Gobernador deberá rendir cuentas de los 200 mdp que pidió para la comprar la exzona Militar

El Congreso del Estado de Colima aprobó el punto de acuerdo para que el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez comparezca ante la LIX Legislatura a informar sobre el crédito por 410 millones de pesos y explique de manera detallada el destino que se dio a estos recursos; así como exhortar a la titular de Osafig a fin de realizar la revisión del destino de dicho endeudamiento.

El Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, Vladimir Parra Barragán, en conjunto con el Diputado Julio Anguiano Urbina, presentaron la iniciativa de acuerdo para que se informe de parte del titular del Poder Ejecutivo ante esta Soberanía el jueves 16 de mayo a las 9 de la mañana.

Aunado a esto también le hicieron un exhorto a la titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, Indira Isabel García Pérez, para que se realice una revisión e informe al poder legislativo sobre el Decreto 617.

Anguiano Urbina comentó que lo anterior se debe a que en los últimos días ha circulado en diferentes medios de comunicación, donde destacan que se destinaron 200 millones de pesos para la adquisición de los terrenos donde se ubicaba la Vigésima Zona Militar, en la Calzada Galván.

Sin embargo, dijo Parra Barragán, el Diario Oficial de la Federación del 26 de noviembre de 2018 se da a conocer que el día 7 del mismo mes y año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, a través de Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, desincorporó y donó a favor del Gobierno del Estado de Colima el predio antes mencionado.

Vladimir Parra agregó que es importante señalar la urgencia con la que Ignacio Peralta solicitó el endeudamiento, a pagar en los próximos 20 años, con el fin de que la actual legislatura no conociera del asunto.

Finalmente los legisladores morenistas expusieron que de acuerdo con el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, adquirió el mismo día que fue aprobado el Decreto 617, lo cual pudiera constituir una ilegalidad, al contratar un financiamiento que, si bien estaba aprobado, el Decreto aun no entraba en vigor.