Juez Federal otorga amparo a Martha Zepeda por violación a sus derechos humanos, cometidos por Fiscal Bryant Alejandro García

La justicia federal concedió un amparo a la regidora de Movimiento Ciudadano, Martha Zepeda Del Toro, dentro del expediente 1508/2023-II, en contra de actos del fiscal general de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez; del exfiscal anticorrupción, Mario Ochoa García, y del exdiputado local, Rubén Romo, por violar sus derechos humanos y la presunción de inocencia.

Del Toro, denunció declaraciones y manifestaciones realizadas por autoridades a través de medios digitales y redes sociales que afectaron su honor, dignidad y presunción de inocencia. Se solicitó también la prohibición de nuevas declaraciones en su contra.

El tribunal determinó la existencia de los actos reclamados y reconoció que las autoridades responsables no acreditaron la veracidad de la información difundida. Se constató que la información difundida incluía juicios subjetivos y valoraciones personales que no tenían como fin informar a la sociedad, sino afectar la reputación de la quejosa.

“Sino que, por el contrario, utilizaron su figura pública para difundir información que no es veraz respecto de la persona quejosa, vulnerando su derecho al honor y a la privacidad; por tanto, se determina que son fundados los conceptos de violación que se analizan”, se establece en el expediente.

A través de su cuenta de Facebook la regidora del ayuntamiento de Manzanillo señaló que:

“El Juzgado de Distrito me reconoció, amparó y protegió por el daño a mi honor, a mi dignidad y al principio de presunción de inocencia como víctima, estableciendo que el fiscal Bryant García y otros funcionarios violaron mis derechos. Aun así, con la justicia de nuestro lado, siguen fabricando acusaciones falsas. Esto es lo que sucede a la oposición en Colima: por querer un mejor estado, nos enfrentamos a la maquinaria del gobierno. Espero que algún día esta administración deje de utilizar las instituciones públicas para perseguir a sus adversarios políticos.”

Este fallo marca un precedente importante en la protección de los derechos humanos, reafirmando que la libertad de expresión y la difusión de información deben ejercerse de manera responsable, sin afectar el honor y la dignidad de las personas.