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Congreso de Colima aprueba otorgar derechos a personas Afromexicanas

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    Boletín
  • 1 ago 2019
  • 2 Min. de lectura

El Congreso del Estado de Colima aprobó por unanimidad la minuta envidad por la Cámara de Diputados Federal en la que se adiciona el Apartado C del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas.


Con esta modificación a la carta magna se pretende incorporar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento a la población mexicana que desciende de los pueblos originarios del continente africano.


El Diputado Arturo García Arias comentó que la población Afromexicana representa la Tercera Raíz de nuestra Nación, por ello, es urgente el reconocimiento de sus derechos humanos, de su visualización y establecimiento de las garantías necesarias para su ejercicio.


Agregó que es necesario eliminar todo acto de discriminación contra la población Afromexicana, pues aún se les sigue discriminando por sus costumbres y por sus rasgos físicos, lo que atenta contra sus derechos elementales.


Además dijo que es urgente su reconocimiento constitucional, para alcanzar una igualdad de oportunidades y sancionar las manifestaciones discriminatorias en su contra, a las que esta población se enfrenta por su origen étnico o racial.


García Arias, expuso que las personas afromexicanas, constituyen una parte importante de la población mexicana, representan el 1.16% del total de los habitantes del país, quienes, por su condición étnica, sufren del menoscabo de derechos humanos, principalmente por la discriminación que sufren por su color de piel u origen étnico.


Así mismo comentó que todavía existen restricciones sociales para la celebración de matrimonios fuera de la comunidad; además de la segregación pública y privada, la falta de apoyos en materia de vivienda y educación, de acceso a los espacios públicos, lugares de culto y fuentes de alimentos y agua de uso público; la limitación de la libertad para rechazar ocupaciones hereditarias o trabajos degradantes o peligrosos; la sujeción a servidumbre por deudas; la sujeción a aseveraciones deshumanizantes y la falta generalizada de respeto a su dignidad e igualdad como seres humanos.


La iniciativa fue presentada por la senadora Susana Harp Iturribarría y su homólgo Martí Batres Guadarrama, el pasado 18 de octubre, la cual fue aprobada y turnada a la Cámara de Diputados para su estudio, siendo ratificada y enviada a los 31 Congresos locales para su dictaminación.

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