Ágora: La paradoja de la transición: de la consolidación democrática al laboratorio de la regresión institucional

La paradoja de la transición: de la consolidación democrática al laboratorio de la regresión institucional.

Por: Mtro. Emanuel del Toro.

Como Politólogo y Psicólogo que soy, resulta profundamente triste y desconcertante darse cuenta de que has dedicado más de la mitad de toda tu vida a estudiar, analizar y, en cierta medida, defender un régimen político que hoy simplemente no existe más. Lo que es aún peor y más desolador: no se sabe si alguna vez habrá de volver. Durante décadas, la academia y el debate público se centraron en agendas que hoy parecen lujos de otra época. En la actualidad, hemos pasado de preguntarnos por las razones de la calidad de la democracia, los alcances de la reforma del Estado, o los mecanismos de la gobernabilidad y la gobernanza democráticas, a la incertidumbre cruda y elemental de resolver cómo es que podremos recuperar alguna vez la propia democracia en su definición mínima, o si no será, por el contrario, que hemos entrado de lleno a un camino autoritario sin retorno del que, si bien nos va, nos llevará generaciones enteras recuperarnos.

Esta mutación del paisaje político no sólo representa una crisis estructural para el país, sino un quiebre identitario y profesional para quienes nos formamos bajo las premisas de la transición democrática. En lo personal, me enfrento constantemente a la sensación de que nada de lo que alguna vez estudié con pasión y rigurosidad —conceptos que considerábamos pilares como la democracia liberal, los procesos de democratización y cambio de régimen, la ingeniería electoral de la representación proporcional, los ciclos de la democracia competitiva o la misma formación del Estado moderno— tuviera la más mínima importancia o utilidad en el contexto actual. Toda la literatura politológica de la tercera ola democratizadora parece haber sido archivada y sustituida por un pragmatismo feroz cuyo único objetivo es consolidar un régimen de partido hegemónico. En este nuevo diseño, el resto de las fuerzas políticas, el pluralismo y la propia división de poderes son apenas una vil simulación, un decorado institucional que se doblega sin apenas resistencia al capricho y las directrices del gobierno en turno.

Me da muchísima tristeza e impotencia ver el país que hoy tenemos: una estructura institucional totalmente hecha pedazos y gobernada por una clase política que ha demostrado ser incluso peor que la de toda la vida. Sin embargo, verbalizar este diagnóstico se ha vuelto una tarea estéril y desgastante, porque ya ni decirlo tiene sentido en un entorno donde la deliberación pública está clausurada. Encima, no falta quien llega a pensar, desde el reduccionismo ideológico, que quienes pensamos como en estas líneas lo expreso nos dolemos de haber perdido algún supuesto privilegio de clase o de poder. La realidad es diametralmente opuesta: hoy por hoy los privilegios siguen más vigentes que siempre en el sistema, sólo que han cambiado de manos. Hoy se concentran con total opacidad en las manos de aquellos que, sin importar su pasado de corrupción, su incongruencia personal o sus banderas anteriores, dicen comulgar ciegamente con el régimen en funciones. La retórica de la austeridad y la justicia social ha servido, paradójicamente, para cobijar a una nueva élite tan rapaz como las anteriores, pero blindada por un discurso de pureza moral.

Por eso, como mecanismo de preservación intelectual y personal, yo de política ya no hablo, y mucho menos con aquellos que, lo reconozcan o no, ostentan posiciones militantes. Hablar con militantes —y en esto me da exactamente lo mismo si se adscriben a la izquierda o a la derecha, porque en la praxis los extremos se tocan y se terminan pareciendo entre sí— es la cosa más jodidamente improductiva que hay. La razón es sencilla: ambas posiciones del espectro político piensan, o pretenden pensar, a partir de verdades a medias. Y en la ciencia de los hechos, bien sabemos lo que se dice: las verdades a medias son completas mentiras. El debate con la militancia no busca la verdad ni el diagnóstico certero, sino la validación de un dogma y la aniquilación retórica del disidente. Esto representa francamente una falta de respeto al criterio propio, al sentido común y a la realidad misma que observamos todos los días. Estoy lo que le sigue de asqueado de lo mucho que hemos retrocedido en términos de civilidad política, tolerancia y debate público desde que esa quimera ideológica llamada la "Cuarta Transformación" irrumpió en el escenario nacional, dinamitando los puentes de entendimiento racional.

Y esto lo digo con la autoridad moral y la frustración de haber sido parte activa en promover que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia en el año 2018. De hecho, le voté conscientemente en dos ocasiones: en 2012 y en 2018. Insisto deliberadamente en este punto de mi historial electoral porque con frecuencia, cuando expongo mi opinión técnica y ciudadana, no falta la horda de aplaudidores del oficialismo que me atacan de inmediato. Buscan descalificar el argumento sugiriendo que mi opinión nace del odio visceral por haber perdido algún privilegio indebido, de tener familia que seguramente vio tocados sus intereses económicos, o de ser un estereotipo de "riquillo de las Lomas" —con el perdón de mis propios amigos que viven en esa zona— cuya única actividad es quejarse del mundo o de la vida, posteando consignas en redes sociales desde la comodidad y el aislamiento de un Starbucks.

Nada más lejos de la realidad y de mi vida cotidiana. Yo de privilegios no conozco ninguno, porque jamás los he tenido y, al paso que voy en este mercado laboral precarizado, –que se ha robado mis sueños de juventud más añorados de poder tener estabilidad finaciera, un patrimonio y hacer mi propia familia–, dudo mucho que alguna vez los llegue a tener. Si realmente tuviera esos privilegios de los que me acusan, quizá no contaría los pesos de la mano cada semana; no me la pasaría rechazando invitaciones a salir con amigos por la sencilla razón de no tener un sólo peso en la bolsa, como es que rutinariamente me sucede. Aunque rara vez lo diga por decoro, la más de las veces no llego a fin de mes. Es más, siendo brutalmente honesto, no llego a fin de mes desde hace una década, así de complicada es mi situación. Decir lo que piensas de lo público en una sociedad tan terriblemente intolerante y polarizada, puede a veces tener un costo personal por demás severo. Mi crítica, por tanto, no emana del bolsillo herido de un oligarca, sino de la frustración de un ciudadano de a pie que ve cómo se destruye el futuro público mientras su economía privada sigue siendo una batalla diaria por la supervivencia.

Pero a juzgar por la acumulación de excesos cometidos tanto por la administración lopezobradorista como por la de su sucesora, la decepción técnica es ineludible. Las insuficiencias y las alarmantes torpezas de su personal estilo de gobernar, sumadas a la endeble situación estructural en la que hoy está el país, pintan un panorama trágico. Los datos duros —esos que la disciplina nos obliga a revisar— son contundentes: nos encontramos con un aumento de la deuda pública al doble, con sectores estratégicos y vitales como la salud y la educación completamente desatendidos, y con un alza de violencia generalizada que ya no se puede ocultar por más que el gobierno maquille, reclasifique o altere el modo en el que reporta los homicidios y las desapariciones.

El colapso de la gobernabilidad democrática no se limita a una mera percepción de la disidencia, sino que se materializa en indicadores macroeconómicos y sociales que configuran una radiografía de la regresión. En el ámbito fiscal, la narrativa de la "austeridad republicana" se desmorona frente al comportamiento del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público. Al inicio de la gestión en diciembre de 2018, la deuda pública más amplia del país rondaba los 10.5 billones de pesos; sin embargo, los informes oficiales de la Secretaría de Hacienda confirman que para el cierre de julio de 2026, la cifra ha roto récords históricos al superar los 19.2 billones de pesos (alcanzando los 20.6 billones de pesos en la medición de deuda bruta federal). Este incremento nominal cercano al 80% —que ya empuja el endeudamiento por encima del 51.5% del PIB— desmiente categóricamente la promesa de una disciplina financiera incorruptible y compromete el margen de maniobra del Estado para las próximas décadas.

Esta asfixia presupuestaria coexiste con la peor crisis de seguridad del país en décadas. A pesar del sistemático esfuerzo gubernamental por reclasificar delitos o matizar los promedios diarios en las conferencias matutinas, las bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del INEGI revelan que el periodo de López Obrador concluyó en lo formal como el sexenio más violento de la historia reciente, acumulando cerca de 200,000 homicidios dolosos. El hecho de que la violencia generalizada y el control territorial del crimen organizado persistan de forma estructural destruye cualquier noción de "gobernanza democrática", dado que el Estado abdica de su función primigenia: el monopolio legítimo de la fuerza y la pacificación del territorio.

El tejido social que sostiene la civilidad política ha sido fracturado mediante una estrategia deliberada de polarización que instrumentaliza las deficiencias de nuestro desarrollo multidimensional. Si bien los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportan reducciones en la pobreza general por transferencias monetarias directas, los mismos informes técnicos muestran deficiencias alarmantes: más de 46 millones de personas permanecen atrapadas en la pobreza, mientras que el acceso a servicios básicos como la salud sufrió un colapso histórico sin precedentes. Esta vulnerabilidad estructural no se atiende como un problema de política pública redistributiva, sino que se utiliza desde el púlpito presidencial para alimentar un "sesgo de confirmación militante". La movilización de este resentimiento —que divide artificialmente al país entre el pueblo virtuoso “sabio y bueno” y los supuestos oligarcas “fifís conservadores” despojados de privilegios— anula la posibilidad de construir un consenso democrático y convierte al pluralismo en un enemigo a erradicar. Al final, los datos demuestran que el régimen actual no vino a redistribuir el poder a favor de las mayorías, sino a centralizarlo mediante el empobrecimiento institucional.

Lo que no me quita de decir que no creo en la estrategia de las transferencias monetarias directas; primero, porque no resuelve de fondo nada, sólo lo enmascara; y segundo, porque compromete severamente la independencia ciudadana para elegir libremente al momento de votar, ante el miedo de perder el apoyo que se recibe. Porque lo que estos gobiernos de la “transformación” han hecho, es transformar ciudadanos libres y juiciosos en meros clientes electorales, con los que como dijera alguna vez el propio López Obrador, se va a la segura para ganar, y a los que no se tiene la más mínima razón para sacar de la pobreza de manera seria y sostenida, porque si mejoran y salen de pobres, como dijera Yeidckol Polevnsky, luego se les olvida de dónde vienen y ya no nos votan.

A esto se le suma un severo y sistemático desmantelamiento institucional que ha pulverizado de manera injustificada todo lo que se había construido y perfeccionado en las décadas anteriores mediante el consenso de diversas fuerzas políticas. Hoy presenciamos un aparato estatal que prefiere la lealtad ciega por encima de la capacidad técnica, lo que ha provocado el colapso operativo de las agencias reguladoras y los sistemas de contrapeso, acompañado de una preocupante hipervigilancia e intimidación hacia los opositores, periodistas y disidentes. No podría sentirme más arrepentido, horrorizado e incluso profundamente avergonzado de haber pensado, de buena fe y con las herramientas de análisis de ese momento, que realmente harían lo que durante dos décadas prometieron en las plazas públicas que harían.

Para el caso, la evaluación histórica es catastrófica: no sólo no cumplieron con las promesas de justicia, equidad y democratización profunda, sino que encima han echado a perder lo poco que funcionaba con mediana eficacia. Comenzando, de manera alarmante, por los propios mecanismos electorales y las reglas de acceso al poder. Hoy por hoy, las condiciones de la competencia equitativa están virtualmente cercenadas o severamente limitadas mediante reformas regresivas y la captura política de los órganos arbitrales. Esto se antoja no sólo ridículo e indignante, sino profundamente contradictorio y paradójico desde la teoría de juegos y el análisis político: fueron precisamente esas mismas condiciones institucionales de equidad, transparencia y arbitraje independiente —esas que ahora se encargaron de alterar severamente hasta volverlas irreconocibles o una débil sombra de lo que originalmente fueron— las que les permitieron a ellos competir, protegerse de los abusos del viejo sistema y, finalmente, volverse gobierno.

Al dinamitar la escalera por la que subieron, no sólo traicionaron a sus votantes, sino que clausuraron la viabilidad de la alternancia pacífica para las próximas generaciones. Es aquí donde mi formación como Politólogo y Psicólogo converge en un diagnóstico amargo. Lo que enfrentamos no es meramente un cambio de reglas en el tablero público, sino la instauración de una desesperanza aprendida a escala colectiva, diseñada minuciosamente para que el ciudadano de a pie asuma la sumisión como única vía de supervivencia. El verdadero triunfo de este régimen autoritario no radica en el control de las urnas ni en la manipulación de los datos macroeconómicos, sino en haber fracturado la psique de una sociedad que hoy prefiere el dogma y el aplauso ciego antes que enfrentar la dolorosa disonancia de aceptar que el proyecto en el que depositaron su fe terminó por devorar su propio futuro. Mexico duele y preocupa.