Ágora: El dilema potosino de 2027: La democracia del mal menor

El dilema potosino de 2027: La democracia del mal menor.

          Por: Mtro. Emanuel del Toro.

“Entre dos males, siempre elijo el que nunca he probado antes”. — Mae West

El calendario político avanza de manera inexorable y, con la cercanía del relevo gubernamental en San Luis Potosí, el ambiente ciudadano comienza a teñirse de un pragmatismo tan crudo como desolador. En las conversaciones de café, en los corrillos políticos y en el sentir de la calle, la pregunta sobre qué ofrece realmente el panorama rumbo a 2027 no se responde con esperanza, sino con una profunda resignación. La ciudadanía potosina se encuentra atrapada, una vez más, en esa suerte de juego macabro en el que las elecciones dejaron de ser una plataforma para elegir al más apto, y se convirtieron en cambio, en un sombrío ejercicio de descarte para votar por el menos perjudicial posible.

A bien de decirlo como corresponde, por mucho que resulte incómodo e indignante, –o cuando menos debiera serlo–, no hay un sólo perfil en el tablero que se presente con las manos limpias, o libre de cuestionamientos severos; la boleta que se vislumbra en el horizonte parece más un catálogo de expedientes abiertos y sombras del pasado, que una oferta genuina de desarrollo y bienestar para el estado de San Luis Potosí. Así de mal estamos, pero eso es lo que hay.

Entre las figuras que comienzan a polarizar la opinión pública destaca la del huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, cuya irrupción en el escenario político de cara a la gubernatura genera tantas dudas como alineaciones pragmáticas. Es un secreto a voces, expuesto de forma obvia en el debate público, que el empresario no llega con un historial inmaculado; sobre sus hombros pesa una cola larga y difícil de ocultar que lo vincula de manera insistente con el fenómeno del huachicol y con asignaciones contractuales millonarias bajo sospecha.

Objetivamente, sus flancos débiles son inocultables. Sin embargo, para efectos estrictamente políticos y de supervivencia electoral, una parte sustancial de quienes consideran respaldarlo no lo hace por una ciega convicción en sus virtudes cívicas, sino porque termina funcionando bajo la lógica del mal menor. El fenómeno se explica porque, en el espejo de la acera de enfrente, la otra opción se percibe como un escenario todavía más terrible y devastador para las instituciones locales. Para este sector del electorado, el huasteco se convierte en la única cuña disponible para frenar en seco el intento de consolidación de un cacicazgo absoluto, encarnado en la figura de Ricardo Gallardo Cardona, el polémico gobernador saliente, y el grupo político que busca perpetuar su hegemonía.

La paradoja del escenario actual es que el tablero político carece por completo de héroes; lo que impera es un catálogo de debilidades estructurales y pasados que arrastran deudas pendientes con la legalidad y la moral pública. Si se observa a la oposición tradicional, la figura del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, sigue estando perseguida por la sombra indeleble de los episodios de represión y los operativos cuestionables cometidos durante su gestión como jefe de la policía a nivel nacional. Por otro lado, la alternativa oficialista que busca dar continuidad al proyecto del gallardismo vía la postulación de la actual senadora Ruth González Silva, –catalogada con frecuencia por sus detractores como una figura meramente ornamental–, carga con el peso muerto de su total inexperiencia, sumada a la omnipresente sombra de su marido y las constantes sospechas de nexos criminales que han rondado a ese grupo político desde sus orígenes en el vecino municipio de Soledad. El panorama es generalizado: el huachicol de un lado, la represión institucional del otro, y el espectro del crimen organizado completando el triángulo de opciones que se le presentan al ciudadano.

Ante este panorama de degradación institucional por demás profundo, el análisis de fondo deja implícito un fenómeno sociopolítico de gran relevancia: una parte muy importante del electorado local da por descontado que la quimera ideológica y retórica llamada la Cuarta Transformación, va a continuar en el estado de una u otra manera, pero prefiere de forma tajante que sea con otra persona en el timón. Se está dispuesto a tolerar que ese nuevo conductor de los destinos potosinos tenga cosas que no puede explicar del todo en su patrimonio o en sus negocios, siempre y cuando sirva como un dique de contención contra el control total del aparato estatal por parte del grupo gobernante actual.

Esta postura, que desde fuera podría parecer contradictoria o incluso suicida, responde a una singularidad histórica y cultural que es muy propia de la idiosincrasia potosina. Los sectores más tradicionalistas de San Luis Potosí han operado históricamente bajo una máxima pragmática y un tanto cínica: si la dinámica del poder central o de las circunstancias locales nos va a mantener con la bota en el cuello, el orgullo regionalista dicta que preferimos que al menos el bruto de turno sea de casa, un rostro conocido y local, y no un agente foráneo o una imposición ajena a los códigos tradicionales del estado.

Es una realidad dolorosa que retrata el nivel de descomposición y desencanto en el que se encuentra sumergida la política local, reflejo fiel de una crisis democrática nacional. Las campañas que se avecinan hacia 2027 no se definirán por el contraste de ideas, la viabilidad de los proyectos económicos o la solidez de las políticas de seguridad, sino por la eficacia con la que cada bando logre explotar los miedos y los rechazos que genera el adversario.

En tales condiciones, el voto potosino se perfila para ser un sufragio puramente defensivo y estratégico, donde ganar consistirá simplemente en convencer al elector de que el monstruo propio es menos destructivo que el ajeno. Al final del día, el verdadero derrotado en este proceso es el entusiasmo ciudadano y la posibilidad de un cambio auténtico, dejando en su lugar una democracia cansada, resignada a elegir entre sombras y a aceptar que, en el San Luis Potosí de nuestros días, la política ya no es el arte de buscar el bien común, sino la trágica necesidad de administrar el tamaño del desastre. Vaya si estamos para llorar.

Glosas del Poder.

·       Desde Ciudad de México: En los pasillos de Bucareli y las oficinas de Morena en la capital del país, el expediente de San Luis Potosí se observa con pinzas y pragmatismo. Los operadores nacionales tienen claro que la alianza con el Partido Verde en el estado es un matrimonio de conveniencia que genera cada vez más fricciones locales, pero que sigue aportando números clave a la hora de las reformas constitucionales. El dilema central en el centro del país radica en si permitirán que el gallardismo imponga una sucesión directa para consolidar su feudo o si darán luz verde a perfiles alternos bajo las siglas guindas, como vía de escape para la militancia fundadora que se siente desplazada por el control del Ejecutivo estatal. La instrucción cupular es estirar la liga sin romper la coalición, aunque eso signifique tolerar que los aspirantes se despedacen públicamente en la arena potosina.

·       Desde la entidad potosina: Al interior del estado, la fractura geopolítica entre las regiones y la capital comienza a ensancharse conforme se mueven las fichas para la sucesión. En la Huasteca y la zona Media, las estructuras locales resienten el centralismo de las decisiones tomadas en el altiplano potosino y la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos para infraestructura. La narrativa de rescatar el orgullo regional frente al dominio de la capital se está convirtiendo en la principal bandera de los liderazgos locales, quienes ven en la coyuntura de 2027 una oportunidad histórica para sacudirse el yugo político central. El desencanto con las promesas de bienestar ha provocado que las bases comunitarias comiencen a escuchar ofertas de cualquier bando que garantice autonomía y un freno al avance de la hegemonía gallardista.

·       Desde la Capital: En el municipio de San Luis Potosí, el ambiente político se vive bajo una atmósfera de constante tensión y parálisis administrativa debido a la confrontación abierta entre el palacio municipal y el palacio de gobierno. La capital del estado se ha convertido en el principal bastión de la resistencia opositora y en el laboratorio donde se mide el desgaste real del gallardismo. Los grupos empresariales y los sectores más tradicionales de la sociedad civil potosina operan activamente para blindar la zona metropolitana de lo que consideran una incursión destructiva por parte del oficialismo estatal. Mientras el alcalde intenta equilibrar su permanencia política con la presión de sus cuentas públicas, los ciudadanos de la capital observan cómo la disputa por el control territorial de 2027, frena o realentiza los proyectos de seguridad y suministro de agua, convirtiendo los servicios básicos en moneda de cambio electoral.