celular se convierte en el "caballo de Troya" perfecto. Al amarrar por ley la Clave Única de Registro de Población (CURP) al chip telefónico, se construye, sin gasto público, la carretera de información que el Foro Económico Mundial y el Fondo Monetario Internacional exigen para la implementación de las Monedas Digitales de los Bancos Centrales (CBDC). El fin definitivo del dinero en efectivo y el nacimiento del control predictivo necesitan, por definición técnica, que el anonimato sea erradicado. El anonimato es el enemigo jurado del algoritmo, porque el algoritmo no puede etiquetar, predecir ni disciplinar a un fantasma.

Sin embargo, los diseñadores de la política pública, obsesionados con los manuales de gobernanza global de Davos, cometen el error histórico de asumir que la sociedad civil es una masa dócil que se alineará pacíficamente en las ventanillas del registro por temor a perder su conectividad. Ignoran la naturaleza misma de la economía mexicana. El empleo y el comercio informal no son sectores rígidos que se rompen ante el decreto; son un ecosistema vivo, adaptativo e hiperflexible que mutará de inmediato hacia la clandestinidad y la resistencia económica.

El impacto inmediato de la medida amenaza con profundizar la pobreza multidimensional, aislando el microcomercio y bloqueando las redes informales de remesas. Pero la calle no se quedará a pasar hambre. Con toda probabilidad terminaremos asistiendo a una involución técnica forzada de la economía popular. El comercio electrónico local podría terminar abandonando las transferencias rastreables para regresar en masa al modelo híbrido del "pago físico a contra entrega", coordinado en plazas públicas. Veremos filas interminables en tiendas de conveniencia de intermediarios depositando dinero físico en cuentas ya existentes, despojando al fisco de la trazabilidad en el punto de venta.

Más aún, el fenómeno provocará un resurgimiento nostálgico de tecnologías que la soberbia tecnocrática daba por muertas. Las ciudades pequeñas y los barrios populares podrían verse llenas de antenas de radiofrecuencia de dos vías, replicando a micro escala el espíritu del "Push-to-Talk" que dominó el país hace quince años mediante kits de comunicación comercial accesibles en el mercado privado por una fracción de lo que cuesta una renta celular. Al operar de antena a antena en frecuencias abiertas, estas comunicaciones civiles se vuelven inmunes al interruptor del Estado y completamente invisibles para el gran ojo del algoritmo predictivo. En las regiones más marginadas y rurales, la presión social obligará a revivir las casetas telefónicas comunitarias y el uso de los teléfonos públicos de monedas, el único reducto de comunicación verdaderamente anónimo e inexpugnable que le queda al ciudadano de a pie.

Ante la emergencia, la solidaridad de barrio ya teje sus propias redes de autogestión. En las colonias de bajos recursos se escucha ya el acuerdo comunitario de abrir los módems residenciales de internet fijo para compartir la señal de Wi-Fi con toda la cuadra, burlando colectivamente el apagón de los datos móviles. No obstante, esta romántica táctica de supervivencia de corto plazo, encierra una trampa sociológica peligrosa a largo plazo: la tragedia de los comunes. Al igual que en los regímenes colectivistas del siglo XX, cuando la carga económica y la saturación del servicio asfixien al ente productivo que paga la factura, el incentivo individual se romperá. El parasitismo social degradará la infraestructura compartida, y lo que inició como un acto de resistencia vecinal terminará socializando la miseria digital y destruyendo la confianza comunitaria.

Resulta profundamente cínico que un gobierno que abandera la narrativa de "Primero los Pobres" y el rechazo al neoliberalismo, actúe hoy como el brazo ejecutor más eficiente y punitivo de la agenda globalista de control, sin mover un solo dedo por amortiguar el golpe social que promete ocasionar. La contradicción es histórica: incluso la administración de Enrique Peña Nieto, con todas sus severas deficiencias y escandalosos señalamientos de corrupción, entendió durante el "apagón analógico" de la televisión que el Estado tenía la obligación de subsidiar y modernizar los equipos de los más desfavorecidos entregando millones de pantallas para mantener el tejido social conectado.

Hoy, el Estado se lava las manos bajo la premisa de la entrega de dinero directo, dejando al ciudadano desamparado ante una regulación de corte puramente policiaco y fiscal. No hay programas de dotación tecnológica, ni subsidios digitales; hay únicamente una burocracia operativa y una base de "Servidores de la Nación" que miran el proceso con una apatía cómplice, asumiéndose inmunes por pertenecer al bando del poder, mientras huelen que la medida es solo una llamarada de petate de oficinas reguladoras desconectadas de la realidad.

Al final, intentar meter a la fuerza a una población con más del 50% de informalidad laboral en un embudo digital hiperregulado no la formaliza ni la protege. El "aferre" regulatorio de la CRT terminará creando el peor de los mundos posibles para el poder: una economía subterránea mucho más grande, totalmente blindada en el efectivo, operando en redes de radio analógicas, y un tejido social profundamente resentido que habrá aprendido a sobrevivir dándole la espalda a las instituciones. El gobierno puede decretar el fin del anonimato en el papel, pero la calle, –armada con radios, efectivo, trueque y módems abiertos u otras estrategias parecidas–, siempre encontrará la grieta para seguir caminando en libertad.

Glosas del Poder.

Desde la Ciudad de México: La contradicción regulatoria. Mientras el discurso oficial defiende el registro por razones de seguridad, en las oficinas técnicas del regulador admiten que la prisa viene de compromisos internacionales de conectividad e identidad jurídica. El problema es que el diseño de la política pública se hizo desde el escritorio, ignorando que la extraordinaria complejidad con la que el mercado de prepago sostiene la economía digital del país. En el pecado regulatorio llevarán la penitencia: buscan control y obtendrán parálisis.

Desde San Luis Potosí (Estado): El Altiplano enciende la radio. La soberbia centralista ya topó con pared en las regiones potosinas más lejanas y/o profundas. Ante la amenaza del "apagón", comerciantes y transportistas de la Huasteca y el Altiplano decidieron no formarse en las ventanillas del Estado. Reportan proveedores locales que hay desabasto de equipos de radiocomunicación civil (CB) y antenas base. La economía informal no va a pedir permiso; simplemente apagará el celular y encenderá la frecuencia abierta.

Desde San Luis Potosí (Capital): Pánico en la estructura electoral. Donde el cortocircuito es total es en la delegación de los programas de bienestar en la capital potosina. Bajo estricto anonimato, coordinadores de los "Servidores de la Nación" admiten su pánico: si el apagón digital avanza, perderán el contacto celular con miles de beneficiarios en colonias como las Terceras o las Julias. La apatía de la burocracia local es puro instinto de supervivencia; saben que el Frankenstein regulatorio amenaza con desconectar a su propia base electoral.

 

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