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Ágora: ¿El fin justifica los medios? O lo mismo de siempre

¿El fin justifica los medios? O lo mismo de siempre.

 

Por: Emanuel del Toro.

 

Como no podía ser de otro modo, la reforma judicial ha terminado aprobándose presionando para ello la posición inicial de un miembro de la oposición. Semejante desenlace no sorprende a nadie, después de todo, la presión que el Ejecutivo ejerció para conseguirlo, no dejo margen a ninguna maniobra alternativa. Lo cual resulta toda una ironía si se tiene en cuenta que se ha terminado consiguiendo los votos necesarios, echando mano de un recurso que resulta todo un contrasentido para una reforma cuyo cometido es mejorar la impartición de justicia y la legalidad misma. 

 

Según se sabe, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y el ex secretario de Gobernación de AMLO, Adán Augusto López, se habrían reunido el viernes pasado, para concertar un cambio de posicones. Reunión tras la cual, el otrora legislador de oposición, perteneciente a la bancada del PAN, decidió dejar de responder a los correligionarios de su partido, cambiando este martes el sentido de su voto, para pasar de opositor a la reforma, a impulsor de la misma.

 

Lo cual resulta todo un contrasentido si se pone en perspectiva que se trata de uno de los exponentes más desprestigiados de la política nacional y justo representante de ese legado de corrupción e impunidad a la que Morena dice oponerse. La cosa es que ya fuera por oportunismo o vulnerabilidad, la llamada 4T sigue haciendo gala de recurrir a cualquier cosa con tal de salirse con la suya, así sea tenerse que terminar apoyando –por decirlo de algún modo–, en lo peor de lo peor posible. Para el caso, no hay principios ni congruencia que valga, muy a lo real politik, el fin justifica los medios y se acabó.

 

En tales condiciones, lo de menos es decir que el proceder del senador deja mucho que desear para la propia oposición, pero no es para novedad alguna en una clase política que hace décadas no conoce lo que es el más mínimo atisbo de congruencia. Una inercia de la que no se escapa ninguna fuerza política en el país, porque aquí como siempre ha sucedido, lo que prevalece es la imposición del interés del Ejecutivo, tal y como acontecía en los tiempos del viejo régimen priista, en la que la voluntad del Presidente terminaba doblegando cualquier atisbo de disidencia u oposición. En tanto que del lado del gobierno en turno, el viejo presidencialismo se encuentra hoy más vivo que nunca.

 

Sin embargo, más allá de lo evidente en términos de la cero congruencia del legislador, como de la ausencia de pudor del propio Presidente para imponerse, el detalle escabroso sobreviene, por el presunto uso faccioso del poder que la susodicha reunión implicó. El punto está en que de acuerdo a versiones publicadas en distintos medios, testigos presenciales de la reunión, afirman que Adán Augusto López habría ofrecido eliminar las averiguaciones penales que pesaban en contra del propio senador y algunos miembros más de su familia. Una negoción del estilo supondría una clara usurpación de funciones sobre la fiscalía del gobierno de Veracruz, por no hablar también de un uso fuera de toda legalidad de influencias y/o presiones del grupo en el poder, para conseguir sus fines políticos.  

 

Como no podía ser de otra manera, la propia respuesta del Ejecutivo ante el escándalo de lo presuntamente ocurrido, no se hizo esperar. Dos fueron a saber sus más que endebles respuestas; la primera –presuntamente la más inverosímil–, pretendió situarse en torno a que ninguno  de los correligionarios de Morena sería capaz de semejante proceder; la segunda, esbozada a modo de rectificación, –acaso consciente de lo poco o nada creíble de tal argumento–, resolvió al más puro estilo del pragmatismo duro, que lo que se haya hecho, se lo hizo siempre buscando un bien mayor, o lo que es lo mismo: el fin justifica los medios. Es decir a incurrir en un manejo faccioso y/o tendencioso de la ley y el poder del Estado, como instrumento o  recurso para salvaguardar la propia legalidad. 

 

Nada nuevo bajo el sol, al final la reforma judicial, ideada en teoría para corregir los vicios de la impartición de justicia en el país, se ha terminado aprobando con un gobierno que en aras de conseguir lo que quiera que el Ejecutivo ordene, es capaz de negociar lo que sea, y al costo que sea, y es así, porque Morena es sencillamente el viejo PRI, y lo que es peor, está más vivo que nunca. Lo que es más, ha llegado para quedarse y muy a pesar de todos, no tiene para cuando irse. Lo cual es bastante sombrío, tanto por el modo en el que se ha conseguido la aprobación de la reforma, como por las implicaciones prácticas que la misma terminará teniendo sobre la independencia del Poder Judicial.

 

Lo menos por decir al respecto, es que lo que mal inicia, peor termina. Comenzar la corrección de los numerosos vicios que suelen caracterizar la impartición de justicia, echando mano para ello de una flagrante violación a la propia legalidad, no es en lo absoluto un buen comienzo. Si a ello se agrega que la reforma sólo habrá de poner en entredicho la ya de por sí maltrecha independencia del Poder Judicial, no es de extrañar que de a poco se empiezan a levantar las voces que advierten respecto a la posibilidad del inicio de una regresión autoritaria. Y no es para menos considerarlo de ese modo, porque hoy por hoy la totalidad el aparato estatal amenaza con quedar en manos de un solo partido.

 

El punto es que tal y como ocurriera en los tiempos de la hegemonía priista, hoy Morena va en ciernes de terminar controlándolo todo, y ya se sabe que un gobierno sin el más mínimo freno, por muy democrático que se considere en su origen, termina tarde que temprano convertido en una autocracia. Nada bueno ha de salir semejante orden de relaciones. Resulta toda una ironía que el Poder Judicial termine perdiendo su autonomía en el llamado mes de la independencia.


 Desde luego, quizá todavía sea pronto para decir que es lo que realmente termine ocurriendo, pero si se tiene en cuenta cómo y de qué manera es que se dio la erosión de numerosos regímenes democráticos en el continente, la pérdida de autonomía del Poder Judicial y su supeditación a mecanismos social populares, pero que enturbian su constitución como órgano de justicia, no puede dejar indiferente a nadie. Por lo pronto, así como va comenzando todo, nada bueno se puede esperar de una reforma judicial que nace sobrepasando la propia ley. 

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