Piden a la ASF investigue irregularidades cometidas por la SCT en prórrogas otorgadas a la Caseta de


El Congreso del Estado exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue las irregularidades cometidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que violentando la Ley de Vías Generales de Comunicación expidió las prórrogas de concesión del tramo carretero Armería-Manzanillo.


A iniciativa del Diputado Nabor Ochoa López, la Legislatura consideró necesaria una investigación y la instauración de procedimientos de responsabilidad a cada uno de los secretarios de Comunicaciones y Transportes que expidieron las ampliaciones a la vigencia del título original de concesión.


Todos los titilares de la SCT, desde 1990 hasta 2011, otorgaron las prórrogas al título de concesión irregularmente, por lo que “es obvio que incurrieron en responsabilidad al realizar conductas indebidas en perjuicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del propio pueblo de Colima”.


En ese sentido, por unanimidad el Congreso del Estado pidió a la ASF investigue la actuación de quienes fueron titulares de la SCT y a quien o quienes corresponda desde el año 1990 hasta 2018 y tome en consideración una denuncia de hechos presentada ante ese órgano fiscalizador por las irregularidades administrativas.


El exhorto es para que se instauren procedimientos de responsabilidad a los funcionarios de la administración de Andrés Caso Lombardo, quien en enero de 1990 era titular de la SCT y en esa fecha se otorgó la concesión a la persona moral denominada “Promotora de Autopistas del Pacífico S.A. de C.V.”


La SCT con Caso Lombardo, fallecido en el año 2008, celebró el 17 de diciembre de 1992 un adéndum al contrato de concesión, ampliando al plazo de vigencia de la misma por un lapso de 14 años contados a partir del 09 de noviembre de 1990.


El 31 de mayo de 1994, la SCT, por conducto de su titular Emilio Gamboa Patrón, autorizó una segunda ampliación por un término de 24 años 7 meses, a partir del 9 de noviembre de 1990.


Para el 3 de febrero de 2006 se otorgó otra modificación al título de concesión, mediante el cual Pedro Cerisola y Weber, como titular de la SCT, autorizó una ampliación del plazo de vigencia de la concesión por un término de 30 años, contados a partir del día 09 de noviembre de 1990.


El 19 de noviembre de 2010 se celebró una modificación más al título de concesión, mediante el cual la SCT, por conducto de su titular Juan Francisco Molinar Horcasitas, reconoció que a la concesionaria le faltaban por recuperar la mil 730 millones 641 mil 884 pesos, así como un cargo adicional por la cantidad de 400 millones de pesos.


Esos 400 millones de pesos se desprenden de que el 15 de marzo de 1990 la SCT otorgó a Autopistas Concesionadas del Altiplano (AUCAL), la concesión para construir, explotar y conservar el subtramo de 22 kilómetros de San Martín Texmelucan-Tlaxcala.


Esa concesión presentó problemas que afectaron su desarrollo normal, por lo que la SCT resolvió retirar los derechos a AUCAL y los cedió a la misma concesionaria que tiene los derechos en la caseta de Cuyutlán.


Por esos derechos la operadora de Cuyutlán entregó a AUCAL un monto de mil millones de pesos como contraprestación por las referidas cesiones.


Aunque Molinar Horcasitas falleció el 20 de mayo de 2015, el Congreso consideró que debe investigarse a quien o a quienes resulten responsables de las irregularidades administrativas en las que hubieran incurrido funcionarios de la SCT cuando él estuvo al frente de la dependencia.


El 25 de febrero de 2011, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, titular de la SCT, le otorgó el derecho de solicitar una prórroga hasta por 30 años más al concesionario de la caseta de Cuyutlán, para que el periodo de la concesión feneciera hasta el 9 de febrero de 2050.


En cuanto al actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se pide a la ASF instaure el procedimiento de responsabilidad, pues no obstante las irregularidades administrativas en el otorgamiento de las ampliaciones de la concesión, no ha procedido a declarar su nulidad, solapando ilicitudes contra el pueblo de Colima.



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