Sala Toluca del TEPJF ordena agotar diligencias pendientes en procedimiento relacionado con VPG

Durante la sesión pública celebrada la tarde de este viernes, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 26 medios de impugnación: 14 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, 10 juicios generales, un juicio de revisión constitucional electoral y un recurso de apelación.

Entre los asuntos analizados destacan los siguientes:

Juicio de la Ciudadanía 192 — Investigación en procedimiento relacionado con VPG

¿Qué se impugnó?

La resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que declaró existente violencia política contra las mujeres en razón de género con motivo de diversas publicaciones difundidas en un perfil de Facebook y determinó responsabilidades respecto de algunas de las personas involucradas en su administración.

¿Qué resolvió la Sala?

Revocó la resolución controvertida, al advertir que el Tribunal local omitió atender el planteamiento relacionado con el cierre de una línea de investigación respecto de una persona vinculada con la administración del perfil, sin verificar previamente si se habían agotado las diligencias disponibles para localizarla.

En consecuencia, ordenó reponer el procedimiento desde ese punto y vinculó al Instituto Electoral de Michoacán para practicar las diligencias de localización pendientes y, en su caso, realizar el emplazamiento correspondiente, a fin de que posteriormente se emita una nueva resolución con perspectiva de género en la que se valoren conjuntamente los hechos, las pruebas y el contexto.

Juicios de la Ciudadanía 196 y 215, acumulados — Expresiones difundidas en una entrevista y VPG

¿Qué se impugnó?

La sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México que declaró existente violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida a dos personas, derivada de diversas expresiones realizadas durante una entrevista difundida en una red social.

¿Qué resolvió la Sala?

Por mayoría de votos, confirmó la resolución impugnada.

La Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez presentó inicialmente un proyecto en el que proponía revocar la sentencia y declarar inexistente la infracción. Consideró que el Tribunal local no respondió adecuadamente los argumentos de defensa, atribuyó conjuntamente expresiones y responsabilidades correspondientes a personas distintas y utilizó manifestaciones realizadas durante el procedimiento para ampliar el significado de la imputación.

Desde su perspectiva, aunque algunas expresiones podían resultar severas, condescendientes o admitir una lectura estereotipada, el análisis individual y contextual no permitía acreditar que el género hubiera sido la razón de la crítica ni que existiera un impacto diferenciado o desproporcionado.

El Magistrado Omar Hernández Esquivel se apartó de la propuesta al estimar que el Tribunal local sí realizó un análisis contextual e individualizado de la entrevista y atendió las directrices previamente establecidas por Sala Toluca, por lo que consideró insuficientes los agravios para desvirtuar la existencia de VPG.

En el mismo sentido, la Magistrada Presidenta Nereida Berenice Ávalos Vázquez sostuvo que determinadas expresiones reprodujeron un estereotipo de género al atribuir el acceso y trayectoria política de una mujer al favor o voluntad de un hombre, desconociendo sus méritos y capacidades. Precisó que la crítica política puede ser intensa, pero no debe sustentarse en estereotipos de género.

Al ser rechazado el proyecto originalmente presentado, se encargó a la Magistrada Presidenta la elaboración del engrose conforme al criterio mayoritario. La Magistrada Fernández anunció la emisión de voto particular.

Juicio de la Ciudadanía 212 — Requisito de firma y competencia jurisdiccional

¿Qué se impugnó?

La sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que tuvo por no presentado un medio de impugnación relacionado con el desechamiento de una denuncia por posibles hechos de VPG, debido a que el escrito carecía de firma autógrafa.

¿Qué resolvió la Sala?

Por mayoría de votos, confirmó la sentencia controvertida, al considerar que la firma autógrafa constituye un presupuesto procesal indispensable y que, en las circunstancias del caso, no se actualizaba una excepción que permitiera tener por satisfecho ese requisito.

La Magistrada Presidenta Nereida Berenice Ávalos Vázquez votó en contra, al estimar que antes de estudiar la procedencia del medio debía definirse una cuestión preferente: si la controversia correspondía a la jurisdicción electoral.

Señaló que la denuncia había sido formulada por una rectora respecto de hechos vinculados con un cargo derivado de una designación y no de una elección popular, por lo que consideró necesario consultar a Sala Superior sobre la competencia para conocer del asunto. Anunció la emisión de voto particular.

Juicio de la Ciudadanía 214 — Cumplimiento de una medida derivada de VPG

¿Qué se impugnó?

El acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de México que tuvo por cumplida una sentencia en la que se había determinado la existencia de VPG y ordenado, entre otras medidas, la inscripción de la persona responsable en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en esta materia.

¿Qué resolvió la Sala?

Revocó el acuerdo impugnado, al considerar que el Tribunal local no justificó suficientemente que la medida relativa a la inscripción en el Registro Nacional hubiera sido efectivamente cumplida.

Determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende también el cumplimiento pleno y eficaz de las sentencias, por lo que no bastaba afirmar que la medida se encontraba satisfecha sin motivar adecuadamente esa conclusión.

Juicio de la Ciudadanía 224 — Medidas cautelares en un procedimiento partidista

¿Qué se impugnó?

La resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que negó medidas cautelares dirigidas a impedir que un órgano partidista discutiera la posible sustitución de una representación propietaria ante el Instituto Electoral local.

¿Qué resolvió la Sala?

Confirmó la resolución controvertida, al considerar que no existían elementos indiciarios suficientes para sostener, cautelarmente, que la posible sustitución constituyera una represalia derivada de una denuncia previa.

Los restantes planteamientos fueron desestimados en los términos de la sentencia.

Juicios Generales 108 y 113, acumulados — Declaratoria de vacante en una Junta Distrital del INE

¿Qué se impugnó?

Diversos actos relacionados con la destitución de una persona que ocupaba una Vocalía de Organización Electoral de una Junta Distrital Ejecutiva del INE, así como la incorporación de esa vacante al Concurso Público 2026 y la supuesta omisión de resolver el recurso de inconformidad correspondiente.

¿Qué resolvió la Sala?

Luego de su acumulación, sobreseyó el Juicio General 108 al haberse agotado el derecho de acción con la presentación del diverso Juicio General 113.

Respecto del fondo, determinó que no existía la omisión alegada, porque el plazo para resolver el recurso de inconformidad aún no había concluido, y confirmó la incorporación de la vacante al Concurso Público 2026, precisando que esa situación podría modificarse en caso de que la autoridad administrativa electoral determine que es fundo el recurso pendiente de resolver.

Juicio de la Ciudadanía 190 — Publicaciones en Facebook y VPG

¿Qué se impugnó?

La resolución del Tribunal Electoral del Estado de México que declaró inexistente violencia política contra las mujeres en razón de género derivada de diversas publicaciones realizadas en Facebook.

¿Qué resolvió la Sala?

Confirmó la resolución impugnada, al considerar que el Tribunal local realizó un estudio integral de los hechos y un análisis pormenorizado de las expresiones conforme a la metodología jurisprudencial aplicable para identificar VPG.

Juicio de la Ciudadanía 195 — Presentación electrónica de una queja partidista

¿Qué se impugnó?

El desechamiento de una queja realizado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por considerar incumplido el requisito de firma.

¿Qué resolvió la Sala?

Revocó el desechamiento, al considerar que la autoridad partidista realizó una interpretación restrictiva del requisito, sin valorar integralmente las condiciones en que se presentó la queja.

La Sala tomó en cuenta que mediante un mismo correo electrónico se remitieron dos escritos sustancialmente coincidentes, uno de ellos con firma digitalizada, y que existía una manifestación expresa de voluntad de acudir a la instancia partidista. Por ello, ordenó tener por satisfecho ese requisito y analizar los restantes presupuestos de procedencia.

Juicios Generales 116 y 117, acumulados — Procedimiento sancionador en Tezoyuca

¿Qué se impugnó?

Diversas resoluciones relacionadas con un procedimiento sancionador por posibles actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como con la negativa de conceder medidas cautelares.

¿Qué resolvió la Sala?

Revocó las resoluciones controvertidas para que el Instituto Electoral del Estado de México regularice el procedimiento y se pronuncie sobre pruebas solicitadas que no habían sido atendidas.

Asimismo, ordenó que, una vez realizadas esas diligencias, el Tribunal local analice nuevamente los elementos temporal y subjetivo de los posibles actos anticipados y se pronuncie sobre las demás infracciones denunciadas. También deberá resolver nuevamente, de no advertir alguna causa de improcedencia, los planteamientos relacionados con la negativa de medidas cautelares.

Juicio de Revisión Constitucional Electoral 12 — Bloques de competitividad

¿Qué se impugnó?

La sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México que modificó disposiciones del Reglamento para el registro de candidaturas a cargos de elección popular en esa entidad.

¿Qué resolvió la Sala?

Revocó parcialmente la resolución impugnada, al advertir falta de exhaustividad en el estudio de los planteamientos formulados respecto de los criterios para la conformación de los bloques de competitividad.

En consecuencia, ordenó emitir una nueva determinación respecto de la porción reglamentaria controvertida, conforme a los efectos establecidos en la sentencia.

Juicio General 121 — Registro de inmueble en padrón catastral

¿Qué se impugnó?

La resolución del Tribunal Electoral del Estado de México que se declaró incompetente para conocer de una controversia relacionada con la supuesta omisión de registrar un inmueble en el padrón catastral municipal.

¿Qué resolvió la Sala?

Confirmó la resolución controvertida, al considerar que la inscripción de inmuebles en el padrón catastral constituye una atribución de naturaleza administrativa del Ayuntamiento y, por tanto, es ajena a la materia electoral.

Recurso de Apelación 23 — Fiscalización de un partido político

¿Qué se impugnó?

Un acuerdo del Consejo General del INE mediante el cual se sancionó a un partido político por omitir reportar diversos comprobantes fiscales en el Sistema Integral de Fiscalización.

¿Qué resolvió la Sala?

Confirmó el acuerdo controvertido, al considerar que el INE sí tomó en cuenta la gravedad de la falta, el monto omitido y la capacidad económica del partido para individualizar la sanción.

Asimismo, determinó que el recurrente no controvirtió eficazmente las razones utilizadas para fijar el importe de la sanción.

Improcedencias y sobreseimientos

La Sala declaró improcedentes, según cada caso, los Juicios de la Ciudadanía 206, 207, 208, 210, 211 y 218, así como los Juicios Generales 110, 111, 114, 115 y 119.

Entre las causas actualizadas se encontraron la falta de competencia material de la jurisdicción electoral; ausencia de legitimación o interés jurídico; cambio de situación jurídica; falta de definitividad de actos intraprocesales; y falta de legitimación de autoridades que habían tenido el carácter de responsables en la instancia previa.

Respecto de los Juicios de la Ciudadanía 206, 207 y 208, la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez votó en contra del sobreseimiento. Consideró que las solicitudes de copias cuestionadas no podían analizarse como asuntos administrativos aislados, porque provenían de procedimientos sancionadores electorales en los que la promovente había sido reconocida como víctima de VPG y podían constituir instrumentos para ejercer posteriormente su defensa y acceder a otros medios de impugnación. Desde su perspectiva, existía una conexión suficiente con la tutela judicial de derechos político-electorales que justificaba estudiar el fondo.

El Magistrado Omar Hernández Esquivel sostuvo, en cambio, que los procedimientos sancionadores ya habían concluido y que las controversias posteriores sobre expedición de copias no incidían directamente en derechos político-electorales. Por ello, consideró que el origen electoral de los expedientes no otorgaba por sí mismo competencia a Sala Toluca y acompañó los sobreseimientos.

Por su parte, la Magistrada Presidenta Nereida Berenice Ávalos Vázquez votó en contra de las improcedencias de los JDC-211 y JG-110. En el primero, estimó que, atendiendo a la autoadscripción indígena del promovente, debía emitirse una decisión que le explicara claramente cuál era el acto definitivo susceptible de impugnación y preservara la oportunidad de controvertirlo.

En el JG-110 consideró que la imposición de multas personales derivadas de una determinación de incumplimiento actualizaba una excepción que permitía a las autoridades responsables acudir a juicio, pues cuestionar las razones del incumplimiento también podía incidir en la subsistencia de las sanciones.

Conforme lo expuesto, los JDC-206, 207 y 208 fueron resueltos por mayoría con el voto en contra de la Magistrada Fernández; mientras que el JDC-211 y el JG-110, también fueron resueltos por mayoría, con el voto en contra de la Magistrada Presidenta. Ambas anunciaron la emisión de votos particulares.

Las restantes improcedencias fueron aprobadas por unanimidad.