Ágora: La extradición de Emilio Lozoya, ¿Legalidad o uso electoral?

La extradición de Emilio Lozoya. ¿Legalidad o uso electoral?

Como no podría ser de otro modo entre los opositores al régimen, con la extradición de Emilio Lozoya, pesa la presunción de un uso electoral de la situación. La idea nada original por cierto, es que el ex director de Pemex llega al país para usar su situación jurídica como moneda de cambio frente a un gobierno con la mira puesta en las elecciones del año entrante. Y aunque no falten razones para suponer que se dé semejante escenario, porque no sería la primera vez que algo así sucede, donde a cambio de cooperar con el gobierno de turno, revelando lo hecho en el pasado sexenio, así como algunos de los implicados, lo que tenga por decir Lozoya sirva para cortar las cabezas de unos cuentos y generar dividendos electorales a cabio de impunidad o pronta libertad, lo cierto es que no parece claro que la cuestión vaya a quedar en un tema de coyuntura electoral.

Y no parece que vaya ser de ese modo, por mucho que la suspicacia de la oposición alimente con saña la comidilla de propios y extraños en el mundo de los opinadores políticos, porque lo dicho por el gobierno hasta este momento, es que hubo un daño patrimonial a Pemex tanto por la existencia de presuntos sobornos por parte de Odebrecht, como por la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados. Por lo que toca al caso de Odebrecht, cabe recordar que habiendo sido un escándalo que involucró a muchos países, México es el único país de la región que no ha ejercido hasta el momento acciones legales que esclarezcan la cuestión, en tanto que respecto a la adquisición de Agronitrogenados, la compra de dicha planta ha terminado costando mucho más no sólo que lo originalmente estimado, sino incluso más que el rendimiento generado por esta hasta el momento. Para terminar pronto, tanto a costado la planta por no estar siquiera en condiciones para funcionar, que no se ha terminado todavía de pagar.

Será pues difícil pensar que la cosa quede en un mero montaje electorero, tal y como la oposición da por descontado que sucederá. Lo digo así, porque si algo hay que ha probado estar entre las preocupaciones centrales del actual gobierno federal, es el gasto público desmedido o injustificado, así como el combate a la corrupción. De ahí la persistencia de recortar el gasto gubernamental, así como la revisión y/o cancelación de distintos contratos con todo de intermediarios y proveedores públicos. Lo que no ha sentado nada bien a muchos de quienes hoy alzan la voz para poner en tela de juicio las medidas tomadas por el gobierno. Y resulta más que comprensible, porque en un país donde los rendimientos de la actividad empresarial privada, rara vez alcanzan los montos que se manejan en el sector público, a nadie le gusta que le quiten la gallina de los huevos de oro.

Hecho que no resulta nada nuevo, ni mucho menos sorprendente si se tiene en cuenta que nuestras élites económicas son en su mayoría, elites rentistas, especulativas, poco o nada productivas, cuyo capital ha crecido por décadas al amparo del cobijo estatal, entre privilegios otorgados a discreción para los allegados al poder, así como subsidios y exenciones fiscales de todo tipo, medidas que no han rendido jamás los resultados esperados; la cosa es que siempre se justificó tales medidas para garantizar la competitividad de nuestro sector productivo frente al exterior, pero pese a la pobreza de lo obtenido, inexplicablemente jamás fueron revisadas o siquiera cuestionadas, hasta el actual gobierno. De ahí la desproporción de la reacción de los grupos que antaño se vieron beneficiados.

Pero más allá de las concesiones o privilegios públicos de corte económico para un minúsculo grupo de empresarios que lo han sido, sólo porque el gobierno lleva décadas sosteniéndolos, sin que jamás hallan demostrado la solvencia de sus plantas productivas, si algo ha caracterizado históricamente el proceder del Estado en este país, es la regularidad de la discrecionalidad con la que la justicia se imparte. De ahí que la centralidad de la cuestión con el caso Lozoya como con otros del estilo, con personajes públicos de primer nivel implicados, se yergue no tanto en terreno de lo político, sino fundamentalmente en el de lo legal.

Para decirlo claramente, se podrá o no estar de acuerdo con los alcances de la extradición en términos políticos, incluso se pueden discutir ampliamente los motivos inmediatos del gobierno para su ejecución, pero es un hecho inobjetable que la cuestión habrá de significar un reto monumental en términos de congruencia discursiva, así como de solvencia institucional, porque la dimensión de lo que implica promete traspasar las fronteras de la política doméstica. Así que lo que sobrarán en este caso son observadores y reflectores, no es pues cosa menor lo que el peso de lo que se habrá de dilucidar.

En dicho sentido, seguro que hay mucho que se pueda decir y/o conjeturar, pero al momento la moneda sigue todavía en el aire. Es pues momento de ser cautos y reconocer al menos la voluntad del actual gobierno en esclarecer el pasado inmediato. Lo que supone un cambio de suma importancia frente a lo sucedido en periodos pasados, donde el grueso de los implicados en el caso Lozoya, alegaron siempre que las acusaciones que se les hacían eran todas falsedades o calumnias. De ahí la importancia de lo que hoy ocurre. Veremos pues qué derrotero sigue la cuestión. Pero si algo hay por destacar al respecto, es que el actual gobierno federal parece determinado a cumplir las consignas que lo llevaron al poder.

Falta ver si de verdad lo conseguirá. En ese sentido, habría también que decir que ninguna sociedad logrará el conjunto de cambios que sus ciudadanos más interesados en incrementar la calidad de su vida pública aspira, (aún si existen los instrumentos legales necesarios para hacerlo), en tanto la totalidad de quienes en ella intervienen, no logren trascender sus rasgos conductuales más habituales y corrosivos, así como los sesgos interpretativos y/o de pensamiento que los orientan. El problema en este país no radica en la ausencia de leyes, tanto como a la naturaleza altamente discrecional de la impartición de la justica, y la prevalencia de nuestras instituciones informales, lo que necesariamente socava cualquier posibilidad de dotar la labor del Estado de predictibilidad.

Esta es pues la ocasión para probar de qué está realmente hecho el actual gobierno federal. Sin embargo por lo visto en otros episodios que han tocado el tema del combate a la corrupción, como los contratos públicos cancelados o la evasión fiscal de los empresarios antes referidos, es poco probable que la cosa de resuelva sin consecuencias. Tiempo al tiempo, ya nos iremos enterando de muchas cosas que hoy sólo son suposiciones, esperemos pues que todo se para bien del país.