AL GRANO: La campaña que no existe

La campaña que no existe

Por: Einar Rodríguez Ramos

En política hay mentiras piadosas, mentiras descaradas y, finalmente, eufemismos. Estos últimos son los más útiles porque permiten negar la realidad sin necesidad de ocultarla.

México vive hoy una curiosa paradoja democrática: las campañas ya comenzaron, aunque oficialmente nadie les llame campañas.

La escena se repite de norte a sur. Aspirantes recorren colonias, sostienen reuniones vecinales, aparecen todos los días en redes sociales, mandan pintar bardas, distribuyen periódicos informativos, colocan espectaculares, promueven encuestas y multiplican su presencia territorial. Sin embargo, basta con bautizar todo eso como "proceso interno", "coordinación", "organización territorial" o "defensa de un proyecto" para que, jurídicamente, deje de parecer una campaña.

La semántica ha terminado sustituyendo al calendario electoral.

Morena abrió la puerta con el proceso para designar a quienes competirán por las gubernaturas de 2027 bajo la figura de las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. El partido está en su derecho de organizar sus procesos internos. Lo que merece discusión pública es otra cosa: cuándo un proceso interno deja de ser exclusivamente partidista y comienza a producir efectos que inciden en la equidad de la futura contienda.

Ésa es la pregunta que debería ocupar a las autoridades electorales y al Poder Legislativo.

Porque el problema no radica únicamente en lo que dice la ley, sino en lo que la realidad demuestra.

Hoy el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales enfrentan un marco jurídico que dificulta sancionar los actos anticipados de campaña. Los criterios vigentes exigen acreditar elementos como la territorialidad, la temporalidad y, especialmente, la intencionalidad. En la práctica, ello ha abierto un amplio margen para que los actores políticos desplieguen estrategias de posicionamiento sin realizar un llamado expreso al voto.

En otras palabras, la ley terminó castigando las palabras, no necesariamente los efectos.

Colima ilustra bien esa discusión.

Mucho antes de formalizarse el proceso interno de Morena, la presencia pública de Rosa María Bayardo Cabrera ya era visible mediante distintas estrategias de posicionamiento, entre ellas bardas, material impreso, calcomanías, recorridos y reuniones vecinales. Tras solicitar licencia a la alcaldía de Manzanillo y registrarse en el proceso partidista, esa actividad política adquirió mayor intensidad.

No es un fenómeno aislado. Otros perfiles de Morena y de fuerzas políticas aliadas también han incrementado su presencia pública en municipios como Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo con miras al proceso electoral de 2027. Cada caso tiene sus propias características, pero todos forman parte de una discusión más amplia: dónde termina la promoción política permitida y dónde comienza una campaña anticipada.

Esa frontera hoy luce cada vez más difusa.

Lo paradójico es que Morena llegó al poder denunciando precisamente las ventajas indebidas que durante décadas atribuyó a sus adversarios. Hoy la crítica no consiste en afirmar que actúa al margen de la ley, sino en observar cómo la política ha aprendido a convivir con los espacios que la propia legislación dejó sin regular.

Y ahí reside el verdadero desafío.

La democracia no se debilita únicamente cuando alguien viola la ley. También se erosiona cuando la ley permite construir ventajas que contradicen el principio de equidad que dice proteger.

Quizá haya llegado el momento de que el Congreso deje de discutir únicamente quién gana las elecciones y empiece a debatir, con seriedad, cuándo comienzan realmente.

Porque mientras la política siga encontrando refugio en los eufemismos, el calendario electoral seguirá siendo apenas una sugerencia.

Al final, las campañas no empiezan cuando lo dice la ley; empiezan cuando el poder descubre que puede adelantarse a ella sin pagar consecuencias.