Desplegará COPARMEX observación ciudadana ante elección judicial que pone en riesgo la certeza jurídica, el desarrollo económico y la democracia

* Por considerar el tema relevante para nuestra Confederación, les reenviamos nuestro posicionamiento.

Introducción: Una reforma judicial sin garantías democráticas.

El próximo 1 de junio, más de 800 cargos judiciales estarán en juego en un proceso sin precedentes que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. Esta elección es histórica por su magnitud y los riesgos que implica.

Lo que debería ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte, transparente y profesional, ha derivado en un proceso opaco, improvisado y manipulado. Hoy estamos ante una elección que no fue planeada para mejorar la impartición de justicia; Fue diseñado para controlar al Poder Judicial. El resultado de este ejercicio será un sistema debilitado, expuesto a intereses partidistas y del crimen organizado.

El desarrollo y preparación de este proceso ha puesto en evidencia Múltiples deficiencias que generan inquietudes sobre su legalidad, imparcialidad y transparencia. La fragilidad que rodea al nuevo sistema de justicia no es producto del azar sino resultado de una reforma mal diseñada y apresurada. La ausencia de criterios técnicos claros, la improvisación del proceso electivo y la falta de un diagnóstico serio previo, han derivado en un modelo débil, permeable a intereses políticos y vulnerable a la desconfianza ciudadana. Lo que está en juego no es solo quién juzgará sino cómo se impartirá justicia en nuestro país.

La elección judicial, en lugar de haber concebido como un mecanismo para fortalecer las instituciones de justicia, ha sido utilizada como una herramienta política. Desde su origen anunciamos que la reforma no partió de un diagnóstico técnico de mejora institucional, sino que fue configurada bajo la lógica de control. En lugar de garantizar un sistema más independiente y profesional, se impulsó una reconfiguración que prioriza la lealtad sobre la idoneidad, debilitando los contrapesos y comprometiendo la imparcialidad del Poder Judicial.

Desde hace más de 30 años, en COPARMEX hemos impulsado la participación ciudadana como un pilar democrático. Hoy, a pocos días de esta elección, alzamos la voz ante un proceso que no fue consensuado con las distintas fuerzas políticas, ha abandonado la imparcialidad, la transparencia y la técnica, y que está siendo utilizado como herramienta política y no como mecanismo de fortalecimiento institucional.

Nos encontramos frente a un momento decisivo. Observamos y señalamos las deficiencias de las diversas etapas que integran el proceso electoral del Poder Judicial con las herramientas ciudadanas que nos quedan, o dejamos que la justicia en México quede sujeta a intereses ajenos a la justicia. La elección está cerca y tenemos la posibilidad de revertir esta reforma con la observación ciudadana para registrar irregularidades, inconsistencias y errores.

Irregularidades que comprometen la independencia judicial.

El proceso que estamos presenciando no se limita a una elección más. Las campañas por cargos judiciales han adoptado prácticas propias de la política partidista, alejándose de la evaluación técnica y de méritos. Se han registrado estrategias populistas centradas en “legitimidad popular”, dejando de lado la trayectoria, formación y criterios jurídicos de quienes aspiran a ser juezas, jueces y magistraturas. Reconocemos excepciones con candidaturas que sí cumplen con los perfiles deseados para personas juzgadoras, sin embargo, una gran cantidad de candidaturas no cubren los requisitos.

Estas prácticas no solo erosionan la credibilidad del proceso, también socavan la confianza ciudadana en la impartición de justicia. La independencia judicial no puede depender de simpatías electorales ni de lealtades políticas. La justicia no se elige por aplausos, no es un concurso de popularidad; se construye con autonomía, formación, conocimiento y vocación de servicio.

Además se añade la imposibilidad real de que la ciudadanía conozca adecuadamente a las personas candidatas. No se ha garantizado un proceso transparente de difusión de perfiles, trayectorias ni propuestas. La falta de información pública, estructurada y confiable impide ejercer un voto razonado. Sin criterios claros ni evaluaciones técnicas disponibles, los electores se enfrentan a una boleta llena de nombres sin rostro ni contexto. Esta opacidad no es menor: imposibilita el escrutinio público y convierte el voto en un acto desinformado que, lejos de fortalecer al Poder Judicial, lo deslegitima desde su origen.

A esto se suma un entorno marcado por la opacidad y la violación del marco jurídico. La falta de reglas claras, la improvisación en las etapas del proceso y la intervención de actores políticos ajenos al Poder Judicial, configuran un escenario profundamente alarmante. No se trata de observaciones menores: se trata de una alteración estructural al funcionamiento del Estado de derecho.

La vigilancia ciudadana: último bastión democrático.

Ante la desinstitucionalización progresiva que estamos presenciando, la participación activa de la sociedad civil es hoy más urgente que nunca. La observación electoral no es un trámite, es una forma de resistencia democrática frente al autoritarismo. Documentar, visibilizar y denunciar las irregularidades del proceso judicial representa el último dique frente a su captura por intereses ajenos a la legalidad.

La elección judicial no debe convertirse en un teatro electoral que sirva a propósitos políticos de corto plazo. Lo contrario: lo que está en juego no es solo la legitimidad de los nuevos ministros, jueces y magistrados, sino la capacidad del país de garantizar justicia imparcial para todas las personas.

Observadores ciudadanos: presencia estratégica en el país.

Reconociendo la gravedad del contexto, hemos desplegado una estrategia nacional de observación. Más de 215 personas observadoras, registradas y capacitadas formalmente ante el Instituto Nacional Electoral, forman parte de nuestro esfuerzo coordinado para vigilar este proceso. Esta red cubre el 60,6% de los distritos electorales federales, lo que representa más del 65% del territorio nacional.

Conscientes de que este proceso judicial electoral incluye elecciones en 19 estados del país, hemos prestado particular atención a entidades como Veracruz y Durango, donde coinciden procesos distintos sin garantías de orden ni claridad. Esta mezcla institucional atenta contra la calidad democrática del proceso genera confusión en el electorado y abre la puerta a múltiples formas de manipulación política.

Como antecedente inmediato, en el proceso electoral de 2018, se registraron poco más de 38 mil personas observadoras. Hoy, esa cifra se ha multiplicado de forma inédita: se han presentado 316 mil 498 solicitudes, un incremento del 732,89%. Sin embargo, apenas 139 mil 538 han sido acreditadas. Más aún, 48 mil 360 solicitudes fueron rechazadas por estar vinculados a partidos políticos, programas sociales o candidaturas, lo que demuestra el intento de ciertos actores de infiltrarse en la observación ciudadana, desvirtuándola.

Estos datos no pueden ser ignorados. Nos alertan sobre la necesidad de defender la observación electoral como una herramienta legítima, neutral y profesional.

Postura COPARMEX: Defensor al Poder Judicial es defensor a México.

La ciudadanía debe ser el contrapeso que esta elección no está garantizada.

Desde COPARMEX afirmamos con claridad: esta elección judicial no cumple con los requisitos de una verdadera reforma. No garantiza independencia, ni profesionalización, ni certeza. Por el contrario, abre la puerta a la captura del Poder Judicial y genera incertidumbre económica y jurídica para todo el país.

Frente a ello, no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Continuaremos desplegando observadores, documentando irregularidades y denunciando todo intento de manipulación. Nuestra exigencia es puntual: que cada cargo judicial sea ocupado por personas con conocimientos, méritos y compromiso constitucional.

En este contexto, la observación ciudadana es el último dique frente al debilitamiento de la justicia. Reafirmamos que la legalidad no se vota, se defiende. La imparcialidad no se negocia, se protege.

Hoy, más que nunca, hacemos un llamado contundente: la sociedad debe asumir el papel que el proceso institucional ha dejado vacío. Defender al Poder Judicial es defensor de la democracia, la economía y el futuro de México.