Ágora


La importancia del ejercicio del poder en una democracia

Yo no sé los demás, pero personalmente creo que ya va siendo tiempo de pasar de lo liberador que puede ser denunciar públicamente, –en redes sociales y otros medios–, arbitrariedades y usos perversos de la autoridad por parte de políticos y funcionarios, a la utilidad de exigir que estas mismas querellas, se resuelvan institucionalmente con efectos jurídicamente vinculantes. De otro modo, por mucho que se diga, (lo mismo para acusar, que para defender), será poco o nulo lo que se consiga en términos de resarcir el daño al interés de la ciudadanía cuando se abusa de la autoridad.

La existencia de autoridades elegidas de forma legal, que pese a llegar democráticamente al poder, abusen de su posición para enriquecerse y conseguir privilegios personales de todo tipo. Es una cuestión que no se va frenar, ni mucho menos a revertir. o erradicar por más indignación que la situación genere, hasta que no se haga clara y efectiva presión sobre los agentes responsables.

Ello exige mucho más que rasgarnos las vestiduras y jugar a los denunciantes en redes. Promoviendo la necesidad de legislar en la materia, para cerrar cualquier espacio de discrecionalidad y o complicidad entre las instancias responsables de vigilar el cabal cumplimiento de nuestros intereses como ciudadanos, frente a los numerosos poderes facticos que comprometen la posibilidad de construir una sociedad más equilibrada. Lo que va necesariamente, desde ventilar (públicamente); hasta denunciar (en tiempo y forma); y procesar (jurídicamente); así como legislar (superando nuestras diferencias), con una idea común: democracia también es legalidad y transparencia.

Para el caso de las propias autoridades, resolver o no este intrincado enmarañar de contubernios, complicidades y o discrecionalidades, con el que rutinariamente se asocia lo público, exige por principio de cuentas, dejar de ser juez y parte en todos y cada uno de los episodios de abuso de autoridad, y conflictos de interés, que ponen en entredicho la legitimidad de nuestras propias instancias de gobierno. De otro modo, si no se hiciere nada al respecto, mañana podríamos arrepentirnos, de hecho, diera la impresión de que cada vez son más los que considerando los numerosos excesos de nuestras autoridades que rutinariamente se ventilan, llegan a verse en la tentación de creer justificada la ejecución de soluciones fuera de los cauces institucionales.

En ese sentido, nunca será suficiente –por más buena voluntad que tenga–, con establecer pactos nacionales, comisiones de la verdad y o fiscales anticorrupción para supeditar la imparcialidad de lo público, si no se corrige antes las numerosas fallas estructurales que desde hace décadas arrastramos en la materia, como herencia de un sistema autoritario que desde siempre, cerró cualquier posibilidad de construir instituciones legales efectivas, bajo la justificación de procurar condiciones de desarrollo material, lo suficientemente amplias para corregir las disparidades ocasionadas por el régimen político al que remplazó. ¿Su lógica? Sacrificar libertades políticas y garantías de legalidad efectiva, en aras de propiciar una redistribución económica que disminuyera los efectos perversos, que el paso del liberalismo republicano porfirista, dejara tras décadas de concentrar el poder.

De hecho, tendrían que pasar décadas, para ver cambios al respecto; primero con la implementación de mecanismos de representación proporcional, que contrarrestaran la formación de gobiernos con lógicas de suma cero, donde los vencedores se lo llevaban todo, y los perdedores no tenían siquiera, opción de hacerse oír; posteriormente, con una ampliación del sistema de partidos, que garantizó la pluralidad de posiciones ideológicas. Misma que devino –hacía el fin del Siglo XX–, en la creación de instancias independientes para la organización de las elecciones, así como en el establecimiento de condiciones presupuestarias más equilibradas para los partidos políticos.

¿Qué ha quedado pendiente para que ninguna de estas medidas haya puesto fin a la trepidante discrecionalidad con la que históricamente se ha gobernado este país? Por importantes que hayan sido, ninguno de los cambios anteriormente señalados, ha tocado el más acuciante de nuestros problemas públicos, a saber: el efecto que sobre una sociedad tiene que sus gobiernos puedan ejercer el poder sin restricción alguna.

Si buscamos que nuestra democracia mantenga una mínima posibilidad de seguir siendo considerada como tal, es necesario pensar y trabajar de lleno, sobre las implicaciones jurídico administrativas de la misma. Porque para lograr una democracia de calidad, no basta con garantizar la existencia de instituciones que nos permitan acceder de forma regular al poder, así sea a través de elecciones libres, justas y competitivas. Antes bien, se vuelve imperativo garantizar la imparcialidad de las instancias legales encargadas de regular el propio funcionamiento del Estado, de otra manera, por mucho que se elija libremente a quienes nos han de gobernar, difícilmente quienes accedan al poder, tendrán razones para ejercer su autoridad sin abuso, a no ser que se les exija por medio de mecanismos jurídicamente vinculantes.

De últimas, resulta importantísimo tener en claro que si nuestro papel como ciudadanos se valora en su justa medida, es necesario que salgamos ya, de las coordenadas del disgusto, y entremos de lleno, a las de presionar con orden y unidad, para implementar los cambios necesarios que reviertan el abuso de autoridad.


*Ensayista y activista mexicano. Entre la gama de intereses académicos que manejo, se hallan los estudios sobre democratización y cambio de régimen en América Latina, así como cuestiones alusivas a la calidad de la democracia.

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