Exige COPARMEX a diputados corregir la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado, pone en riesgo la certeza jurídica en México

* COPARMEX exige a la Cámara de Diputados revisar la reforma a la Ley de Amparo, pues pone en riesgo la certeza jurídica en México.

* La reforma aprobada en el Senado vulnera la operación de las empresas, al restringir la suspensión del acto reclamado y dificultar la defensa ante créditos fiscales y bloqueos de cuentas.

Desde Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) demandamos respetuosamente a las y los Diputados Federales revisar con responsabilidad la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado, pues su contenido representa un grave retroceso en materia de justicia constitucional y vulnera la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las empresas en México.

Durante más de un siglo, el juicio de amparo ha sido el mayor aporte de nuestro país al constitucionalismo en el mundo. Este instrumento ha protegido la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de millones de personas, siendo un pilar esencial del Estado de Derecho y una garantía para la vida democrática y económica de la nación. Modificarlo sin un análisis técnico, incluyente y responsable, pone en riesgo su eficacia como herramienta de equilibrio entre la autoridad y la sociedad.

Reconocemos que la reforma contempla sanciones para las autoridades que incumplan sentencias y la incorporación de elementos de colectividad en el interés legítimo. Sin embargo, los riesgos persisten, ya que la suspensión del acto reclamado continúa siendo rígida. En materia fiscal y de bloqueo de cuentas bancarias, se limita este mecanismo de salvaguarda, afectando la operación de miles de empresas. Además, los créditos fiscales firmes y prescritos serán prácticamente imposibles de impugnar. 

También advertimos que la exigencia de garantizar créditos exclusivamente mediante depósitos en efectivo o cartas de crédito excluye a la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el corazón de nuestra economía. Nos inquieta especialmente la incorporación de un artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva de la reforma, afectando juicios que se encuentran en trámite. Este cambio vulnera la certeza jurídica y rompe con principios constitucionales básicos, entre ellos el artículo 14 constitucional. 

De aprobarse esta reforma sin correcciones de fondo, México enviaría una señal negativa a inversionistas nacionales y extranjeros. La confianza en las instituciones y la certidumbre legal son condiciones indispensables para atraer capital, generar empleo y mantener la estabilidad económica. Además, un debilitamiento del marco jurídico mandaría un mensaje de desconfianza internacional que podría complicar las negociaciones y revisiones del T-MEC, afectando la posición de México frente a sus principales socios comerciales. 

En respaldo a esta postura, los 71 Centros Empresariales que conforman la COPARMEX en todo el país enviaron cartas a las y los Senadores, aclarando nuestro desacuerdo por los efectos de esta reforma en la vida económica y jurídica del país. Adicionalmente, en congruencia con esa acción, COPARMEX ha enviado cartas formales a las y los Diputados Federales, en las que se expone con detalle el impacto que las modificaciones a la Ley de Amparo tendrían sobre la operación de las empresas y sobre la defensa de los derechos fundamentales.

Reiteramos nuestra disposición a participar en un diálogo amplio y plural que permita construir un marco jurídico equilibrado, moderno y justo. Estamos convencidos de que una reforma de esta magnitud debe fortalecerse mediante la escucha a la academia, la sociedad civil, los colegios de abogados y el sector productivo, para que realmente responda a las necesidades del país.

Exhortamos a las y los integrantes de la Cámara de Diputados a actuar con visión de Estado, a corregir las deficiencias de la minuta y a defender los principios que han hecho de México una nación libre, justa y con instituciones sólidas. El amparo no debe debilitarse; debe preservarse como el escudo que garantiza que ninguna autoridad esté por encima de la ley.