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Aprueban diputados del PRI nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares



PRI APROBÓ NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES PARA UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA


* El CEN del tricolor destacó que luego de 80 años, las entidades federativas tendrán una sola codificación, en la que se privilegia la igualdad y el respeto a los derechos humanos en todos los procesos.


* El nuevo marco jurídico incluye principios rectores, como el interés superior de la infancia, la perspectiva de género, y se brinda atención a grupos vulnerables, subrayó la dirigencia nacional.


La aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que contó con el voto de los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados, permitirá el acceso a una justicia pronta y expedita a las y los mexicanos, afirmó la dirigencia nacional del tricolor, encabezada por el Presidente Alejandro Moreno.


El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político consideró que el de hoy es un día histórico para la impartición de justicia en México, por lo que expresó su reconocimiento a los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara Baja, y a su Coordinador, Rubén Moreira.


La dirigencia nacional del tricolor destacó que después de más de 80 años, ahora se podrá tener una sola codificación para las entidades federativas.


En ese contexto, el CEN del PRI sostuvo que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares otorga prioridad a la igualdad y al respeto a los derechos humanos en todos los procesos, además de que se reconoce la capacidad jurídica de todas las personas.


Mencionó que en el nuevo marco jurídico se incluyen principios rectores, como el interés superior de la infancia, la perspectiva de género, y se brinda atención a grupos vulnerables.


Incluso, agregó el CEN del tricolor, al adecuar la legislación a los tiempos actuales, se adopta la justicia digital, a fin de promover procesos más eficientes y transparentes.


La dirigencia nacional priista subrayó la necesidad de que los tribunales locales consideren un presupuesto suficiente para destinarlo a la capacitación, infraestructura, y operatividad, de tal manera que permita estén en condiciones de hacer realidad la aplicación del nuevo código a partir del 1 de abril de 2027.

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