Ampliación del Puerto traerá miseria, inseguridad, daño ambiental y caos urbano: Habitantes de Manzanillo

* Denuncian amenazas e intento de sobornos a pescadores y salineros para aprueben la amplación del puerto.

* Pescadores, Salineros y ambientalistas defenderan la Laguna de Cuyutlán.

Posicionamiento de habitantes de Manzanillo y organizaciones de la Sociedad Civil:

El pasado 2 de octubre, en el marco de la consulta pública del proyecto denominado “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna Cuyutlán, en Manzanillo, Col”, se llevó a cabo la Reunión Pública de Información convocada por la SEMARNAT. Este espacio, que en un inicio pretendía realizarse únicamente en línea, fue posible gracias a la presión constante de la ciudadanía organizada: colectivos de pescadores, salineros, agrupaciones sociales y civiles que exigieron un ejercicio informativo presencial, abierto y participativo. Ante la sordera institucional, el evento se logró únicamente porque la sociedad obligó a que las autoridades rindieran cuentas.

La reunión tuvo lugar en el Club de Leones de Manzanillo, un recinto de techo de lámina y ventiladores deteriorados, en condiciones precarias y con agua estancada que despedía un olor fétido en las inmediaciones evidenciando el respeto que tienen las autoridades por construir procesos democráticos con la sociedad civil. Los asistentes soportamos calor extremo, sudor constante y largas filas bajo el sol para poder registrarnos e ingresar. Pese a ello, 651 ciudadanos permanecieron firmes desde las ocho de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, con una pausa de 15 minutos en toda la sesión. El compromiso de la gente contrastó con el desdén de las autoridades.

Autoridades presentes

Asistieron funcionarios de distintos niveles: Alan Geovanny Alanís, representante legal de ASIPONA; Omar Darío Cervantes Rosas, consultor; Aramis Olivos Ortiz, consultor y firmante de la MIA-R; Irma Yolanda Magaña Rincón, directora de Desarrollo e Innovación Turística de la Subsecretaría de Turismo de Colima; Milton Ávila Carrillo, director de Desarrollo Portuario de la Secretaría de Desarrollo Económico de Colima; Elías Antonio Lozano Ochoa, subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno de Colima; Humberto Retana Santana, titular de la Oficina de Representación de la Semarnat en Colima; Vicente Silva Liga, director de Normas de Participación Social de la Semarnat; Alejandro Olivera Toro Maya, director de Evaluación de Proyectos Hidráulicos Industriales y Portuarios de la Semarnat; Angélica Lizeth Jiménez Hernández, directora del Imades Colima; Sergio Antonio Silva Ramírez, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanillo; Gloria Leticia Valdéz López, directora de Ecología del Ayuntamiento de Armería; y Roberto Alcocer Naranjo, director de Ecología del Ayuntamiento de Tecomán.

La actitud de muchos fue de indiferencia y la mayoría de ellos nada más fue de figurante, pues el uso de la voz estuvo focalizado en cuatro personas a pesar del amplio despliegue de expertos que acudieron al encuentro. En especial, la directora del Imades, Angélica Lizeth Jiménez Hernández, abandonó la reunión a la mitad sin haber intervenido ni dirigido una sola palabra a los ciudadanos, repitiendo un patrón de desprecio hacia la gente que ya se había observado en otros procesos de ordenamiento territorial: distraída en el celular, ausente de las discusiones, saliendo a platicar fuera de los recintos y sin dar respuestas claras a las comunidades.

Amenazas y coacción

La jornada estuvo marcada por la denuncia de líderes pesqueros sobre amenazas directas realizadas por el capitán Francisco Javier Robles Carbajal, quien se encontraba presente en la mesa de los académicos de la Universidad de Colima.

Este servidor público, en días previos, citó a varios líderes pescadores en las oficinas de ASIPONA que acudieron con sus familias. Una vez ahí, les retiró los celulares, impidió la entrada de sus familiares y pretendió exigirles la firma de documentos en los que aceptaban recibir camionetas, dinero y otras promesas a cambio de no protestar contra la expansión del puerto. Destacamos que este acto

es ilegal y constituye varios delitos:

Cuando un servidor público (en este caso de la SEMAR) utiliza su posición para amenazar a ciudadanos que ejercen su derecho de protesta y les ofrece dinero a cambio de que cesen su acción legal y legítima, puede encuadrarse en varios delitos o faltas administrativas como los siguientes:

Cohecho (o Tentativa de Cohecho/Soborno): Se configura cuando un servidor público solicita o recibe indebidamente dinero o cualquier otra dádiva, o acepta una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. En este caso, el acto de ofrecer el dinero (promesa o dádiva) a cambio de que dejen de protestar (dejar de hacer algo) está estrechamente relacionado con el cohecho, incluso si lo ofrece para beneficio de un tercero (el proyecto de expansión).

Abuso de Autoridad: Este delito se comete cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, ejerce violencia o amenaza a una persona sin causa legítima. La amenaza de coerción por la protesta es un claro abuso de poder.

Extorsión (o Tentativa de Extorsión): Aunque la extorsión clásica implica forzar a alguien a dar dinero, en este contexto, si la amenaza está diseñada para obligar a los pescadores a "omitir un acto" (la protesta legítima) en perjuicio de sus derechos o intereses legítimos, podría haber elementos de extorsión o de la coacción grave que ejerce el servidor público. Además, es una clara violación a los derechos humanos de libre expresión y reunión pacífica establecidos en la Constitución Mexicana, ya que la autoridad está intentando coartar estos derechos mediante la coerción y el soborno.

Por lo anterior, este acto constituye un claro ejemplo de cohecho, abuso de autoridad y violación a derechos humanos, pues mediante amenazas y sobornos se buscó silenciar la legítima oposición ciudadana. Esperamos la llamada de atención pertinente y la actuación de las autoridades con este sujeto, ya que presumimos de tener el gobierno más democrático de la historia de México y que la Cuarta Transformación sancione y castigue debidamente a los corruptos y maleantes que operan alrededor de un proyecto insignia del gobierno mexicano. Tenemos mucha Fe en que así será, que esta persona no será designada en adelante para dirigirse a la sociedad civil, y que el neoliberalismo y la corrupción no

van a pasar por encima de la gente, y menos aún, de los pobres…

Ilegalidades evidentes

La reunión evidenció múltiples irregularidades. En primer lugar, los colectivos recordaron que en enero de este año se iniciaron trabajos de dragado en el Vaso II de la laguna sin contar con permisos ni con una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada, lo que constituye una violación flagrante a la ley ambiental. No lo dicen los pescadores ni los salineros, recordemos, lo dice el gobierno municipal: https://www.gob.mx/semar/prensa/gobierno-de-colima-ymarina-supervisan-arranque-de-dragado-en-proyecto-puerto-nuevo-manzanillocuyutlan?idiom=en

El estudio presentado ahora, además, fue realizado en apenas dos meses, encabezado por Aramis Olivos Ortiz, quien se presentó ante la sociedad civil como consultor, aunque es el firmante ÚNICO del proyecto. Durante la reunión mencionó que participaron otros 18 investigadores de la Universidad de Colima, sin embargo, sus nombres no aparecen en la MIA-R y ninguno se presentó en el evento, generando serias dudas sobre la validez del documento y de las declaraciones del académico.

Académicos presentes señalaron la inviabilidad del proyecto en los términos planteados, ya que no existen condiciones para que convivan las actividades portuarias con la pesca y la producción salinera, ambas dependientes del equilibrio ecológico de la laguna. Los pescadores y salineros, con conocimiento profundo de su territorio y sus actividades, reafirmaron que las promesas de mitigación son inaceptables y que no están dispuestos a renunciar a su forma de vida.

El documento plantea algo más de 9 millones de pesos para acciones de mitigación, y solamente una cooperativa de salineros ocupa un crédito de 100 millones de pesos por temporada de zafra para cubrir los gastos de operación. Lo que evidencia, que quienes han hecho el estudio de impacto ambiental, sean quienes sean porque no está claro, no tienen ni la más remota idea de como funciona nuestra ancestral

actividad salinera, patrimonio biocultural del Estado de Colima y México para el mundo.

Además, recientemente se aprobó un proyecto para bardear el vaso II de la laguna de Cuyutlán, proyecto que no ha contado con reunión ni consulta pública, no se ha informado a la población y se ha presentado como un proyecto que nada tiene que ver con el puerto de Manzanillo. Nos preguntamos para qué querría alguien bardear una laguna donde casualmente se pretende hacer la expansión de un puerto… Recordamos que fragmentar un proyecto en varias partes con manifestaciones de impacto diferentes, también es ilegal, y que los proyectos se deben presentar completos y contemplando los riesgos presentes y futuros.

Mentiras reiteradas

Los representantes de SEMARNAT y de la Universidad de Colima intentaron defender lo indefendible. Evadieron responder por qué en la expansión anterior del puerto no se cumplieron las medidas de mitigación ni las promesas hechas a las comunidades alegando que “ese no era el tema de la reunión” e invitando a las autoridades de SEMARNAT presentes en reiteradas ocasiones a contestar a esas preguntas, ya que ellos, no sabían nada al respecto ni estaban en esa junta por esa razón. Los de SEMARNAT, tampoco contestaron. Ni a eso, ni a nada.

Nadie dio respuestas claras sobre cómo iban a solucionar el aumento del tráfico, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la inseguridad y el colapso urbano que ya sufre Manzanillo o el vertido irregular de aguas negras. La privatización de espacios como la laguna de San Pedrito —donde ya se restringe el acceso a pescadores— es un ejemplo de cómo la población pierde derechos frente a intereses privados y de cómo estos procesos se quedan en promesas por cumplir, sin que nadie se haga responsable.

Tampoco tienen contemplado donde van a vivir los miles de trabajadores que van a llegar de todos los estados del país, de dónde van a sacar el agua para la construcción y funcionamiento del puerto, las zonas destinadas al almacenamiento de contenedores, cómo van a gestionar la basura, donde van a estudiar las niñas y niños de las familias que lleguen, cómo van a planificar la ciudad para acoger a tantos ciudadanos, qué van a hacer con el incremento de la basura de los barcos, cómo van a mitigar los derrames de combustibles a la laguna o como gestionarán los riesgos de explosiones. En general, no tienen absolutamente nada que pueda afectar a la población, contemplado en la MIA, y alegan que es porque dicho

documento es solo para la construcción de la infraestructura. Lo que llegue después, no es asunto de ellos. Por lo visto no es asunto de nadie, porque ninguna institución se está haciendo cargo.

Manipulación y acarreo

En el recinto también se hicieron presentes grupos de acarreados, trabajadores portuarios con el rostro cubierto que no participaron en las intervenciones y se limitaron a ocupar el espacio con carteles amigables con el proyecto del puerto. Al ser cuestionados, ninguno pudo argumentar en defensa del proyecto; apenas un joven de unos 16 años dijo: “porque hay trabajo”. Todo apunta a que fueron llevados bajo amenazas de perder su empleo o a cambio de dádivas menores como un lonche y 200 pesos. Todos los asistentes participaron defendiendo sus intereses y argumentando el rechazo a la expansión del puerto de Manzanillo, pero estos sujetos, todos con el rostro cubierto, no dijeron ni una sola palabra.

Lamentamos que estos compañeros también sean víctimas de la depredación, las amenazas y la coacción por parte de los patrones y alimañas interesadas en seguir haciéndose ricos a costa de trabajos precarios y destrucción ambiental. Nuestra solidaridad y apoyo a quienes tuvieron que ir cediendo a las presiones de los empresarios, que solo pusieron en evidencia el contubernio con el Estado con estas acciones, ya que casualmente cuando la sociedad hizo uso de la voz y comenzaron a hablar, entraron todos casi al unísono y se posicionaron a un lado de la entrada todos juntos. Fue una coincidencia muy pertinente que, por fortuna, no acabó en provocaciones ni altercados.

El verdadero saldo de la reunión

Pese al montaje institucional, la jornada dejó una clara lección: la ciudadanía no se dejó engañar. Los pescadores, salineros, académicos, organizaciones y vecinos de Manzanillo defendieron su derecho a vivir en un entorno sano, a resguardar su dignidad y su identidad y denunciaron con fuerza las amenazas, ilegalidades y atropellos cometidos. El pueblo tomó la voz y dejó en claro que no quiere un puerto que traerá miseria, pobreza, inseguridad, falta de agua y caos urbano, disfrazado de progreso para el beneficio de unos cuantos. Ya tenemos la experiencia de la primera expansión y cómo ha quedado Manzanillo, y piensan que pueden doblegarnos y engañarnos con un puñado de dinero, promesas que no van a cumplir, amenazas y coacciones. Afortunadamente, la sociedad demostró que, aunque sean las autoridades quienes nos tratan como si fuéramos idiotas e ignorantes, los ignorantes, son ellos, que no tienen ni idea del patrimonio biocultural de Colima, de nuestra riqueza, de nuestra diversidad cultural, y se comportan como matones. Solo nos queda decirles, que nos da pena que por un momento creyeran que no sabemos leer ni interpretar los documentos negligentes que presentan, y que su mentira sobre el progreso y desarrollo con el proyecto del puerto, solo los iba a dejar en ridículo afirmando que Manzanillo va a ser una ciudad ejemplar después de las condiciones indignas en las que viven ahora mismo muchas personas, que fueron consecuencia de la primera gran expansión. Los manzanillenses no merecen vivir así.

Exigencia final Desde DEMAREM, denunciamos la consulta en línea que actualmente se está llevando a cabo y que termina el 8 de octubre, pues está diseñada de forma sesgada: muchos adultos mayores carecen de acceso a internet, computadoras o conocimientos técnicos para participar, lo que excluye de facto a sectores importantes de la población. De hecho, casualmente, a los más afectados por el proyecto. Así que desde ya impugnamos este hecho planeado para seguir planchando las condiciones para el desarrollo portuario con simulaciones de participación que no permiten realmente que la ciudadanía participe. Exigimos que se realice una consulta presencial, con supervisión ciudadana, que garantice transparencia y evite la manipulación mediante bots o registros fraudulentos.

¿Cómo vamos a corroborar los datos y registros de una consulta en línea?

El espectáculo del 2 de octubre fue lamentable por parte de las instituciones, pero motivo de orgullo por parte de la ciudadanía, que una vez más demostró dignidad y valentía. Este proyecto, impuesto desde arriba por decretos presidenciales y anuncios anticipados de autoridades como Claudia Sheinbaum y Alicia Bárcena, no tiene legitimidad social. Tanto el gobierno federal como la SEMARNAT siguen dando por hecho que el proyecto, como dicen siempre las autoridades colimenses, “va porque va”, pero nosotras y nosotros contestamos “ya lo veremos”, porque seguiremos luchando, porque la laguna, la sal, la pesca, la biodiversidad y la vida de nuestras comunidades no están en venta. Es una vergüenza que desde el gobierno de la transformación y del primero los pobres, atropellen la voluntad y la autonomía de las personas despojándolas de sus recursos, cultura, identidad y derechos humanos como lo hacen.

La Laguna de Cuyutlán se va a defender hasta el final, y responsabilizamos a las autoridades mencionadas así como a la Secretaría de Marina y a la Administración portuaria de Manzanillo de cualquier acto violento contra algún miembro de la comunidad en defensa del territorio. Basta ya de represión militar e institucional contra la sociedad civil.

ATENTAMENTE.

Integrantes de D.E.M.A.R.E.M. A.C

Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana.

Movimiento ciudadano Salvemos Cuyutlán, Laguna Viva

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