Ágora: La extradición de Emilio Lozoya, ¿Legalidad o uso electoral? PARTE II

La extradición de Emilio Lozoya. ¿Legalidad o uso electoral? PARTE II.

La revelación hecha por Emilio Lozoya de que fue el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, líder de la estrategia junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien le pidió a Lozoya enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés, expresidente de la Cámara de Diputados para que aprobara la reforma energética en 2013, ha caído esta semana como una bomba. Como ya había comentado la semana pasada en esta misma columna editorial, queda aún mucho por definir frente a la justicia si las primeras declaraciones presentadas en este caso se llegan a confirmar.

Lo digo así porque la naturaleza de lo que se imputa es de tal gravedad, que de llegarse hasta las últimas consecuencias, podría abrirse una situación sin precedentes en nuestra política doméstica, dado que muchos de los panistas hoy señalados por Lozoya, son –a excepción de Ricardo Anaya con incluso tuvo diferencias–,personas cercanas al expresidente Felipe Calderón, cuya imagen ya estaba de por sí desprestigiada, desde que la justicia americana decidiera enjuiciar a su exsecretario de seguridad, acusado entre otras cosas de falsear declaraciones, lavado de dinero y narcotráfico.

Si lo que hasta aquí se sabe no fuera suficiente, Lozoya ha declarado también ante autoridades federales, que dio 52 millones 380 mil pesos en sobornos a legisladores del PAN, para que aprobaran las reformas impulsadas por el acuerdo político Pacto por México. Ahora bien, como sostuve también la semana pasada, por obvias razones, no pocas son las voces entre la oposición que sostienen que todo este perseguir de justicia obedece a intereses electorales del gobierno en turno y que si se tiene en cuenta lo que ha ocurrido en anteriores administraciones, lo más lógica sería ver que el caso sea desestimado tan pronto se agote el interés del gobierno federal por las elecciones de 2021.

En el mismo clamor se hallan la opinión de aquellos que piensan que este tipo de delitos suelen ser cuando se persiguen, prontamente desestimados por prescripción de los mismos, como por fallas en procedimiento (cuando los implicados son personajes como poder político y/o económico), lo cierto es que no parece haber actualmente condiciones para suponer que el gobierno vaya desestimar las acusaciones, primero porque la mismas constituyen una pieza clave en la consigna de hacer efectiva el combate contra la corrupción, tanto como porque los delitos que hoy se imputan, aún no han prescrito.

Al respecto téngase en cuenta que con los montos de lo señalado por Lozoya, las leyes vigentes en el país indican que el delito de corrupción por parte de un funcionario, sólo prescribe cuando ha pasado desde el momento en que se cometió el ilícito, el mismo tiempo que indica como condena para castigarlo. En ese sentido, si la pena máxima por corrupción en el código federal penal es de 14 años, y el llamado Pacto por México se firmó en diciembre de 2012, cabría pensar que al menos la vía de la prescripción para quedar impunes, estaría cerrada.

Mención aparte merece decirlo, que al margen de las implicaciones legales por la entrega de sobornos a los legisladores de la bancada panista para que aprobaran las numerosas reformas estructurales impulsadas durante el peñanietismo, siendo la más importante desde luego, la reforma energética, siete años después, los logros de dicha reforma, siguen siendo un tema de debate: el punto es que la apertura del mercado energético de México al capital extranjero no logró atraer las inversiones calculadas, estimadas entre 10 y 15 mil millones de dólares.

Por lo que sólo a pensarse lo que ocurra en términos legales, también sucede que no hay razón operativa y/o financiera que pueda justificar el daño generado al patrimonio nacional por el manejo de las finanzas públicas para intereses privados. Así las cosas, por dondequiera que se lo vea, lo ocurrido no tiene justificación alguna que valga, ni la tiene en términos legales, ni la tiene en razón de los pírricos resultados obtenidos tras su aprobación. De ahí que el juicio a Emilio Lozoya podría llegar a marcar un antes y un después en el tema de la corrupción en México, dado que el exdirector de Pemex, es de hecho el primero que podría llegar a inculpar a los niveles más altos del entramado político nacional. El contenido de sus declaraciones es de tal notoriedad que incluso podrían verse implicados distintos personajes de primera línea en las pasadas dos administraciones, lo va por mucho, más allá de Ricardo Anaya, Felipe Calderón, o los ya antes mencionados congresistas de la banda blanquiazul cuando las reformas se aprobaron.

¿Qué es entonces tan singular o diferente frente a lo visto en anteriores sexenios donde siempre hubo personajes de primera línea –piénsese por ejemplo en los casos de Joaquín Hernández Galicia o Elba Ester, o en los de Raúl Salinas y Andrés Granier– que cayeron en desgracia, sólo para verse librados de ser perseguidos por las autoridades de turno, tan pronto llegaba el fin de un sexenio? La respuesta se halla en las llamadas reglas no escritas del sistema político mexicano; una de esas fue desde siempre la avenencia de que quien caía en desgracia, jamás revelaba lo que sabía de todo aquello en lo que se vio implicado. Con ello se garantizó siempre la más absoluta secrecía y con ello la impunidad.

Sin embargo en las actuales circunstancias, al ofrecérsele a Lozoya la posibilidad de fungir como testigo protegido del gobierno federal, no queda claro si las cosas irán a tomar el derrotero habitual. Porque aquí no se observa que el personaje en cuestión esté guardando ningún código de silencio. Antes por el contrario, parece no estarse guardando absolutamente nada. Por lo que es de esperarse que cuantas más cosas se sepan y se prueben, sea cuestión de tiempo para que más personajes de primera línea terminen siendo requisados por la justicia y/o de ser necesario, incluso siendo procesados judicialmente.

Esto está lejos de haberse terminado o de siquiera tener el tinte electorero que la oposición asume que tiene. Para decirlo claramente, el impacto político de lo que podría representar el enjuiciamiento de un expresidente de México, así como de varios exlíderes de partidos políticos de oposición, incluyendo también a distintos pre y excandidatos a la Presidencia, no tiene precedentes en la historia nacional.

Lo menos por decir al respecto es que hoy va saliendo a la luz quiénes son en realidad un peligro para el país y su democracia misa. Digo, ¿con qué cara se puede seguir sosteniendo aquella consigna de la oposición, según la cual el hoy Presidente es un peligro para México, cuando quienes debieron hacer cumplir la legalidad se dedicaron cuando pudieron a dejarla sin efecto según dictó la ocasión?

Queda todavía mucho por saberse, esperemos pues pacientemente, sólo el tiempo dirá qué es lo que ocurra en términos de lo legal, pero es un hecho que en cuestión política, aún si los implicados salieran sin consecuencias jurídicas, difícilmente podrá la oposición sacarse el peso de lo que hoy ocurre. Esto podría sin dudas cambiar radicalmente el escenario electoral del año entrante, pero también la composición misma de la élite política nacional, siempre caracterizada por la continuidad de los mismos grupos de interés que administración tras administración repiten, eslogans, planillas, estrategias y candidatos, todo sea para seguirse sirviendo con la cuchara grande del presupuesto público, porque se tienen bien estudiado que rara vez hay reclamo ciudadano que los alcance.