Ágora: El balotaje brasileiro o el problema de la política como guerra tribal. Un análisis incómodo pero necesario

El balotaje brasileiro o el problema de la política como guerra tribal. Un análisis incómodo pero necesario

Por: Mtro. Emanuel del Toro.

“El peor enemigo de la libertad es el exceso de libertad, pero el peor enemigo de la democracia es la incapacidad de sus propios ciudadanos y líderes para tolerar la existencia de quien piensa diferente.” — Giovanni Sartori

La resaca electoral que hoy experimenta América Latina, con el espejo reciente de la segunda vuelta en Brasil, confirma un patrón de desgaste estructural que se instala en la médula de nuestras repúblicas. Con más del 99% de las casillas computadas, el Tribunal Electoral oficializó una remontada histórica: el agónico triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva con el 51.7% de los sufragios frente al 48.2% de Flávio Bolsonaro. El vuelco definitivo en este balotaje, que revirtió el contundente avance de la derecha en la primera ronda, ha sido recibido por aquellos que son afines al lulismo con un gozo místico, asumiéndolo como un dique heroico frente al intervencionismo y al fascismo.

Sin embargo, detrás de la retórica de emancipación popular, yace una realidad incómoda que los observadores suelen obviar. Las democracias latinoamericanas padecen una incapacidad crónica para generar coaliciones de gobierno estables, arrastrando la idea de que el único modo de ejercer el poder es a través de presidencialismos hipertrofiados que gobiernan mediante el decreto, el chantaje presupuestal o la asfixia del disidente. Esta distorsión nace de una ilusión aritmética arraigada en nuestros sistemas, tan enamorados del presidencialismo. El balotaje funciona como una fábrica de mayorías artificiales. Un candidato alcanza la presidencia con el cincuenta y un por ciento de los votos y asume el cargo imbuido de una convicción mesiánica, reclamando un mandato absoluto.

El problema es que esa mayoría es un espejismo creado para elegir a un individuo, una fotografía instantánea que no se traduce en la composición real del Congreso. La fuerza legislativa, determinada semanas antes en la primera vuelta, suele reflejar una sociedad atomizada, plural y hostil al proyecto del Ejecutivo. Bajo esta lógica, el gobernante despierta al día siguiente de su elección atrapado en la paradoja del presidencialismo de coalición llevado al extremo. Se encuentra semi paralizado o debilitado, y necesariamente obligado a negociar ley por ley con un parlamento fragmentado que no arriesga su supervivencia si el presidente fracasa. Lula enfrentará al Congreso más conservador de sus mandatos, donde el bloque bolsonarista del Partido Liberal controla 121 de los 513 escaños en la Cámara de Diputados y 28 de las 81 curules del Senado, condicionando cualquier reforma.

Ante la parálisis legislativa que compromete la gobernabilidad, la tentación de los oficialismos ha sido abandonar el consenso para adentrarse en la trinchera de la polarización afectiva. La progresión de Lula es sintomática de un malestar regional que también se observa en México. Liderazgos que iniciaron sus trayectorias bajo el manto del pragmatismo terminan atrapados en una retórica de confrontación sistemática una vez que se asientan en el poder.

La consecuencia inmediata es la degradación del debate público, que deja de ser un espacio técnico para convertirse en un tribunal moral. La oposición ya no es un interlocutor válido con el cual contrastar visiones de país, sino un enemigo de la patria al que se debe destruir. Esta beligerancia no es un exabrupto pasional, sino una estrategia deliberada de cohesión electoral alimentada por mera conveniencia política. Al dividir la realidad nacional en dos bloques irreconciliables, –incluso sugiriendo que quien no comulga con el oficialismo es porque está necesariamente alineado con potencias extranjeras–, los gobiernos logran desviar la atención de sus propias incapacidades estructurales y de la falta de resultados tangibles en áreas críticas como la seguridad pública o el desarrollo económico, transformando la gestión pública en una guerra tribal permanente.

En el polo opuesto de la parálisis brasileña se encuentra el fenómeno mexicano de “llevarse el carrito completo”. Cuando la polarización rinde frutos tan aplastantes que una sola coalición oficialista se hace de la presidencia y de las mayorías calificadas en el Congreso con la ayuda de partidos bisagra que –pese a su escasa importancia política– alquilan sus siglas al mejor postor, el poder legislativo se reduce a una oficina de trámite del Ejecutivo. La aplanadora aprueba reformas constitucionales sin cambiarles una sola coma, silenciando a la mitad del país que votó por opciones distintas. Bajo el ardid de la eficiencia, se desata un desmantelamiento institucional destinado a debilitar a los contrapesos autónomos, a los tribunales y a los organismos electorales.

Es aquí donde la retórica populista comete su mayor deshonestidad intelectual. Se denuncia el imperialismo o la injerencia extranjera cuando proviene de Occidente –entiéndase EUA y/o Europa o cualquiera de las potencias centrales tradicionales–, pero se justifica la solidaridad de los pueblos cuando el andamiaje ideológico es apalancado por los petrodólares de dictaduras regionales o por la asistencia técnica y militar de autocracias eurasiáticas. Sustituir la influencia de Washington por la subordinación financiera a Pekín o Moscú no es emancipación; es simplemente un cambio de tutor geopolítico.

Esta degradación institucional se complementa con una economía fiscalmente insostenible. Si bien la reducción de las desigualdades es urgente en América Latina, el modelo adoptado por el socialismo del siglo veintiuno prioriza el asistencialismo clientelar basado en transferencias directas de efectivo por encima de un verdadero Estado de bienestar. Al repartir subsidios de manera discrecional, el líder no construye ciudadanos con derechos universales, sino clientes electorales dependientes del partido en el poder. La paradoja radica en que, para sostener esta gigantesca carga financiera de rentabilidad electoral inmediata, el Estado hipertrofiado estrangula presupuestalmente a sus áreas técnicas estratégicas, descuidando la infraestructura crítica, la investigación científica y la salud pública. El aparato estatal crece de manera ineficaz, multiplicando los puntos ciegos que favorecen la opacidad, la asignación directa de contratos y una corrupción orgánica que se democratiza bajo la bandera de la lealtad ciega.

Curiosamente, este colapso por asfixia fiscal y rigidez demográfica no es exclusivo de las economías en desarrollo. Europa hoy experimenta la crisis de su propio Estado de bienestar –llamado Estado providencial–, diseñado bajo la premisa de una pirámide poblacional hoy invertida debido a las bajísimas tasas de natalidad. El intento europeo de sustituir ese bono demográfico con oleadas migratorias no cualificadas, principalmente venidas del norte de África y Medio Oriente, ha detonado tensiones culturales y sociales insalvables, demostrando que la migración masiva sin asimilación de valores laicos suele ser un costo negativo para los servicios públicos. Si bien las condiciones estructurales en América Latina resultan divergentes, la crisis que hoy se observa en Francia y Europa en general, pone en perspectiva que no existen respuestas sencillas a tales dilemas. A veces, las soluciones que en el papel presumen eficiencia terminan desencadenando escenarios impredecibles, cuyos costos civilizatorios resultan a la postre mucho más onerosos que los conflictos que originalmente pretendían mitigar.

Por lo tanto, el verdadero peligro de este ciclo de parálisis, polarización y asfixia presupuestal es el actor que de las sombras emerge para convertirse en el árbitro definitivo de la viabilidad del Estado: los estamentos militares. A diferencia del siglo pasado, cuando en el marco de la Guerra Fría, las fuerzas armadas, adoctrinadas bajo la infame Doctrina de la Seguridad Nacional, deponían violentamente a los gobiernos mediante golpes de Estado tradicionales, en el siglo veintiuno la militarización ocurre de manera legal y desde dentro del propio sistema democrático. Gobiernos civiles debilitados, asustados por su propia incapacidad para gobernar en minoría o urgidos de blindar su hegemonía frente a futuros relevos electorales, entregan voluntariamente a los cuarteles el control de la seguridad pública, las aduanas, los puertos, los aeropuertos y la infraestructura. Al otorgarles autonomía económica y presupuestos independientes de la fiscalización ciudadana, el poder político civil compra una lealtad cara que termina subordinando las instituciones republicanas a la tutela del Estado profundo.

Más allá de la coyuntura o el resultado, y lo que habrá de implicar en términos de ejercicio del poder para la regularidad de la política en el coloso sudamericano. Lo ocurrido en Brasil debiera servirnos, no para alentar el triunfalismo o el fatalismo reduccionista de las posiciones militantes de ambos polos del espectro político, sino para poner el dedo en la llaga sobre lo peligroso que resulta la polarización. Cuando la política civil renuncia a la cohabitación democrática y sustituye el diálogo por la lógica del enemigo, la estabilidad de la nación deja de depender de las leyes para quedar en manos de las burocracias armadas. La incapacidad persistente de América Latina para construir coaliciones estables está pavimentando el retorno de un tutelaje militar silencioso que la región ya ha pagado muy caro en su historia, recordándonos que cuando la democracia se niega a reconocer la legitimidad de quien piensa distinto, termina cavando su propia fosa institucional.