Hegemonía discursiva, polarización y desarrollo nacional. Una discusión necesaria

Hegemonía discursiva, polarización y desarrollo nacional. Una discusión necesaria

Por: Mtro. Emanuel del Toro.

La semana pasada exploré en esta misma columna editorial, una cuestión crucial como predictor del desarrollo estable de una sociedad, a saber: la idea de que erigir gobiernos, apostando por estrategias discursivas que exacerban las diferencias de una sociedad, puede resultar un derrotero muy efectivo para asegurar la construcción de grandes mayorías políticas, y el afianzamiento del partido en el poder como una maquinaria electoral capaz de hacerse con el dominio del discurso público, sin embargo, a la larga, termina socavando la capacidad de gobiernos, que aunque altamente legitimados por las urnas, resultan incapaces de generar coaliciones de gobierno que permitan sumar voluntades.

Expuse que dadas las actuales condiciones del país, –con un panorama nacional caracterizado por un exceso de violencia y la incapacidad del Estado para controlarla, así como por una alta dosis de polarización política, y resultados públicos francamente decepcionantes, –cuando menos frente a las expectativas sociales generadas–, mejorar nuestras perspectivas de desarrollo nacional, exigía ir más allá de los estrechos márgenes que ofrece un debate público que se filtra a través de categorías sociales, mutuamente excluyentes y/o en conflicto.

En ese sentido, el actual gobierno federal de México, así como el de su antecesor, han sido sumamente eficientes para generar un debate público orientado por posicionamientos ideológicos que tienden; primero, a la segmentación conflictiva de intereses públicos; y segundo, a la polarización y/o exacerbación de las diferencias que subyacen entre los integrantes del tejido social. El caso es que tenemos una narrativa pública de antagonistas mutuamente excluyentes. Una lógica interpretativa maniquea, donde el contrario, –se trate de quien sea–, tiende a ser desconocido como un interlocutor público válido.

Un discurso que con frecuencia, se justifica desde el propio Estado, con ánimos de reivindicación histórica, cual si se creyera que los actuales integrantes del tejido social deben pagar por los excesos cometidos el pasado. Desde luego que se entiende que se echa mano de semejante estrategia narrativa, porque estratégica y operativamente hablando, resulta muy sencilla de entender para el ciudadano promedio, además de ser muy eficiente para aglutinar y/o segmentar a una sociedad en torno, no sólo a una identidad colectiva, sino también y fundamentalmente, alrededor de un paquete de políticas públicas muy específicas. Cuyo cometido es otorgarle al gobierno federal, la dominancia necesaria para formar mayorías electorales que aplasten a sus adversarios, y le permitan no sólo conservar el poder del Estado, sino incluso llegar a acrecentarlo.

De ahí el valor que supone para el gobierno federal actual, la estrategia de apela a la existencia de dicotomías conceptuales del estilo, chairos vs fifís, liberales vs conservadores, en una lógica interminable, cuya consigna puede fácilmente trasladarse a prácticamente cualquier expresión social que refiera la segmentación conflictiva de los intereses públicos, como si se pensara que la única manera de construir referentes colectivos compartidos, fuera la de invocar el conflicto.

Porque aunque tales estrategias suelen resultar discursivamente muy atractivas para el votante promedio, ya que le permiten asimilar y/o apropiarse de la realidad social en medio de la cual vive, de una manera relativamente sencilla, sin tener porque hacerse necesariamente responsable de lo que a cada cual le toca, y encima culpando a cualquier otro de lo que se juzga que no sale como se piensa que debería de salir. En el largo y mediano plazo, suelen tener como consecuencia, un incremento de las tensiones sociales y los conflictos resultantes, mismo que impide la formación de coaliciones de gobierno estables, que genuinamente consigan un paso predictible en el ejercicio de la autoridad estatal.

En ese escenario, otra narrativa –además de la obvia categorización de la diferenciación social o económica–, que ha estado jugando un papel de suma importancia hoy en día, es la del llamado feminismo radical, –no por pocos calificado como una suerte de hembrismo misándrico–, para indicar que se trata de una posición ideológica, según la cual la mitad masculina de la sociedad, en vez ser vista como el complemento natural en la formación y desarrollo de una sociedad, pasa a ser identificado como un actor peligroso, cuyo contenido de sus decisiones, ponen en entredicho la regularidad y/o la equidad distributiva del poder estatal. Lo cual resulta de paso, políticamente muy conveniente, porque aunque no se lo diga así, desliza la idea de que la ineficiencia del quehacer estatal para resolver los grandes problemas del país, no es en lo absoluto su propia responsabilidad.

Que si, que tal consideración puede sonar un poco dura, acuerdo. De hecho he de reconocer que hasta hace unos años, yo mismo habría considerado que la idea de ubicar al feminismo de tercera generación, como un cuerpo doctrinal o movimiento social fundamentado en una suerte de hembrismo misándrico, era un exceso producto de interpretaciones enrarecidas que intentaban desacreditar el derecho legítimo de las mujeres a buscar sus propios espacios de participación.

Sin embargo, a la luz de lo que ha estado ocurriendo en el última década a nivel mundial, –porque hay que decirlo claramente, esta ola de feminismo radical, no es privativa sólo de México o América Latina, sino que se ha consolidado como una tendencia alentada sin distingos de fronteras–, en que tales movimientos se han ido radicalizando, –tanto en su lógica argumentativa, como en sus expresiones sobre el espacio público–, sumado al hecho de que se lo ha estado promoviendo desde el Estado mismo, por presión de organismos internacionales y/o estructuras supranacionales, –como la ONU, FMI, BM, OECD y similares, que con frecuencia condicionan el otorgamiento de créditos internacionales y/o la propia participación en espacios de cooperación multilateral, al hecho de adecuar las legislaciones nacionales a la directriz de tales organismos, piénsese por ejemplo en la llamada Agenda 2030, a últimas fechas reconvertida en la Agenda 2045, ante el fracaso por los planes que originalmente se habían propuesto cumplir para 2015–, me parece que deberíamos comenzar a sopesar seriamente esa hipótesis o conjetura.

Y me voy a permitir explicar brevemente el porqué, ya que lejos de lo que se cree, la cuestión no se limita a la obviedad de reconocer que siempre existe y existirá presión del exterior para condicionar, modelar y/o incidir sobre la política doméstica de cualquier país, por mucho más aquellos que como México, responden al perfil de países subdesarrollados, o con un a extrema dependencia del exterior, o siquiera al hecho de decir que las sociedades cambian a veces mucho más rápido que la capacidad de sus gobiernos para adecuar sus instituciones.

El punto está en que este feminismo, –por demás beligerante–, apela en sus modos y formas, a consolidarse como una posición de ideológica de pensamiento con pretensiones hegemónicas, y si bien es cierto que el control absoluto del debate público, quizá no lo consiga nunca, no es menos cierto que hoy por hoy, si es la posición dominante del debate en una esfera crucial del devenir público, el que se relaciona con temas que tradicionalmente eran propios de la esfera de lo privado, como los arreglos de pareja y/o las convenciones en cuestión de los roles de género, familia y/o salud reproductiva, y viene todo, si promovido por el Estado, pero con línea desde el exterior, para promover el control de la demografía mundial, a través de políticas eugenésicas encaminadas a reducir la población mundial, como antesala del reposicionamiento de las potencias tradicionales, que buscan a toda costa conservar su poder e incluso, porque no, acrecentarlo.

Que vamos, lo que se ve hoy en México, es un efecto palpable de cómo las élites globalistas, ponen en predicamento las políticas nacionales de países como el nuestro. En ese sentido, otro tanto ocurre con toda la ola de progresismo político, sucintamente llamado “woke”, que en aras de lucir políticamente correcto y/o de vanguardia social, ha terminado alentando y/o aceptando cualquier disparate, sobre la base de que cualquier expresión social es válida, incluso aquellas que interpelan a la polarización y/o a la erosión del tejido social y la supresión de referentes propios, al margen de presiones externas. Cuando para decirlo claramente, la salud de cualquier sistema medianamente democrático, depende en buena medida de que los actores antisistema o radicales, no jueguen del juego porque ponen en entredicho la regularidad y/o viabilidad del propio sistema político.

Ello ha traído como consecuencia toda una serie de distorsiones y/o adecuaciones legales con un fuerte sesgo ideológico, que con frecuencia recalan en una suerte de Derecho Penal de Autor, en el que la ley se va fragmentando y/o sectorializando o dividiendo, según los colectivos sociales que se movilizan, ante la incapacidad del Estado por cumplir sus responsabilidades más elementales de seguridad y orden público. De ahí todas esas nociones explicativas del estilo de la “igualdad sustantiva” y similares, que la más de las veces, no sólo no resuelven nada, encima lo complican todo, ya que termina quedando la sensación de que hay por decirlo de algún modo, unos ciudadanos “más iguales”, que otros.

Lo que no quita de decir, por aquello de matizar, que eso no significa que una parte sustancial de aquellos que suscriben tales ideas y/o se manifiestan en fechas tales como el 8M, lo hacen genuinamente de buena fe, porque creen estar haciendo un cambio en el cómo los temas públicos se plantean y/o resuelven. Pero no es por el lado de alentar posicionamientos excluyentes, que se conseguirán los resultados institucionales más eficientes, y menos si tales posicionamientos vienen con línea directa del exterior. Como es que recientemente reconoció en una entrevista el CEO de BlackRock, Larry Fink, respecto a que el feminismo y/o la agenda progresista woke en general, fue promovida por ellos con fines comerciales, asegurando además, que en lo sucesivo apostarían por otro tipo de estrategias.

Y ojo con el tema, porque con Black Rock, no hablamos de cualquier entidad corporativa, se trata de un gigante mundial a toda regla, que además de ser el mayor portafolio de inversiones económicas a nivel mundial, se trata de la más importante gestora de activos del mundo, en la promoción de políticas woke. En ese sentido, lo menos a considerar en tal escenario, es que aunque no siempre se hace explícito, ni se discuten a profundidad las implicaciones causales que se desprenden de dicha relación, existe una fuerte y permanente interrelación entre lo que ocurre afuera del país y la propia política doméstica y/o nacional.

Luego entonces, es de suma importancia para propiciar un desarrollo nacional estable, trascender visiones sociales excluyentes, que en vez de resolver los grandes problemas que preocupan a la mayoría de la ciudadanía, terminan instalándose en un imaginario colectivo en el que prácticamente cualquier identificación social, supone un peligro para propia sanidad del tejido social. Con esas maneras de interpretar la realidad, no es de extrañar la pobreza de los resultados obtenidos hasta este punto por el actual gobierno federal. Insistir desde el Estado con narrativas polarizantes, podrá resultar muy eficiente si lo que se busca es propiciar escenarios electorales profundamente diferenciados y/o desequilibrados, pero a la larga impacta de modo negativo sobre la estabilidad operativa de los gobiernos resultantes, así como sobre sus capacidades para ampliar los referentes sociales que nos unifican como país.