Ágora: La inseguridad en San Luis Potosí. Un problema de nunca terminar

La inseguridad en San Luis Potosí. Un problema de nunca terminar. Confieso que me he resistido, pese a la centralidad del tema, a abordar la creciente ola de violencia que ha envuelto a San Luis Potosí en los últimos años, primero, por no alimentar más la psicosis colectiva que lo acompaña –la cual es siempre muy hábilmente utilizada con fines políticos; segundo, porque no comparto la idea de que el enfoque de género sea el idóneo para analizarlo, mucho menos para atenderlo. Y lo digo de este modo, aún a sabiendas de que mi opinión podría despertar la animadversión de no pocos grupos y o sectores sociales radicalizados, que ven en la cuestión razones para pensar que la actual, es una crisis que debe atenderse declarando alertas de género. No pretendo tampoco utilizar este espacio para justificar el porqué pienso del modo que lo hago, asumo que si el tema es lo suficientemente serio como se piensa, no será necesario detenernos a justificar las razones de nuestro pensar. Ya he escuchado hasta la saciedad las opiniones de funcionarios que alegan que buena parte de las mujeres que se han visto alcanzadas por esta creciente ola de asesinatos, han sido ellas mismas responsables de lo que les ha ocurrido (algunas han sido, bastante desafortunadas, por mucho más, tratándose de tomadores de decisiones públicas, por su falta de tacto y sensibilidad, como por su mal gusto al reproducir buena parte de las actitudes misóginas, que tan recalcitrantemente han sido señaladas por los defensores de la igualdad de género); también he escuchado opiniones en el sentido contrario, respecto a que no hay razones para que cosas semejantes ocurran independientemente de los hábitos de conducta de las víctimas, y pienso que ambos bandos tienen razón a un distinto nivel pensamiento. La cosa es que si bien ninguna persona que sea víctima de un asalto y o asesinato debería por principio de cuentas ser agredido en función del cómo se viste y o comporta, no se puede contar con que todos lo comprendan, por mucho menos si lo que se hace al delinquir, es precisamente, violar la regularidad del Estado de Derecho, ni que decir la integridad del propio ciudadano. No pretendo tampoco sustraerme, a lo mucho que nuestra sociedad ha cambiado en los últimos 20 años, –por sobre todo en lo que toca a responsabilidades y o necesidades de movilidad de los jóvenes y no tan jóvenes–, mucho menos pretendo hacer apología de los tiempos pasados, porque cada época tuvo lo suyo en términos de vulnerabilidad y o atropellos, pero no puedo pasar de decir que me llama la atención el promedio de edad de las jovencitas y las circunstancias en las que han sido asesinadas. Me llama la atención porque lo menos que soy capaz de recordar, es que a esa edad difícilmente mis padres me permitieron alguna vez salir a la calle, y si lo hacían lo mismo por razones de estudio o trabajo, incluso por diversión, era extremando medidas de seguridad. Comprendo que lo que digo, no es ni de lejos la mejor solución posible, pero si es desde luego, la que más a modo tenemos, y de ella deberíamos echar mano, más teniendo en cuenta que el Estado se halla rebasado para hacerse cargo con eficiencia de sus responsabilidades en la materia. De ahí que lo de menos es que todos hagamos lo propio por actuar con prudencia, y no sobreexponernos innecesariamente. Insisto, no podemos ponernos a educar en términos de respeto a lo que se quiera, (lo mismo da si es género y o diferencias de cualquier índole), a quienes por principio de cuentas y por las razones que sea, se dedican rutinariamente a transgredir el Estado de Derecho. Pensar que ello tiene sentido, es como creer que bastará con decirle a quienes delinquen, que lo que hacen está mal, para que dejen de hacerlo. Luego entonces, quizá por ello es que celebro o me entusiasma el modesto esfuerzo que no pocos establecimientos comerciales estén haciendo al ofrecer y o promover la asistencia para aquellas mujeres que estando en la calle se sientan en peligro, independientemente de si son o no clientes de sus respectivos negocios, estoy seguro que otro tanto podría hacerse, si al igual que ha ocurrido en otras ciudades del primer mundo, se hiciere lo propio para promover una política de traslado ciudadano seguro. Podríamos comenzar habilitando por ejemplo, un padrón de conductores voluntarios para el traslado de los más vulnerables –entiéndase estudiantes, mujeres y o ancianos; y generando para ello los incentivos, por ejemplo, otorgando descuentos y o exención en el pago de cualquier tipo de control vehicular a quienes participaran en tales medidas. Que aún ensayando políticas parecidas no faltarían los oportunistas que las utilicen en su favor, de acuerdo, sí. Pero será eso, o que sigamos viendo, como día con día perdemos más gente sin razones para hacerlo, lo cual desde luego no nos exime de promover la prevención del delito como la más efectiva de nuestras medidas posibles. De otras opciones mejor ni hablamos, digo, ya es por demás decirlo, –y que conste que no creo que esta sea la solución a un problema tan complejo como el de la seguridad, pero si pienso que mucho ayudaría al tema atender el asunto del traslado–, sí al menos el Gobierno del Estado se bregara de una vez los pantalones con los permisionarios del transporte público, para que como mínimo ofrecieran servicio hasta la 1 de la mañana, como ocurre en cualquier ciudad decente del primer mundo, –cosa que se entiende, jamás harán por su propia cuenta, a no ser que se les exija, porque hacerlo significaría como mínimo, tener que invertir más de lo que actualmente hacen, en rolar turnos, contratando para ello a más operarios, algo que a todas luces no hacen, porque para empezar, mantienen en funcionamiento las unidades con turnos infrahumanos que fácilmente van de más de diez horas al volante. Y es que ya puestos en materia, lo menos que se puede decir respeto a la urgencia de procurar que existan mayores garantías de seguridad por el hecho mismo de salir a la calle, es que por ideas jamás ha faltado ni faltará, pero ninguna de las que se nos ocurra prosperará, mientras pretendamos mantener las cosas como hasta ahora, solapando responsabilidades propias o ajenas; al momento el costo lo vamos pagando –como toda la vida–, los de a pie; y lo que es peor: No se ve ni por dónde vaya a mejorar la cosa en el corto o mediano plazo, como sigamos sin exigir que el tema se atienda a través de una política pública de vanguardia, que realmente vaya más allá de lo tradicional. Si hace falta mucha imaginación e inteligencia para ensayar estrategias efectivas en este y otros temas, hace falta todavía más voluntad de todos (ciudadanos y autoridades incluidas), para exigir que el tema se atienda ya de una vez con el rigor que merece, vaya pues, y por triste que parezca, si se trata de pensar la cuota que cada uno habrá de pagar por la inacción en este tema la seguridad, no está usted para saberlo, mucho menos yo para contarlo, pero al menos en lo personal, el tema ya me ha cobrado la suficiente cantidad de muertos propios, –entre amigos, familiares y vecinos–, para seguir creyendo que será manteniendo todo como hasta ahora, que consigamos resultados diferentes; y vaya que no han faltado opciones, entre incremento del patrullaje vial, cámaras de vigilancia (lo mismo de autoridades que de particulares), seguridad privada, rondas de vecinos, botones de pánico, y mejor comunicación entre todos, pero algo resulta claro: No ha sido suficiente.