Ágora: Ejercicio del poder y ciudadanía en México. Un problema pendiente

Ejercicio del poder y ciudadanía en México. Un problema pendiente.

Parece mentira decirlo, pero hoy a más de 20 años de inaugurada formalmente nuestra democracia, seguimos viendo que por una u otra razón el común de la ciudadanía sigue como en los primeros días del proceso de democratización altamente insatisfechos con las posibilidades que el sistema político ofrece. Sin embargo a diferencia de lo que sucedía entonces, cuando se decía que la clave se hallaba en garantizar la celebración regular de elecciones libres, justas y competitivas, con los años terminaríamos comprobando con algo de desilusión y bastante disgusto, que igual que sucediera antaño, los gobiernos libremente elegidos no necesariamente ofrecerían buenos resultados de gobierno.

No es pues la primera ocasión que utilizo el presente espacio para exponer la estrecha relación que existe entre la existencia regular de mecanismos que garanticen un acceso al poder libre de dudas y/o problemas de legitimidad con la necesidad de acompañar tales mecanismos, de otros tantos recursos institucionales capaces de garantizar que quienes en efecto se hacen con las primeras posiciones en la titularidad del Estado, ejerzan su autoridad con apego a leyes que limiten y/o sancionen los abusos de poder y los excesos cometidos por autoridades.

Hasta aquí todo bien, que no es lo mismo cómo formamos gobiernos, que cómo tales gobiernos ejercen su autoridad es apenas la primera de las distinciones por hacer cuando del funcionamiento de una democracia hablamos. El problema está en que si bien una cosa no necesariamente garantiza la otra, no es menos cierto que la más mínima ausencia o disminución en ambas aristas, compromete la viabilidad de todo el andamiaje institucional de una democracia.

Para decirlo claramente, aún si se garantiza que quienes lleguen al poder lo hagan respetando condiciones de competencia electoral equilibradas, llevar al poder a gobiernos que no tienen una idea clara de sus responsabilidades y/o limitaciones legales puede terminar convirtiendo un gobierno libremente elegido en una quimera institucional con escasas o nulas capacidades para atender eficientemente sus responsabilidades.

Del mismo modo, se podría llegar a tener una sociedad donde el Estado funciona razonablemente bien delimitando con claridad las capacidades institucionales para ejercer el poder, pero es un hecho que si no se garantiza que el acceso al poder se haga, resolviendo que todos los que aspiren a gobernar tengan idénticas posibilidades de hacerlo, difícilmente veremos que el orden político en el que vivimos se vaya a volver una realización capaz de resolver eficientemente las disputas resultantes de la formación de gobiernos.

En tales condiciones lo lógico es pensar que bastaría con resolver el problema de la legalidad, garantizando que nadie esté ni por encima, ni al margen del poder del Estado. Sin embargo por múltiples razones la legalidad ha sido históricamente una de nuestras más grandes falencias institucionales. Lo ha sido en buena medida, porque no hemos terminado de construir nuestro Estado de Derecho eficiente, tanto como porque siempre han quedado pendiente, problemas mucho más complejos, tales como la identidad nacional o el afianzamiento de élites políticas capaces de generar los acuerdos políticos duraderos, que garanticen la gobernabilidad del país más allá de lo estrictamente operativo y/o de presupuesto.

Si no fuera ya fuera ya lo bastante complicado pensar en función de la legalidad o de la propia gobernabilidad, adolecemos en igual o mayor proporción de un preocupante déficit de ciudadanía. La cosa es que no sólo tenemos problemas importantes para garantizar nuestra legalidad, con todo lo que ello acarrea, encima son pocos o nulos los espacios y/o plataformas a través de los cuales la ciudadanía se hace presente para exigir que los gobiernos cumplan sus responsabilidades sin pasar por alto ninguna condicionalidad institucional que comprometa la libertad y el respeto a los ciudadanos, así como al diálogo con estos.

Lo expongo de este modo, porque si realmente deseamos que el país supere sus grandes carencias institucionales en materia de ejercicio del poder, resolviendo de una vez por todas, problemas tan diversos como la aplicación diferenciada de ley, la impunidad o la corrupción misma, es preciso irnos acostumbrando como ciudadanos, no sólo a inconformarnos con las malas prácticas de gobierno, sino que además tengamos la disposición de encararlas, presionando para un diálogo franco y sin concesiones de ningún tipo, donde ante todo, se respete los compromisos que se han establecido en tiempos de campaña, sin que hacerlo signifique poner en peligro la regularidad de nuestros Estados en otras áreas.

Porque será eso o seguir alimentando el caldo de cultivo perfecto no sólo para que muchas de nuestras más molestas problemáticas se sigan reproduciendo, sino para que además el grueso de la sociedad termine como ha sucedido ya antes en distintas latitudes, desencantada y decididamente enfadada con las posibilidades reales de nuestras jóvenes democracias latinoamericanas para perfeccionarse y/o mejorar. Lo que puede resultar mucho más complejo que resolver razones en el diseño institucional de un país, o de favorecer determinados equilibrios de poder en términos de alianzas partidistas y/o representación distrital.

Con ello me sirvo para decir que el desarrollo de nuestra democracia agote el caudal de esperanzas que su existencia conjuga, es preciso que la ciudadanía tome un papel cada vez más significativo, expresando no sólo su sentir, sino además garantizando que dicho sentir se exprese a través de cauces institucionales, para convertirse en la punta de lanza de cambios que vayan dejando sin efecto los espacios de discrecionalidad detrás de los cuales se han escudado nuestras autoridades para no cumplir con las exigencias ciudadanas.

Luego entonces, es vital que como ciudadanos salgamos del apoltronamiento y la comodidad de dejar que otros decidan por nosotros. Porque está más que visto que como las cosas continúen por el derrotero que han seguido los últimos 20 años, es altamente probable que los cambios recientemente atestiguados en términos de la orientación de la política nacional con el actual gobierno, terminen sepultados bajo una inercia social de la que no nos hemos desprendido del todo, pese a los esfuerzos que caracterizan al actual gobierno federal.