CONCANACO propone al Congreso frenar la subvaluación sin detener al comercio formal

• La Confederación respalda el combate a la evasión y al contrabando técnico, pero advierte que una diferencia mínima de valor no debe producir automáticamente el embargo de mercancías.

  
  

• Plantea una regla de materialidad de 20%, garantías proporcionales, plazos perentorios, transparencia y una mesa técnica para implementar la reforma.

CONCANACO SERVYTUR México presentó ante el Congreso de la Unión una propuesta para fortalecer la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera y combatir con mayor eficacia la subvaluación, sin generar discrecionalidad ni detener las operaciones legítimas de comercio exterior.

La Confederación respalda el objetivo de cerrar espacios a la evasión, el contrabando técnico y la competencia desleal que perjudican a las empresas y negocios familiares que pagan impuestos, generan empleo y cumplen con la ley.

No obstante, advirtió que eliminar completamente el umbral vigente de 50% permitiría que una diferencia mínima entre el valor declarado y el determinado por la autoridad pudiera detonar facultades de comprobación y, cuando se actualicen los supuestos legales, el embargo precautorio.

“Cero tolerancia a la subvaluación deliberada, pero también cero discrecionalidad contra quien cumple. Una diferencia de precio puede ser una alerta para revisar; no debe convertirse automáticamente en prueba de fraude”, afirmó en la Cámara de Diputados Jessica Morales, jefa de oficina de CONCANACO SERVYTUR  México.

Los precios internacionales pueden variar legítimamente por volumen, calidad, marca, temporada, liquidación de inventarios, nivel comercial, país de producción, financiamiento, transporte, tipo de cambio y condiciones contractuales.

Por ello, nuestra Confederación propone incorporar una regla de materialidad de 20%. Cuando la diferencia sea inferior a ese porcentaje, la autoridad podría revisar la operación y solicitar una garantía proporcional, pero la mercancía continuaría su despacho. Esta protección no operaría cuando existan indicios objetivos de falsedad, simulación, alteración documental, inexistencia del proveedor o reincidencia.

CONCANACO aclaró que la propuesta no representa una tolerancia a la subvaluación, sino una distinción entre una alerta administrativa y una medida precautoria que puede paralizar una operación comercial.

La Confederación también propuso:

1. Exigir que toda diferencia se sustente en mercancías verdaderamente comparables.

2. Transparentar los elementos esenciales de las operaciones utilizadas como referencia.

3. Establecer una audiencia técnica inmediata para presentar documentación y aclaraciones.

4. Permitir la liberación expedita de mercancías mediante garantías proporcionales.

5. Fijar plazos obligatorios para resolver y devolver depósitos o garantías.

6. Distinguir entre errores corregibles, diferencias comerciales justificadas y conductas fraudulentas.

7. Crear un programa preventivo de valoración aduanera para mipymes.

8. Fortalecer la capacidad técnica, tecnológica y humana de las aduanas.

   
   

La organización planteó, además, incorporar un artículo transitorio que ordene la instalación de una mesa técnica con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ANAM, SAT, Secretaría de Economía, Congreso de la Unión y CONCANACO SERVYTUR.

De acuerdo con la exposición de motivos, durante 2025 y de enero a agosto de 2026 fueron identificadas 2,541 operaciones con diferencias de valor que no alcanzaron el umbral vigente de 50%, por un valor comercial aproximado de 1,587 millones de pesos.

Para CONCANACO, estas cifras justifican fortalecer la fiscalización, pero no permiten presumir que todas las operaciones fueron fraudulentas. Cada caso debe resolverse mediante evidencia, análisis de riesgo y pleno respeto al debido proceso.

“La reforma debe cerrar la puerta a la subvaluación sin cerrar las aduanas al comercio legal. México necesita autoridades firmes frente al fraude y reglas claras para quienes cumplen”, concluyó Octavio de la Torre Presidente de la Confederación.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del 8 de septiembre de 2026 como una propuesta del Ejecutivo federal; por tanto, los cambios descritos todavía deben discutirse y aprobarse en el Congreso.