Colima aprueba que Congreso de la Unión expida la Ley General de Seguridad Privada

*Por el crecimiento de esos servicios, se superó la capacidad del estado para una debida regulación

El Congreso del Estado de Colima se sumó a la aprobación de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada, a fin de que el Congreso de la Unión pueda expedir la Ley General de Seguridad Privada.

La secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión remitió el oficio sobre la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se adiciona una fracción XXIII BIS al artículo 73 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Seguridad Privada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

La argumentación que se dio estriba en que la industria de la seguridad privada creció de manera acelerada en la última década, por lo que se ha superado la capacidad del estado mexicano para regularla.

Se indicó que por el alto índice de inseguridad que se vive en nuestro país, ha existido la necesidad de contratar empresas o personas con conocimientos especializados para la prestación del servicio de seguridad privada en condominios, fraccionamientos y zonas residenciales, “esto tuvo un aumento de 20% en el ejercicio fiscal 2019”.

En la exposición de motivos, se refirió que la Agrupación Seguridad Unidos por México (Asume) señaló que en el ejercicio fiscal 2019, 600 mil personas se desempeñaban en seguridad privada, de ellas, la cuarta parte se encontraba en inmuebles habitacionales y las demás en instituciones públicas y privadas como bancos, aeropuertos, aduanas, empresas, traslados de valores, entre otros; “un tercio de los elementos que laboran en empresas de seguridad privada lo hacen en la informalidad, por lo que es necesario avanzar en la profesionalización, regionalización y cobertura del sector”.

Agregó que en el país existen 6 mil empresas que no tienen permiso, no cuidan sus procesos, y tienen un número desconocido de trabajadores que desempeñan una labor sin capacitación y que pueden incurrir en la comisión de un ilícito.

En este contexto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2017, realizada por el INEGI, 7 de cada 10 grandes empresas se vieron en la necesidad de contratar servicios de seguridad privada, por lo que dichas sociedades tuvieron que destinar entre 5% y 8% de su gasto operativo para resguardar a su personal, proteger mercancías e información.

Es por ello por lo que la referida reforma constitucional otorgará las facultades para crear el marco normativo que atienda las necesidades actuales, proponiendo la emisión de una legislación única, que propicie el mejoramiento de los servicios de seguridad privada en beneficio de quienes hagan uso de esos servicios.